La connivencia del gobierno que comandó Alberto Fernández con agrupaciones mapuches ya no está en duda. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas actuó como soporte de familias que se escudaron bajo supuestas descendencias ancestrales para lograr beneficios del Estado. Y lo consiguieron.
La actual conducción de Parques Nacionales puso bajo la lupa las cesiones que la gestión anterior otorgó y también el constante soporte logístico a las comunidades por parte de los organismos públicos, a pesar de que algunas ocuparon ilegalmente tierras pertenecientes al Estado.
El gobierno de Javier Milei tiene como prioridad recuperar las tierras otorgadas, anular los convenios firmados y revisar los reconocimientos que el INAI otorgó a más de 200 agrupaciones.
A partir de una publicación de Infobae, el Gobierno anuló el convenio que Parques Nacionales firmó en 2021 con la fundación que preside el militante social y ex funcionario de la administración Fernández –cercano a Juan Grabois-, Franco García Dellavalle, que contemplaba la entrega de 2 hectáreas en la costa del lago Mascardi. “Un obsequio a los amigos del poder”, denunciaron fuentes del organismo, poco antes de rescindir el contrato.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de anunciar la anulación del pacto. Sin embargo, no sería el único caso que está bajo la atenta mirada de la nueva conducción de Parques.
Uno de los casos emblema del acompañamiento gubernamental a los usurpadores es el que comenzó en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, donde un grupo de 30 personas se instaló hasta 2022 en dos predios pertenecientes a Parques Nacionales.
En octubre de ese año, cuando se ejecutó el desalojo de esos lotes y de otras propiedades privadas que también fueron usurpadas, la Policía Federal secuestró tarjetas de planes otorgados por el gobierno nacional.
El grupo que comandó la usurpación se autodenominó Lafken Winkul Mapu, aunque la mayoría de sus integrantes conformaban otra agrupación mapuche que ya había usurpado tierras cerca de Bariloche, incluso una plaza pública.
Uno de sus integrantes es Matías Santana, conocido popularmente como “el mapuche de los binoculares” por haber declarado que vio cuando Santiago Maldonado era trasladado por gendarmes. Más tarde fue imputado por falso testimonio.
En la vivienda que compartía con su pareja, la “machi” Betiana Colhuan -líder espiritual de la autoproclamada comunidad ancestral- encontraron las tarjetas del Plan Alimentar que le había otorgado el gobierno nacional para la adquisición de víveres.
La Administración de Parques tuvo un rol conciliador con la agrupación mapuche. Incluso, cuando promediaba el conflicto judicial, abandonó la querella en la causa por la ocupación de tierras públicas. La permanencia en la parte acusadora de la ex fiscal federal Sylvia Little sostuvo el expediente y evitó que la causa se caiga. Poco después, por la presión mediática, debió retomar la querella.
En ese entonces el organismo nacional resolvió no presentarse a la instancia de clausura de la instrucción, abandonando el reclamo y permitiendo a los mapuches permanecer en el territorio público.
Otro hecho que demuestra el acompañamiento de la gestión anterior a los usurpadores, publicado en exclusiva por Infobae, ocurrió en 2020 cuando el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, fue sorprendido trasladando familias a la usurpación de Villa Mascardi.
El ex funcionario fue detenido en un control de ruta ubicado en el ingreso a Bariloche, establecido para constatar la circulación de vehículos durante las restricciones por la pandemia por COVID. Cuando argumentó su presencia en la ruta, dijo que trasladaba familias a las tierras usurpadas, aunque luego intentó retractarse y aportó una versión diferente. Circulaba a bordo de un vehículo que había sido dispuesto para completar el relevamiento territorial de pueblos originarios, aunque era utilizado con otra finalidad.
En 2023, para evitar una condena por el delito de malversación de fondos públicos, ofreció abonar $100.000 al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y realizar 40 horas de tareas comunitarias en una fundación patagónica.
El organismo era conducido en ese momento por la ex senadora Magdalena Odarda, quien cumplió un rol fundamental en el acompañamiento a los usurpadores.
En 2019, cerca de Bariloche, otro grupo invadió una propiedad privada y defendió de forma violenta su permanencia en el espacio. Odarda, designada por el ex presidente Fernández, emitió con premura una resolución para reconocerle la propiedad comunitaria de 481 hectáreas. Ocurrió en 2020.
En diciembre del año siguiente la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la resolución de la ex funcionaria. La Corte Suprema de Justicia, a la que acudió el organismo nacional, ratificó el rechazo.
Cristian Larsen, flamante presidente de la Administración de Parques Nacionales, confirmó en diálogo con Infobae que “la intención es revisar qué se hizo, y revertir lo que se haya hecho mal”.
Uno de los planes diseñados durante el gobierno anterior, a instancias del ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, es el acuerdo que beneficiaba a la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Para alcanzarlo, el Ejecutivo se entrometió en el expediente judicial, sedujo al juez federal de General Roca Hugo Greca para poner en stand by el expediente y propuso la creación de una Mesa de Diálogo, en el marco de la que presentó un plan que tenía como objetivo “poner fin a la violencia desmedida de Villa Mascardi”.
Tras arduas negociaciones, el plan fue rubricado, aun cuando la mayoría de los integrantes de la agrupación permanecían prófugos de la Justicia. Sin embargo, el gobierno central del Frente de Todos intentó beneficiarlos.
Propuso cederles las tierras fiscales que habían usurpado en Villa Mascardi, donde por disposición judicial aún se erige una escultura de madera tipo tótem, por el “valor espiritual” que tiene para los usurpadores.
Pero además de otorgarle las tierras, el gobierno se comprometió a la construcción de tres viviendas (rucas) para alojar a la líder espiritual del grupo, a sus allegados y también para utilizar como consultorio, donde la mujer practicaría curaciones. El gobierno pasó de ser querellante a ser benefactor de los usurpadores. Como la superficie de los predios que ofreció resultaban insuficientes, puso a disposición otro espacio de 10 hectáreas para albergar al resto de los integrantes de la comunidad, en otro sitio privilegiado, situado en inmediaciones del lago Guillelmo, entre Bariloche y El Bolsón.
El plan de Pietragalla Corti fue desechado por la actual conducción, que prohibió además el izamiento de otra bandera que no sea la Argentina.
En el predio que pretendían cederle al grupo, la actual conducción prevé reconstruir la escuela de guardaparques. El ex hotel Mascardi donde se iba a fundar dicho centro de formación tuvo que ser demolido debido a las vandalizaciones constantes del grupo al que el kirchnerismo intentaba cederle de forma definitiva las tierras públicas.
El proyecto está en carpeta aunque, por ahora, carece de recursos para su ejecución. “No vamos a ceder soberanía como pasó anteriormente, sino que vamos a recuperarla”, dijo Larsen.
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