María Isolda Dotti es dirigente del Polo Obrero. Sus compañeros la conocen como “Tango”, un apodo que arrastra desde la adolescencia. Esta semana fue noticia por un evento menos pintoresco: en su departamento de dos ambientes, en Chiclana al 3000, la Policía encontró 54.448 dólares. El dinero estaba escondido debajo de su cama, junto a una escritura de compraventa. Tras el escándalo, Dotti dijo públicamente que “está todo justificado”. Para los investigadores, las pruebas no alcanzan para justificar semejante monto. Y menos de una dirigente que tenía acceso a los fondos que otorgaba el Estado.
“Es la herencia de mi familia”, comenzó diciendo Dotti en los medios. En una entrevista con Crónica TV, aclaró que en realidad “más de la mitad” del dinero estaría justificada por una escritura que estaba debajo de su cama. En otra intervención radial, agregó que esa escritura se corresponde con un departamento de sus abuelos “vendido a fines del año pasado”. “En el título figuro como heredera de ese departamento, del porcentaje que me tocaba”, agregó.
¿El resto del dinero? La dirigente del Polo Obrero asegura que otra parte de los dólares, nunca aclara cuántos, provienen de “otro departamento que vendí con un hermano”. Para los investigadores, sin embargo, esos documentos no alcanzarían para justificar el dinero. “No podemos saber que la plata supuestamente de las escrituras es la misma que tenía en la casa”, dijo una fuente judicial a este medio. Por ese motivo, la Fiscalía pedirá que el dinero siga secuestrado.
Dotti habló de dos inmuebles vendidos, pero en los registros oficiales solo figura una operación del 26 de septiembre de 2023. El comprador fue un ciudadano de nacionalidad china. El problema para Dotti es que esa escritura, según informes a los que accedió Infobae, se hizo por apenas 120 mil pesos, muy lejos de los 54.448 que había debajo de su cama.
Los abogados que representan al Partido Obrero y a las demás organizaciones involucradas en las supuestas amenazas y extorsiones ya se presentaron en el expediente y pidieron anular todos los allanamientos. Sobre los dólares secuestrados a Dotti, fuentes de la defensa dijeron a este medio que “en el acta de secuestro está la partida de la sucesión y la escritura de la venta de los inmuebles”. Y agregaron: “Ella es heredera junto a sus hermanos de unas propiedades. Cuando se vendieron las propiedades, se hizo la división del dinero”.
La causa que involucra a Dotti y a otras 27 personas comenzó en diciembre, con una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de 924 denuncias recibidas en la línea 134. De ese total, solo se tomaron en cuenta 45 que habrían ocurrido en la Capital Federal. El expediente avanzó en silencio, con escuchas telefónicas y otras pruebas, y recién se conoció este lunes, cuando Infobae anticipó que se estaban realizando múltiples allanamientos para dar con decenas de piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
Además de Dotti, y de Jeremías Canteros, el segundo de Eduardo Belliboni, también están imputados Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, entre otros.
La causa entró ahora en secreto de sumario para que no se filtren nuevas medidas de prueba. Por ese motivo, nadie quiere dar detalles de los allanamientos del lunes pasado.
En la casa de Dotti, además de los dólares, la Policía se llevó 478 mil pesos, un teléfono celular, y un boleto de compraventa. En su defensa, la dirigente del PO aseguró que el dinero proviene de una familia de clase media. “Mi papá era un reconocido intelectual, ya falleció. Era titular de la cátedra de Filosofía Política de la UBA. Daba charlas en el exterior. Tengo la suerte de heredar lo que me dejó”, contó en los medios.
Dotti fue apuntada porque manejaba una cuenta bancaria de la cooperativa “El Resplandor”, que es parte central de la investigación. Según consta en el expediente, “Tango” “fue presidente de la entidad —desde su fundación en 2010 hasta julio de 2022— y continúa con funciones de representación ante distintos organismos” como AFIP o el INAES.
Esa cooperativa, según datos oficiales a los que accedió Infobae, compró en mayo del año pasado un camión Iveco, dominio AG021OU, que fue radicado en la calle 15 de Noviembre al 1800. Uno de los autorizados para manejar ese vehículo es Rubén Darío Navarro, un ex empleado de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y del Congreso nacional. El otro autorizado, por cédula azul, es Hernán Carlos de Vega, fundador del grupo de rock “Las Manos de Filipi” y reconocido militante del Partido Obrero.
En la causa, Dotti fue apuntada por su rol estratégico en la cooperativa “El Resplandor” y está acusada de participar de las amenazas contra algunos de los asistentes al comedor “Mariano Ferreyra”, ubicado dentro de la villa 1-11-14. “En las reuniones Gianni (por Gianna Puppo) y Tango (por Dotti) les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo”, declaró un testigo en el expediente.
Al igual que otros miembros de la organización con roles “directivos”, el teléfono de Dotti estuvo intervenido varios días.
Pese al rol que le asignaron los investigadores, la dirigente del PO nunca tuvo protagonismo en las sucesivas disputas con los funcionarios, nacionales o porteños, por los fondos de las organizaciones sociales. “Nunca fue una intermediaria ni interlocutora válida, ese rol siempre era de Jeremías (Cantero)”, apuntó un ex funcionario porteño que conoce a todos los dirigentes sociales.
Cantero es la mano derecha de Eduardo Belliboni y era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Al igual que “Tango”, ahora dice que todo es parte de una “persecución política”.
La causa que llevan adelante Casanello y Pollicita no es la única. El juez Ariel Lijo, el candidato para la Corte Suprema, tiene otra mega causa con más de 1000 llamados al 134. Y hay decenas de expedientes desparramados por el interior del país. La avalancha de denuncias por el manejo de los planes no es nueva. En 2022, cuando el ministerio de Desarrollo Social estaba a cargo Juan Zabaleta, también hubo denuncias a un 0800. La diferencia fue que en ese momento todas pasaban por el filtro de Emilio Pérsico, el hombre que estaba de los dos lados del mostrador.