El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el segundo de jefatura de Gabinete, José Rolandi, defendieron este martes la ley de bases en el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales del Senado. Durante el cónclave, los planteos realizados por la oposición de distintas vertientes sobre el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) llevó a los representantes del Ejecutivo a depositar la fe en el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que expondrá mañana: si no convence a los bloques, el oficialismo estaría dispuesto a analizar cambios, es decir, el regreso en segunda revisión a Diputados.
Tras varios cuestionamientos realizados por el Frente de Todos y el radicalismo, Guadalupe Tagliaferri (Pro) fue quien dio en la tecla y rompió el blindaje de la iniciativa que, con cierta holgura, realizaron hasta ese momento Francos y Rolandi. La legisladora porteña apuntó a la contradicción entre los artículos 163 y 222. En el último, invitan a las provincias a adherir al RIGI; en el otro, se da a entender que no importa ese paso en relación con dicho sistema.
“No parece ser la interpretación que hace la mayoría. Les pedimos que nos den mañana, que viene el doctor Chirillo, para ver si podemos transmitir mejor nuestra posición”, deslizó Rolandi, que también dijo que “si mañana vemos que no es suficiente, tomamos el punto de poder hacer una modificación”.
Las declaraciones del funcionario fueron importantes en otro sector de su disertación: prometió llevar el RIGI al plano local a través de una amplia reforma tributaria que enviaría el Gobierno para consumar dicho objetivo en un plazo no mayor a 14 años.
Rolandi fue uno de los pocos que siguió la negociación artículo por artículo de la ley de bases recortada e hizo una descripción de la misma, ya que el paquete fiscal será analizado mañana por la comisión de Presupuesto. A pesar de ello, enfatizó que el objetivo del proyecto tributario es “dotar al fisco de recursos para seguir manteniendo el equilibrio fiscal de una forma sostenible”, dado que el Ejecutivo entiende el “esfuerzo” de “toda la sociedad y el sector productivo”.
Seguido a ello, expresó que un próximo paso del Ejecutivo libertario implicará una reforma impositiva “que simplifique impuestos” para que, “en plazo no mayor a 14 años”, el régimen general “empiece a converger con el RIGI”.
Rolandi se refirió en otro tramo al polémico capítulo del tabaco. En esa línea, confió que el único impuesto del 73% aprobado en Diputados “solucionaría el problema de evasión o la falta de recaudación y liberaría la cancha para todos los incumbentes”.
Este tema fue uno de los ítems que abrazó el kirchnerismo para bloquear el inicio de la discusión. Fue a través del jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans. Primero, se quejó por la integración de las comisiones; segundo, rechazó el envío de los proyectos de Diputados y la fe de erratas que llegó durante la jornada de hoy; y tercero, direccionó la lupa a la denuncia de Unión por la Patria en Diputados sobre una votación no tomada a legisladores en el polémico capítulo del tabaco. El oficialismo no hizo lugar y continuó con el cónclave, aunque sumaría a sindicatos y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por pedido de la bancada opositora y se demoraría la firma de dictámenes.
Francos fue el primero en hablar: se refirió a los gobiernos que “tuvieron que resolver problemas heredados” y afirmó que Javier Milei “se encontró con la peor crisis de la historia de la democracia”, con un Banco Central “sin un dólar legítimo y, por tanto, el país tenía paralizada en gran parte su producción”. A ello le agregó las “inflaciones absolutamente descontroladas”.
Luego, el funcionario relató el primer traspié en Diputados con la ley de bases -impericia oficialista durante el verano- y los consensos, modificaciones y eliminaciones de las últimas semanas para la aprobación de dicho proyecto, junto al paquete fiscal.
Francos destacó, como cuestiones principales, la reforma del Estado y las facultades delegadas -”se han tratado desde que se sucedieron los gobiernos democráticos”, sostuvo-; las privatizaciones -”hay empresas que son deficitarias y podrían ser atendidas por el sector privado sin problema”, señaló-; la modernización de la ley de procedimientos administrativos -”después de muchísimos años, desde los ‘70″, aclaró-; y la reformulación de contratos actuales del Estado para grandes obras.
El ministro sumó el régimen de concesiones; blanqueo laboral; reformas en energía, petróleo y gas; el RIGI; y la desactivación de moratorias. Sobre el último punto, advirtió: “El sistema previsional está desfinanciado, no tiene recursos. Seguir incorporando al sector gente que no tiene aportes ni condiciones no hace más que empeorar el actual sistema”.
Sobre el final, Francos dejó en claro el capítulo sobre el tabaco fue retirado de la ley original por no tener consensos en el verano y que, en la última sesión de la Cámara baja, se incluyó “por un sector en el debate en el recinto”. El funcionario ratificó que estuvo en la votación y no vio nada irregular.
Tras su discurso, Mayans lo cruzó por datos de inflación y le consultó sobre algunos dichos de Milei. “No creo que sea un nido de ratas”, manifestó Francos, y recordó al formoseño que la gestión kirchnerista de Alberto Fernández le dejó al Gobierno libertario una inflación diaria de 1,5%.
Desde el radicalismo, el chaqueño Víctor Zimmermann fijó sus observaciones en la continuidad del beneficio de zona fría y enlazó dudas sobre contratos vigentes que caerían, así como inversiones en energía eléctrica. Y cuestionó sobre un acueducto en su provincia al que le falta el 18% y mejoraría el 65% del agua potable del distrito. “¿Cómo pretenden llevar adelante esta cuestión?”, preguntó.
Francos tuvo que reconocer que “no todas” las obras “se pueden hacer desde el sector privado”, y conjeturó: “Cuando existan recursos, este año quizás podamos avanzar con alguna de ellas”. En ese sentido, indicó que sería “en los próximos meses, de acá a fin de año”. De esta manera, el Gobierno libertario ya admite que tendrá que aportar millonarios recursos para reactivar la obra pública.
En tanto, el porteño y titular del centenario partido, Martín Lousteau, fue directo al RIGI con una lista de inquietudes técnicas y las asimetrías en comparación con el lado local. Se encargó de solucionar eso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que subrayó: “Argentina es mucho más caro que lo que pasa en Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fueron de 35% el año pasado y ahora subieron al 43%. En Perú, es del 38-39%. Estamos mucho más caro. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías”. Tiempo después, Tagliaferri encendió las alarmas y rompió el cerco del Ejecutivo.
Por el cristinismo, Oscar Parrilli llamó la atención sobre el principio de silencio de la administración pública relacionada con la ley de bases; un potencial pase de la legislación penal al derecho administrativo; y aseguró que con la iniciativa se podría activar una industria del juicio a favor de empresas relacionadas con el Estado.
Más tarde, la peronista riojana y ex vicegobernadora Florencia López enfocó la mira en la “gravedad” sobre la facultad para legislar que se depositaría en Milei con la ley bases -otros gobiernos también tuvieron- y se refirió a la “confianza quebrada” del Ejecutivo por “reiterados incumplimientos que ha llevado hacia las provincias”, por lo que es imposible dar “una carta en blanco” al primer mandatario. Y sugirió a los funcionarios que “vengan mejor preparados mañana, ya que no contestaron nada”.
Desde el peronismo disidente, la cordobesa Alejandra Vigo hizo hincapié, al igual que Tagliaferri, sobre la desactivación de moratorias y la posibilidad de pensar una reforma integral del sistema jubilatorio -incluidos regímenes especiales-, así como los presupuestos universitarios.
Ya ingresada la tarde-noche, el radical fueguino Pablo Blanco -rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía-, requirió a Francos diera precisiones sobre el último artículo del paquete fiscal y las implicancias negativas a los beneficios impositivos para productos electrónicos de su provincia que rigen en la actualidad. Y adelantó que no acompañará las facultades delegadas que aparecen en la ley de bases.
Finalizada la primera jornada de debate, desde el oficialismo prefirieron no confirmar la obtención de dictámenes pasado mañana. Tampoco lo descartaron. No es la opción que dejó, entre líneas, la discusión de esta tarde en el Senado. En paralelo, el radicalismo, que empujó eventuales modificaciones a las leyes, se reunía con sus gobernadores.