Allanaron a piqueteros en una causa por extorsión a beneficiarios de planes sociales

Dirigentes y militantes piqueteros son investigados por la Justicia Federal acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la causa se ejecutaron órdenes de 27 allanamientos. Se trata del resultado de las investigaciones judiciales que se iniciaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En el listado de investigados también figuran Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, según se indicó.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejó firme un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas a varios acusados por el delito de extorsión. De acuerdo con las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”.

“De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, estableció la decisión que firmó la semana pasada la Sala I de la Cámara.

Para el tribunal, “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.

Según informó el Ministerio de Seguridad esta mañana, el tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada unidad de certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Al respecto, se informó que fueron secuestrados “millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia”.

Tras los operativos, la Justicia también logró captar “los chats de apriete” de las personas que realizaron las denuncias en el 134, las cuales las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp y donde quedaron las explicitadas las maniobras de extorsión para concurrir a las marchas.

“Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente”, se indicó en un comunicado. Y agregaron pruebas que revelan que la gente que no podía ir a una marcha tenía que acreditarlo mediante certificados médicos.

El Gobierno, desde el inicio de la gestión, puso en marcha una política de fuerte confrontación con las organizaciones sociales que venían intermediando en la distribución y gestión de la ayuda social. Esa disputa se cristalizó en un protocolo que redactó el Ministerio de Seguridad para evitar los cortes de tránsito y en un cambio en la forma de gestionar los planes, que instrumentó el Ministerio de Capital Humano, sin la participación de piqueteros.

Las organizaciones sociales vienen realizando manifestaciones callejeras de manera periódica, sin que lograran, hasta ahora, cambios en la política que activó la administración nacional.