El organigrama “extorsivo” del Polo Obrero que investiga la Justicia: los roles de cada uno de los imputados

La Justicia sigue avanzando en la causa por los presuntos casos de extorsión que realizaba un grupo de piquetero sobre los beneficiarios de planes sociales como el Potenciar Trabajo. Estudian la documentación que secuestraron en los allanamientos. La causa es reveladora. Hay conversaciones entre los dirigentes sociales del Polo Obrero que dicen luchar por los que menos tienen que indignan. “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, van al comedor ¿y encima les tenemos que dar más cosas? Si quieren venir, que vengan y si no, que se vayan todos a cagar, punto”. La conversación fue entre Gustavo Vásquez, referente de un comedor y la delegada Cinthya Delgado.

El fiscal federal Gerardo Pollicita utiliza términos muy fuertes sobre los 28 imputados, la mayoría, 17 de ellos, pertenecen al Polo Obrero. Describe hechos prácticamente de sometimiento sobre las víctimas.

En el pedido de detención y allanamientos que le realizó al juez Sebastián Casanello, describe un sistema de “castigos” sobre los beneficiarios de planes sociales que no asistían a las marchas y protestas organizadas por la Unidad Piquetera. En el escrito, el fiscal federal detalla los roles de los integrantes de la “Asociación Civil Polo Obrero” y la “administración” sobre tres comedores comunitarios cuyos responsables fueron denunciados a la línea 134 habilitada para tal fin por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.

Se reconocen “aprietes”, “extorsiones” “sanciones”, “multas” y “cobro de cápita”. Son los comedores sociales Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra.

¿Las maniobras solo ocurrían en esos lugares o un plan sistemático? El fiscal sospecha que se trata de operaciones generalizadas. La presunción se basa en que los mismos métodos se repiten en las tres organizaciones que se investigan: el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. Las dos primeras integran la Unidad Piquetera, la tercera la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lugar donde abrevan la mayoría de los movimientos sociales peronistas. Pollicita y Casanello deberán probarlo, y en eso están.

Organigrama del Polo Obrero

Como quien arma un puzle de tres mil piezas, Pollicita fue encastrando las piezas con las que ya cuenta.

En base a escuchas telefónicas y trascripciones de mensajes de voz y de grupos de WhatsApp que agrupaban a los dirigentes que administraban los comedores comunitarios del Polo Obrero, logró reconstruir el organigrama de ese movimiento social -ver infografía-.

Eduardo Belliboni, el líder de la organización, no está mencionado en este tramo de la investigación.

Sí aparece en un rol protagónico otro dirigente del Polo Obrero, y ladero de Belliboni, Jeremías Cantero, ex candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y funcionario en la ex cartera de Desarrollo Social entre 2020 y abril de 2024.

El fiscal sostiene que Cantero ocupaba el “escalón superior a los referentes de cada comedor. Intervenía en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.

De las comunicaciones recopiladas por Pollicita surge que tanto Cantero como Elizabeth Del Carmen Palma, otra dirigente del Polo Obrero, “intervendrían en las decisiones sobre el destino del producto del delito, conforme se desprende de una conversación telefónica del día 27 de marzo de 2024 mantenida entre ambos”.

Ese día, Palma “le manifiesta a Cantero su preocupación respecto de la posibilidad de que se los investigue ‘por lavado’ en relación con las ‘cooperativas que están recibiendo las capitas’”. Ante esa inquietud, el líder piquetero “le propuso pensar un plan de adónde va eso”, en referencia al dinero.

Para el fiscal, esos diálogos “sugieren que las actividades de los imputados se orientaron también a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de cooperativas, desconociéndose a la fecha el destino final de ese dinero”.

Debajo de Cantero, se ubican otros cinco dirigentes, la mencionada Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti Y Gustavo Guillermo Vásquez.

Todos ellos “cumplían funciones de conducción y coordinación de la actuación de sus integrantes. Cargaban los datos para que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social”.

El fiscal ya incorporó a las actuaciones planillas impresas con la asistencia o inasistencias a las marchas. Corresponden al comedor Rivadavia I. En color verde y con la letra mayúscula “P”, se indica que el beneficiario estuvo presente. El casillero en blanco es sinónimo de ausencia. El mismo control se llevaba sobre las personas que estaban en “lista de espera” para acceder al Potenciar Trabajo. Les decían que a mayor número de “P”, más posibilidades de acceder al plan.

Según la causa judicial Elizabeth Del Carmen Palma “también tendría intervención en las conductas relativas a la toma de decisiones sobre el producto del delito, desde su posición como Síndica Titular y después vocal del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitada, cargo que sigue desempeñando.

Desde esa posición de poder, el fiscal describe que los dirigentes del Polo Obrero imputados, “se apropiaban de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en movilizaciones convocadas por el Polo Obrero”.

Con esos objetivos “los imputados hacían saber a los vecinos y potenciales asistentes de los comedores que, para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, debían asistir a determinada cantidad de marchas o movilizaciones del Polo Obrero, lo que aumentaba sus probabilidades de ingresar en una ‘lista de espera’ desde la cual, con posterioridad, podían pasar a ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan, a lo que llamaban ascenso”.

Una vez que se accedía al Potenciar Trabajo, cuyas labores de 20 horas semanales las cumplían en cooperativas o comedores de la organización de izquierda, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación debía asistir a las protestas. “En caso contrario, se le daría de baja del plan”

Debajo de ese grupo, el organigrama elaborado por Pollicita ubica a los “delegados” de cada comedor.

En palabras de la fiscalía, y según los testimonios acumulados, era los encargados de “transmitir las exigencias coactivas, tomar listas de asistencia y exigir y cobrar el dinero a las víctimas”.

Las personas identificadas son once: Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman y Yoao Ariel Escobar Rojas.

Entre sus tareas estaba la de “exigirle a las víctimas que, en caso de no asistir a una movilización, debían justificar la ausencia y acompañar las correspondientes constancias de las razones que impidieron la participación —como la existencia de turnos médicos—; porque de lo contrario se anotaría como ausencia; lo que podía ocasionar la imposición de ‘sanciones’, que iban desde no recibir mercadería del comedor por un determinado lapso, hasta ser degradado de categoría o ser dado de baja del Potenciar Trabajo.”

Dice Pollicita: “A los miembros de todas las categorías, en los tres comedores, los imputados les exigían, además de la asistencia a las marchas y movilizaciones, el pago de ‘cápitas’ mensuales equivalentes al 2% de la ayuda social percibida en cada caso; lo que se abonaba en efectivo siempre, los primeros días del mes; y, en caso de incumplimiento, se los incluía en la lista de morosos lo que, según la demora y el criterio de los acusados, podía derivar en la decisión de degradar de categoría al deudor hasta disponer, incluso, la baja del Plan Potenciar Trabajo, por lo que pasaba nuevamente a lista de espera”.

Entre las decenas de comunicaciones que están volcadas en el expediente una refleja a las claras que algunos de los dirigentes que dicen “luchar”, “pelear”, “defender los derechos de los pobres”, de los “más humildes”, refleja que una cosa es lo que se dice a la luz pública y otra entre las cuatro paredes y la intimidad de la línea telefónica. Fue el referente del comedor, Gustavo Vásquez quien se queja ante la delegada Cinthya Delgado “porque los beneficiarios quieren acceder a la comida que reparte el comedor”. Sus palabras textuales fueron: “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, van al comedor ¿y encima les tenemos que dar más cosas? Si quieren venir, que vengan y si no, que se vayan todos a cagar, punto”. El diálogo entre los dirigentes del Polo Obrero fue el 14 de marzo de 2024, la causa ya estaba en trámite y los estaban escuchando.