El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, señaló que “la sublevación de policías es inadmisible” y advirtió que los efectivos que se plieguen a las medidas de reclamos quedarán fuera de la fuerza provincial.
En diálogo con radio La Red, el funcionario confirmó que adoptaría como sanción el despido de los efectivos que hayan participado de las protestas. “Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”, contestó.
Según Pérez, los policías “no pueden utilizar bienes del Estado para protestar” y que el reclamo del grupo de uniformados de fuerzas de seguridad “está fuera de la ley”, y que cometieron un cúmulo de acciones como los “28 móviles policiales que fueron robados que están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad”. “No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, apuntó.
En las últimas horas, el conflicto con los empleados públicos de Misiones continuó escalando, con tomas de edificios públicos como el ministerio de Salud local y la profundización del reclamo salarial de los docentes y policías que se movilizaron este miércoles.
Ramón Amarilla, vocero policial misionero, aseguró que “en Misiones hay una dictadura disfrazada de democracia” y remarcó que pedirán “100% de aumento”, aunque también reconoció que están abiertos y a la espera para una nueva convocatoria al diálogo por parte del gobierno provincial.
“El Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario. No pueden venir con un 15% (de incremento) y luego con un 20%. Es una falta de respeto. Le pedimos que se acerque a la canasta básica”, expresó Amarilla subido desde una camioneta de la fuerza, frente a una muchedumbre que aún permanece frente al Comando.
El ministro de Gobierno provincial se mostró en desacuerdo con el pedido y tildó como “error conceptual” que se solicite un incremento de acuerdo a la canasta básica. Y aseguró que el incremento “triplica el índice de la inflación” de los últimos meses. “En el acumulado supera el 70% de aumento para toda la administración pública”, precisó, y además advirtió que Misiones le faltan 20.000 millones de pesos que dejó de percibir de parte del Estado nacional.
“Entendemos la situación y hay que tener empatía. Lo que puede hacer el gobierno de Misiones es generar los aumentos que impacten en el bolsillo, pero haciendo una administración responsable”, resaltó Pérez. “No es la panacea, pero la situación económica del país llevó a una pérdida del salario a todos los asalariados. Esa es la realidad”, sostuvo.
Otros grupos de trabajadores del Estado siguen en confrontación abierta con las autoridades. Un grupo de trabajadores del Hospital de Pediatría difundió una carta abierta. En sintonía con los que estaban ocupando el Ministerio de Salud, consignaron que el aumento otorgado fue “insuficiente” y “desproporcionado” ante las “necesidades y sacrificios que enfrentamos como trabajadores de la salud”. Otro sector de la empresa Energía de Misiones protestaron frente a la sede central ubicada en La Rioja al 2000, y cortaron el tránsito.
Mientras tanto, los manifestantes de la Policía de Misiones solicitaron una amnistía generalizada para que ninguno de los que intervino en la protesta tenga sanciones legales o administrativas, y que la mesa de diálogo policial, una suerte de paritaria entre la fuerza y las autoridades. “No somos delincuentes. Criminalizar la protesta no es el camino. El diálogo es el camino”, dijo Germán Palavecino, otro de los voceros.
“Tiene que haber cordura y racionalidad, y entender la situación que hay en el país. Entendemos que la plata no alcanza y los precios han subido. El gobierno genera los aumentos para que le impacto sea menor”, insistió Pérez.
“Necesitamos que conviva la paz social para poder resolver los problemas. A los piedrazos es imposible”, concluyó.