Video: así está la situación en el Comando Radioeléctrico en Posadas en el cuarto día de protesta de la Policía

Efectivos de la Policía de Misiones continúan la protesta en la División Comando Radioeléctrico I en reclamo de mejoras salariales. Ayer se registraron momentos de tensión, pero en las últimas horas, tanto desde el gobierno provincial como desde los representantes policiales, reconocieron que hubo un acercamiento y se pasó a un cuarto intermedio

La protesta ya entró en su cuarto día. Infobae tuvo acceso a un video en el que se ve a los policías expresando su malestar entre aplausos y haciendo sonar las sirenas de los móviles.

Este domingo los manifestantes mantuvieron una reunión con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Llera, quien transmitió la oferta del Gobierno provincial en torno al 15% de recomposición salarial.

“Fue una jornada positiva”, aseguró el suboficial Mayor (R), Germán Palavecino, quien aseguró que se avanzó en tres de cuatro puntos en discusión: reconocer a la mesa de diálogo, dar marcha atrás a traslados y la quita de disponibilidad de quienes tienen estado policial, informó el portal Primera Edición.

“Nos han expresado que a primera hora de mañana se van a reunir el Ministro de Hacienda, el Gobernador y el Ministro Coordinador para ver cómo harán el reajuste para hacernos una propuesta mejor a la que nos fue presentada”, agregó al respecto.

En este sentido, Palavecino sostuvo que “estamos por buen camino y somos muy optimista. Vamos a resistir desde este escenario y que cada uno de nosotros siga realizando el aporte como hasta ahora”.

Por su parte, el suboficial (R) Ramón Amarilla, declaró que “por fin vamos a poder seguir luchando y proponiendo lo que verdaderamente debe ganar un personal policial, penitenciario, para mantener a su familia”. “No les voy a crear falsas expectativas, lo que nos propusieron no se acerca a lo que nosotros pretendemos. Por esa razón no se ha firmado ningún acta y esperamos que el Ministro Coordinador dialogue con el Gobernador para mejorar la propuesta”, advirtió.

“Aunque crean que estamos dando muchas vueltas, quiero que sepan que no vamos a aceptar cualquier cosa”, sentenció.

Tras varias horas de reunión con el Jefe de la Policía, Sandro Martínez, y el Ministro Coordinador de Gabinete, el diálogo entre los efectivos y el Gobierno provincial pasó a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este lunes.

El gobierno de Misiones ratificó este domingo que no habrá marcha atrás contra las acusaciones judiciales que recaen sobre los organizadores de la protesta policial en la sede del Comando Radioeléctrico de la ciudad capital, según informó a Infobae una importante fuente del ejecutivo provincial.

“No se puede dejar sin efecto una denuncia”, expresó un funcionario del círculo cercano al gobernador Hugo Passalaqcua y agregó el motivo de la confirmación. “Son delitos de acción pública, como la sedición agravada; robo, hurto y destrucción de propiedad del Estado”.

Además, la fuente agregó que las manifestaciones actuales no tenían sustento, ya que el aumento salarial “se iba a anunciar el lunes” y que eso “se sabía desde la semana pasada”.

Vale recordar que durante esta mañana, efectivos en actividad y retirados de las fuerzas policiales misioneras amanecieron en medio de una creciente tensión por la posibilidad de un operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio del tercer día de reclamo salarial. Los integrantes de Gendarmería Nacional arribaron al lugar, pero luego se retiraron de la zona para evitar que escale el conflicto.

Los manifestantes habían preparado el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos especies de barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, como así también dos cuadras más abajo, en Uruguay y Félix Aguirre. “Acá hay familia policial, hay chicos y hay gente que viene a apoyar a sus padres y ahí están los agresivos”, señaló uno de los manifestantes.

El fuerte operativo había sido anticipado el sábado por el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, durante una conversación con este medio: “Hemos hablado con la ministra de Seguridad para hacer un operativo conjunto con la Policía de Misiones y la Gendarmería para detener a los cabecillas y recuperar el Comando Radioeléctrico”.

El suboficial (R) Amarilla le envió un mensaje a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Les digo a las autoridades de Nación que vinieron a reprimir a nuestra gente que no se van a llevar baratos a los misioneros. Somos trabajadores de la comunidad, profesionales y si vuelven con esa situación de agresión a docentes, a profesionales de salud o camaradas de Policía o Penitenciarios, van a tomar palos de los misioneros”, amenazó.

Después de que transcurrieran las primeras horas de que se disparara el conflicto, el gobernador Hugo Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero y el jefe de gobierno provincial constituyeron un Comité de Crisis, según lo infiere la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de frenar la protesta. En paralelo, las autoridades se comunicaron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para coordinar la asistencia de las fuerzas federales.

En ese momento, Bullrich aprobó el traslado de un escuadrón conformado por aproximadamente un total de 200 gendarmes. A pesar de que en los planes iniciales no estaba previsto que los agentes federales intervinieran en la situación, un oficio judicial firmado por el Juzgado de Instrucción N°6, Secretaría N°2, de Misiones habilitó a Pérez a que pudiera requerir de manera formal la participación de la Gendarmería Nacional al comandante de la Región N°6, Gabriel Calleja.

“El presente pedido obedece a la necesidad de contar con el auxilio de la fuerza necesaria en atención al gran número de personas involucradas”, argumentaron desde el Poder Judicial misionero al hacer referencia al oficial y los 60 suboficiales de la Policía de Misiones que tomaron la dependencia policial durante la madrugada del 17 de mayo.

Por su parte, el juez de Instrucción que interviene en la causa, Ricardo Balor informó que los efectivos involucrados en la toma del cuartel serán imputados por los delitos de sedición, agravada por la condición de funcionarios públicos y por estar armados, asociación ilícita, robo de material y destrucción de la propiedad del Estado. “Se actuará con dureza y con todas las consecuencias de la ley”, sentenció el ministro, quien denunció que los agentes “robaron un patrullero y, con la cara tapada arrojaron gomas para luego incendiarlas”.