El Ministerio de Capital Humano, rechazará un “recurso administrativo” presentado por la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para que la titular de la cartera, Sandra Pettovello, deje sin efecto la disolución del plan Potenciar Trabajo y la creación, a través de la “Resolución Nº 84/24″, los programas “Volver al Trabajo” y de “Acompañamiento Social”, que lo reemplaza.
Desde el Gobierno de La Libertad Avanza aseguraron que la organización gremial “fundada por Juan Grabois y por medio de su representante legal Walter Alejandro Gramajo, quiere que la gente que recibe beneficios económicos por parte del Estado nacional por su situación de precariedad económica siga cobrando, aunque viaje por el mundo o se dedique a violar el derecho del resto de los habitantes de la nación a circular libremente”.
Desde la Casa Rosada fueron contundentes al ser consultados por Infobae: “Sin lugar a duda, el planteo disparatado de la organización creada por Grabois tiene como finalidad seguir aprovechándose de la necesidad de la gente para su beneficio propio”.
Según pudo saber este medio, el rechazo a la pretendida mediada de la UTEP será firmada por la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Giannini, se realizará en las próximas horas.
Funcionarios de la cartera interpretaron que en el escrito se “mezclaron cuestiones administrativas con judiciales”, por eso se está evaluando “que tipo de trámite se dará”. Lo seguro es que el “el recurso de revocación jerárquico en subsidio fechado el 2 de mayo, y recibido un día después por las autoridades de Capital humano “será rechazado”.
En ese escrito, Gramajo, secretario general de la UTEP, pidió que “se proceda al dictado de la suspensión de los efectos de la resolución del Ministerio de Capital Humano N°84/2024 hasta que la justicia se expida sobre su legalidad”; “se declare nula de nulidad absoluta” la misma resolución firmada por Pettovello y “en caso e decisión en contrario a lo solicitado en la presente, se tenga por presentado en los mismos términos Recurso Jerárquico ante quien corresponda”.
El escrito esta firmado por “Peluca” Gramajo, pero tiene el aval de dirigentes sociales como uno de los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y ex funcionario de Alberto Fernández en el ex ministerio de Desarrollo Social, actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, ex funcionario en la misma cartera y actual integrante del gobierno provincial de Axel Kicillof, el ex precandidato presidencial del Unión por la Patria, Juan Grabois y el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi. También de la totalidad de la conducción de la UTEP, como, por ejemplo, Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán.
Todos ellos, junto a la Unidad Piquetera, también impulsan la protesta que mañana realizarán con cortes y marchas en distintos puntos del país y la Ciudad de Buenos Aires contra la política social y económica que encabeza Javier Milei y Sandra Pettovello por la baja en programas sociales, despidos en el Estado y falta de asistencia en los comedores y merenderos comunitarios, como la entrega de alimentos.
Según la documentación a la que accedió este medio, el “Recurso de Revocación” presentado por la UTEP está basado en el dictado de la resolución del Capital Humano, que consta de tres anexos ,a través de los cuales se dispone que serán dados de baja de forma automática los beneficiaros de los programas “Volver al Trabajo” y de “Acompañamiento Social” -antes Potenciar Trabajo- que realicen piquetes, interrupción de tránsito, actos de violencia, alteración del orden público y, entre otros puntos que hayan viajado al exterior por un tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación.
Las normativas están fechadas los días 3, 8 y 9 de abril. Entre los “motivos de egresos” se sostiene que podrán ser dados de baja del beneficio solventado por el Estado Nacional: “Quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata, procediéndose a suspender el pago del beneficio”.
Otro de los puntos destaca que también serán desafectados de cualquiera de los dos programas en caso de “incurrir en actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes”.
Estos no son los únicos motivos cuestionados por la UTEP. También impugnan que se dará de baja a los beneficiarios que hayan viajado al exterior “tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente o a destinos que no guarden relación con su situación de vulnerabilidad”.
También apuntan a quienes “hayan realizado gastos y/o consumos dentro y fuera del país con tarjetas de crédito y/o débito y/o billeteras virtuales en los últimos seis meses, cuyo promedio mensual supere el monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil”.
Sobre este punto, la presentación de Gramajo, en representación de la UTEP interpreta que la cartera de Pettovello “se excede en sus facultades discrecionales dado que 2el hecho de que una norma permita optar por una consecuencia jurídica entre varias posibles no releva a la Administración de decidir sobre la base de fundamentos que justifiquen objetivamente la elección que realice y sean explicados en la decisión”.
Sobre la decisión ministerial de dar de bajas al programa social a los beneficiarios que realicen piquetes o cortes de rutas y arterias, es decir los que violen el protocolo del Ministerio de Seguridad impuesto por Patricia Bullrich, la UTEP esgrimió que es un requisito que resulta “manifiestamente ilegal y arbitrario”. “Lo es toda vez que viola garantías constitucionales, además de arrogarse una competencia que no ha sido adjudicada al Ministerio de Capital Humano que no tiene competencia para generar normativa de carácter penal para justificar una expulsión injustificada de un beneficiario de ayuda social”.
Es por alguno de estos argumentos que desde Capital Humano afirman que la presentación administrativa deberían ser analizada por la justicia y excede a la revocación de un “recurso administrativo”.
“La Unión de Trabajadores de la Economía Popular fundada por Juan Grabois por medio de su representante legal Walter Alejandro Gramajo presentó un recurso administrativo contra la Resolución Nº 84/24 mediante la cual el Ministerio de Capital Humano estableció los lineamientos generales y operativos del otrora programa Progresar ahora llamado “Volver al Trabajo”, insistieron desde la cartera de Pettovello.
Y opinaron: “Sin lugar a dudas, el planteo disparatado de la organización creada por Grabois tiene como finalidad seguir aprovechándose de la necesidad de la gente para su beneficio propio”.