El acto de la CGT por el Día del Trabajador: críticas a Milei en un anticipo del paro general del 9 de mayo

Javier Milei logró algo no tan habitual en los últimos años: que la CGT realice una movilización el 1° de mayo para conmemorar el Día del Trabajador. La concentración de hoy tuvo un sesgo muy crítico contra el Presidente, con un documento que lo acusa de “implementar un ajuste brutal en nombre de una mal entendida libertad de mercado”. Afirmó que “todos los derechos sociales, laborales, sindicales y profesionales se encuentran amenazados”.

La dirigencia cegetista, luego de haber participado de la multitudinaria marcha universitaria, inició este miércoles, desde las 10, su propia movilización de protesta pocos días antes de su segundo paro general contra la administración libertaria, que será de 24 horas y tendrá lugar el 9 de mayo.

Los manifestantes de los diferentes sindicatos, a los que sumaron organizaciones piqueteras, marcharon por la avenida Independencia hasta Paseo Colón y llegaron al Monumento Canto al Trabajo, ubicado frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se decidió que no hubiera escenario, palco ni oradores. La conducción de la CGT tiene prevista una conferencia de prensa que tendrá lugar a las 13 en la histórica sede de Azopardo 802. Después de la lectura del documento, titulado “En defensa de los derechos laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical”, de dos carillas, que incluye un fuerte ataque al Gobierno, y que fue anticipado anoche por Infobae.

En el texto se advirtió que “todos los derechos sociales, laborales, sindicales y profesionales se encuentran amenazados” y destaca que “es un día de reivindicación y defensa de las conquistas y derechos adquiridos que se pretenden vulnerar sin respetar la voz de las y los trabajadores”. “Transitamos un grave momento como país y como sociedad -agrega-. Un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.

Al brindar precisiones sobre sus cuestionamientos, la CGT destacó: “Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impiden la adecuada actualización de los salarios. Recesión. Aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los niveles de consumo básicos que, en la práctica, representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”.

“Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones -continuó el documento cegetista-. Un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales son sólo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta, sino que recae sobre los sectores más vulnerables”.

La declaración añadió que “el gobierno no muestra un programa económico sustentable ni consistente” y que no practica “el diálogo social y sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, agrede y desecha a los trabajadores y a sus organizaciones, y menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar”. Además, resalta que la Casa Rosada “se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública y la ciencia, la tecnología y la cultura”.

En el final del texto, la CGT enfatiza que pone “a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales la construcción de un programa de consenso multisectorial que nos permita avanzar hacia una agenda de diálogo”. Se alude así al documento llamado “Agenda para un nuevo contrato social”, difundido a mediados de abril, que utilizará la central obrera para debatir sus ideas con otros sectores y en donde figuran propuestas de cambios en la legislación laboral, educación, política industrial, seguridad social, defensa nacional, política energética, transporte, reforma trributaria, protección del medio ambiente, reforma tributaria y seguridad, entre otros temas.

Al menos en la versión del documento al que accedió Infobae, curiosamente, no incluyó una palabra sobre la modernización laboral incluida en la Ley Bases que aprobó este martes la Cámara de Diputados y que ahora deberá debatir el Senado. La ausencia de cualquier mención a los cambios laborales impulsados por el Gobierno confirman que la CGT no rechaza la iniciativa. En realidad, como anticipó este medio, el proyecto sancionado por los diputados contempla una reforma laboral que sufrió una fuerte poda para adaptarla a los reclamos sindicales: pasó de 58 artículos a 16 y del texto final fueron eliminados prácticamente todos los puntos que irritaban al gremialismo.

El proyecto aprobado en la Cámara Baja fue celebrado en forma reservada por Hugo Moyano y por todos los jefes sindicales: quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias, una fuente de financiamiento de los gremios a través de los convenios colectivos de trabajo, y se blindaron las protestas extorsivas ya que desaparecieron las sanciones contra los bloqueos a empresas, sólo dos de los cambios que exigía la CGT y que el Gobierno aceptó suprimir de la iniciativa, justificado en su necesidad de aprobar una ley que considera clave.

Además del plan de lucha de la CGT, que este mes incluirá la movilización de este miércoles y el paro de 24 horas del 9 de mayo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizará el lunes próximo “asambleas simultáneas entre las 8 y las 11″ que, en la práctica, paralizarán en ese horario los servicios de trenes, aviones, subtes, barcos y camiones de carga.

A las demandas de la CGT, los sindicatos del transporte sumaron con mayor énfasis el reclamo contra la restitución del Impuesto a las Ganancias, que fue eliminado en septiembre pasado por iniciativa de Sergio Massa y que hasta ahora eximió del pago del tributo a más de 800.000 trabajadores. Los jefes sindicales redoblarán ahora sus presiones para que el Senado no convierta en ley ese punto.