Kicillof se aferra a las subas paritarias para evitar una situación conflictiva como la de Misiones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue con atención lo que sucede en Misiones donde policías, docentes, médicos y demás sectores llevan a cabo una serie de medidas de fuerzas con cortes de ruta y acampes en distintos puntos de la ciudad de Posada, que tienen en jaque a la administración de Hugo Passalacqua. Lo encadenan con el proceso de desfinanciamiento que el gobierno nacional aplica hacia las provincias y advierten que en el caso de Buenos Aires, los acuerdos y negociaciones paritarias que trazaron con los sectores de la administración pública clausuran un efecto contagio.

“Es una situación particular de Misiones, pero que tiene que ver con la asfixia financiera que le propina el gobierno nacional”, aseguró el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario que hace las veces de vocero de la administración de Axel Kicillof recordó que en Buenos Aires “estamos llevando adelante una política mensual de paritaria en donde en los cinco meses que hemos pasado del año hemos cerrado paritarias con la aprobación de todos los sindicatos tratando de seguir lo más fielmente el problema inflacionario para que nuestros trabajadores no pierdan poder adquisitivo”.

Bianco planteó que la situación de Misiones ya se evidenció en otras provincias y que se relaciona directamente con la política del ajuste de transferencias no automáticas que el gobierno nacional aplicó en la primera parte de su gestión con impacto directo en la estructura financiera de las provincias. “Si la asfixia que están llevando adelante con las provincias es para que votemos una ley que no tiene ni un solo artículo que favorece a los bonaerenses -en relación a la Ley Bases- acá no miren. No vamos a apoyar de ninguna forma”, remarcó en declaraciones a A24.

La conflictividad en Misiones viene escalando. Como diera cuenta Infobae, en la provincia del noreste un grupo de trabajadores de la salud tomó este miércoles la sede de esa cartera provincial, sumándose así a los reclamos salariales de sectores docentes, policías y penitenciarios, quienes decidieron marchar y movilizarse hasta allí en señal de apoyo. Adhirieron también los trabajadores del gremio de Luz y Fuerza. El martes último el gobierno misionero dispuso de una suba del 20% a la policía y demás sectores que fue rechazado de plano. La policía -que tiene prohibido realizar medidas de fuerza- exige un suba del 100%. Mientras, sigue con el acampe en el Comando radioeléctrico en Posadas.

En Buenos Aires destacan que todos los meses hubo aumentos salariales a trabajadores de la administración pública y siempre a la par del número inflacionario. En rigor, en enero la suba salarial fue de 25%, en febrero 20%, en marzo 13,5% y en abril 9,5%. Días atrás, los gremios aceptaron el ofrecimiento de un 7,5%. Los incrementos impactan también en los salarios de la policía bonaerense.

“Estamos haciendo los equilibrios necesarios para poder pagar como hicimos hasta ahora, como hicimos en diciembre, en todos estos meses y en este caso el aguinaldo en tiempo y forma, tratando de tener una paritaria que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso no está exento de esfuerzos y determinadas modificaciones en nuestro programa de gobierno que no vamos a poder hacer. Hay programas que este año no lo pusimos en marcha, justamente por falta de recursos que nos recortó el gobierno nacional”, planteó Bianco.

Algo parecido había dicho esta semana el ministro de Economía, Pablo López, al participar de la conferencia de prensa que el Gobierno bonaerense armó para anunciar la mejora salarial en los sueldos de los trabajadores de la administración pública. En esa ocasión, el último lunes, el funcionario provincial explicó que “en un contexto de recorte de transferencias no automáticas, que en algunos casos afecta directamente a los salarios de las y los trabajadores, como es el caso del FONID; de una brutal caída de la actividad económica que provoca que la recaudación hoy esté cayendo en términos reales y del retiro del Estado nacional de funciones que debe cumplir, la Provincia hace un gran esfuerzo por acompañar con aumentos salariales la pérdida del poder adquisitivo de los salarios provocada por las políticas del Gobierno nacional”.

Para el gobierno nacional, el caso de Misiones es un tema de competencia provincial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había planteado que “es un tema que lo va a resolver la provincia como corresponde”, y que “los gastos de Nación se ajustaron bastante, y las cuentas de las provincias tienen que ajustarse en una cuantía suficiente como para equilibrarlas”. Misiones no pedirá ayuda financiera al gobierno nacional.

Bajo la gestión de Kicillof, Buenos Aires pasó por una experiencia con algunas similitudes a lo que está sucediendo en Misiones, puntualmente con la policía. Fue entre agosto y septiembre del 2020 cuando efectivos y retirados de la Policía bonaerense encabezaron una serie de reclamos por mejoras salariales. En ese momento, el ministro de Seguridad bonaerense era Sergio Berni La salida al conflicto en ese momento vino de la mano del gobierno nacional.

Se creó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que implicó un suplemento para intentar paliar el desequilibrio de coparticipación con el que Buenos Aires convive desde hace años. Se trató de una masa de recursos que inicialmente fue de $400.000 millones adicionales a la coparticipación. La demanda primaria que se cubrió con ese fondo fue la mejora salarial y de equipamiento para los efectivos de la policía bonaerense que terminó equiparando los salarios con los de las fuerzas federales.

La llegada de Milei y su política de ajuste significó para la provincia de Buenos Aires la eliminación de ese fondo en cuestión. El 26 de febrero de este año se eliminó por decreto el Fondo de Fortalecimiento. Buenos Aires presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para seguir percibiendo los fondos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. El máximo tribunal hasta el momento no se expidió. Pese a la complejidad financiera, Buenos Aires sostiene que el pago del aguinaldo a mitad de año está garantizado.