El gobierno de Alberto Fernández fue un gran cheque para las organizaciones sociales que lo acompañaron en su camino a la Casa Rosada y salieron a militar su figura cuando este era maltratado por su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo de sus cuatro años de mandato, derivó a las cooperativas y organizaciones civiles 15,8 mil millones de pesos. La mayoría de esos subsidios estaban destinados a tres programas: el Potenciar Trabajo, la urbanización de barrios y el Alimentar. Ocho cooperativas y asociaciones vinculadas a las organizaciones que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, recibieron unos cinco mil millones de pesos.
En los primeros 25 lugares del ranking conformado por 62 entidades, sólo una pertenece a una agrupación piquetera de izquierda. Es la Asociación Civil Polo Obrero. Su cabeza visible es Eduardo Belliboni. Ocupa el puesto 23 y recibió por parte del Estado $235.197.272. Una cifra cinco veces inferior a lo que recibió la primera organización vinculada a los movimientos sociales que integraban el entonces partido gobernante. Los datos oficiales fueron procesados por la Unidad de datos de Infobae.
El ranking de los privilegiados
Seguir el entramado de organizaciones sociales, cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles que están vinculadas a los principales dirigentes populares, y que además eran beneficiados con el néctar del poder, se hace cuesta arriba.
De las 62 entidades que recibieron en el último gobierno kirchnerista 15,8 mil millones de pesos, no todas forman parte de las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Los datos volcados en esta nota son oficiales. Fueron aportados en las últimas 36 horas por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, a través de la subsecretaria Legal Leila Gianni, en la causa que investiga los “comedores fantasmas” que instruye el fiscal federal Ramiro González. En las planillas Excel están volcados todos los recursos que el Estado volcó a estas organizaciones a través del ex ministerio de Desarrollo Social. Las cifras que se comparten con el lector involucra a todos los programas de Desarrollo Social desde los cuales se derivaron los fondos a esas 62 entidades. El despliegue de nombres y cifras es un mapa de poder.
La ex cartera de Desarrollo Social estuvo a cargo de tres funcionarios: Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Desde que la Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada, el Ministerio pasó a ser Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la conduce Pablo de la Torre. Órbita en el Ministerio de Capital Humano.
El ranking de los 25 más favorecidos por los subsidios otorgados por Desarrollo Social es liderado por la Asociación Civil Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social (CEyTIS). En números redondos recibió 1,5 mil millones de pesos.
En principios no están vinculados a ninguna organización de la UTEP, pero sí prestaban servicios “como una bolsa de trabajo” y están “asociado a los planes sociales de empleo como el Potenciar Trabajo”. Buena parte del dinero que recibieron fue derivado de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. El área también estaba a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares. La responsable del área era Fernanda Miño, una dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la CTEP.
El referente de esas organizaciones es el abogado, Juan Grabois, ex candidato presidencial de Unión por la Patria, actual dirigente de Argentina Humana y referente del Frente Patria Grande. Si bien ahora no pertenece a la conducción del MTE, sigue vinculado.
La Asociación Civil Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social (CEyTIS) también recibía fondos, de entre otras secretarias como la de Economía Social, que conducía Emilio Pérsico a través del programa Potenciar Trabajo.
El escalón segundo del podio corresponde a la Municipalidad de Pilar. Le fueron girados 1,3 mil millones de pesos. Su intendente -fue reelegido- es Federico Achával, del Frente de Todos, actual Unión por la Patria.
A partir del tercer puesto aparecen los movimientos sociales vinculados al ex oficialismo que todos suman subsidios por unos cinco mil millones de pesos.
En el tercer y cuarto puesto de la lista se ubican la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (1,2 mil millones de pesos) y la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros (1,2 mil millones de pesos). Ambas forman parte del MTE y la CETEP referenciadas en Juan Grabois. Recibieron subsidios, por ejemplo, de la secretaría que dependía de Miño, la referente de la misma agrupación.
El quinto puesto del podio se lo lleva la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada. Forma parte del Movimiento Evita. Emilio Pérsico, su líder, integro la organización. El ex integrante de la organización guerrillera Montoneros fue el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Administraba el Potenciar Trabajo y firmaba parte de los convenios y subsidios que recibían los movimientos sociales, incluido el Evita. La Coalición Cívica y Sandra Pettovello lo denunciaron por esa razón. Lo acusaron de “incumplimiento en los deberes de funcionario público”, entre otros presuntos delitos. Estaba de los dos lados del Mostrador.
Uno de los presidentes de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada fue Gildo Onorato, ex secretario gremial de la UTEP, dirigente del Movimiento Evita y actual funcionario del gobernador Axel Kicillof. Se desempeña como titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
La Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada recibió subsidios por $651.824.359. Pertenecen la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Su líder es el ex diputado Juan Carlos Alderete quien formaba parte del bloque del Frente de Todos. De esa misma organización social, forma parte la Federación de Cooperativas de Trabajo “René Salamanca-C.C.C Limitada”. Esta última recibió subsidios por $468.436.432.
La Asociación Civil SER.CU.PO recibió giros por $639.245.356. Cumple el rol de unidad ejecutora de planes como el Potenciar Trabajo y está vinculada al Movimiento Evita de Emilio Pérsico.
En el puesto décimo tercero del ranking se ubica una organización casi desconocida: Judith Presente Centro Comunitario Asociación Civil. Fue beneficiada con $443.784.626. Es una organización que pertenece a la Tupac Amaru de la dirigente jujeña condenada por actos de corrupción Milagro Sala.
Entre las organizaciones sociales que también destacan por los fondos que recibieron por parte del gobierno de Fernández figura Somos Barrios de Pie. A través de la Asociación Civil Caminos de Tiza recibió $305.277.990. El coordinador nacional de esa organización es Daniel Menéndez. Fue funcionario de Alberto Fernández en la Secretaría de Economía Popular y actualmente es subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una subsecretaría que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que comanda Andrés “Cuervo” Larroque.
El Gobierno de La Libertad Avanza sospecha que no todos los recursos que eran cursados desde Desarrollo Social llegaban a las personas más vulnerables. Un hecho, que, de ser así, es aberrante. Un problema central que hasta ahora la política Argentina no abordó, o no quiso hacerlo porque le era funcional.
Javier Milei parece querer romper con ese esquema y, equivocado o no, cortó prácticamente con todos los subsidios que otorgaba el Estado a través de Desarrollo Social y les quitó a los movimientos sociales la “tercerización” de la ayuda social a los dirigentes piqueteros y sociales. Aseguran que ahora llega de manera directa. La primera en alertar sobre este hecho fue la entonces vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El 20 de junio de 2022, en un acto organizado por la CTA en la localidad bonaerense de Avellaneda se puso al frente de una ofensiva contra las organizaciones piqueteras con una sugestiva frase dirigida a Emilio Pérsico: “Si Evita los viera, ¡mamita!”. Antes le había expresado: “El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas”. Ahora la justicia investiga parte de esas tercerizaciones.
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