El fiscal federal Guillermo Marijuan le solicitó al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, a “extremar los controles necesarios” sobre las asignaciones que el Estado abona a través de ese organismo, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Lo hizo en el marco de la causa en la que investiga un perjuicio de $ 5.842.000.000 anuales por el cobro de 2.954 pensiones PUAM que se les otorgan a personas mayores de 65 años, supuestamente en condiciones de vulnerabilidad, pero que no viven en la Argentina. Una violación a la norma que exige, entre otras condiciones, “mantener residencia en el país”. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones esos beneficiaron salieron del país y no regresaron.
Por esa razón, tal como publicó de manera exclusiva Infobae, a través de un oficio, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, el viernes le solicitó a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de esos casi tres mil beneficiarios. Con la reestructuración que Javier Milei realizo en el Estado, la ANSES quedó bajo el organigrama de la cartera de Pettovello.
En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024 están bajo estudio otros 7.512 Titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.
En este segundo oficio, Marijuan le informa al director ejecutivo de la ANSES: “Por medio del presente, pongo en su conocimiento determinadas circunstancias que considero de relevancia y, asimismo, le solicito algunas diligencias para extremar los controles necesarios en torno a la problemática que seguidamente relataré”, anuncia el fiscal federal y describe que: “A través del resultado del entrecruzamiento aportado por la Dirección Nacional SINTyS a instancias del suscripto, pudo determinarse que 2.954 titulares de la PUAM luego de obtener tal beneficio, salieron de la República Argentina y no regresaron. Por tal motivo, solicité a la Sra. Ministra de Capital Humano que, teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada beneficiario dejó el país, evalúe la inmediata suspensión de dicha prestación, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible acción delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa precitada”.
El fiscal también le hizo saber a De los Heros Battini que hay bajo observación 7.512 casos en que “los titulares previsionales registraron distintas estadías en el exterior por prolongados periodos de tiempo”. Y a párrafo seguido le pide al funcionario de Milei que: “En razón de lo expuesto y más allá de las correspondientes denuncias penales a efectuarse, resulta necesario que esa Administración Nacional de la Seguridad Social a su cargo extreme los recaudos para propiciar un adecuado control del requisito de permanencia en el país de los titulares de la PUAM; ello a fin de evitar que las irregularidades detectadas se repitan”.
Según la investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuan los presuntos hechos ilícitos calificados como defraudación a la administración pública y el posible delito de incumplimiento de la función pública, se vienen desarrollando desde años. El tiempo exacto se deberá determinar caso por caso. De hecho, se abrirá una causa penal por cada uno de los casi tres mil hechos.
Desde mayo de 2016 -gobierno de Mauricio Macri-, fecha en que fue promulgada la ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, frente a la dirección de la ANSES estuvieron, Osvaldo Giordano (dos meses), quien fue reemplazado por su actual titular De los Heros Battini. Antes de los funcionarios de La Libertad Avanza, se desempeñaron: Fernanda Raverta, Alejandro Vanoli y Emilio Basavilbaso, ya en el Gobierno de Macri.
La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor exige, además de demostrar su razón de “vulnerabilidad”, le exige a los beneficiarios: “Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”.
Esa exigencia está descrita en el artículo 13 inciso 1° de la ley; como así también mantener la residencia en el país según el artículo 13 del inciso 5° del mismo cuerpo legal.
Al respecto, el Decreto Reglamentario 894/2016 estipula que la PUAM es otorgada por la ANSES e instruye a los demás organismos de la Administración Pública Nacional a remitirle la información disponible en sus bases de datos que sea útil para el control de los requisitos establecidos.
Según la investigación de Marijuan, el tiempo permanencia fuera del país de los 2.954 titulares de la PUAM que se detectaron, unas 1.300 se fueron del país hace más de 3 meses, periodo que estipula ANSES y a partir del cual corresponde la suspensión del beneficio, otras lo hicieron antes.
La justicia deberá investigar si en tiempos de “no hay plata” quienes iban a los cajeros o a los bancos a cobrar los $ 5.842.000.000 anuales de personas que, por fuera de la ley, no residían en el país y que funcionarios no controlaron para que esto sucediera.
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