Moyano y la CGT festejan el avance de una reforma laboral sin los artículos que amenazaban su poder y sus cajas

La CGT mantiene, por ahora, silencio acerca de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Bases con un capítulo laboral que fue recortado en sintonía con sus reclamos. Por eso, más allá de que los gremialistas hubieran preferido eliminar más artículos, el proyecto sancionado este lunes en la Cámara baja es celebrado en forma reservada por Hugo Moyano y todos los jefes sindicales: quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias y se blindaron las protestas extorsivas ya que desaparecieron las sanciones contra los bloqueos a empresas.

Son algunos de los cambios que exigía la CGT y que el Gobierno aceptó, justificado en su necesidad de aprobar una ley que considera clave. La semana pasada, luego de que el último borrador incluía un capítulo laboral casi idéntico al DNU 70, los sindicalistas redoblaron sus contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo y con el diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, tras lo cual se concretó la marcha atrás del oficialismo: los artículos de modernización laboral eran 58 y quedaron sólo en 16, sin los puntos objetados por la CGT.

Javier Milei logró avanzar con el proyecto que le interesaba (todavía falta que lo apruebe el Senado para convertirse en ley), pero el retroceso del oficialismo en materia laboral despertó rechazos políticos y empresariales. Hace 48 horas, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció que su partido abandonará el bloque presidido por Pichetto: “Milei eligió a la CGT de Moyano. Por eso, con todo el respeto y cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque”. Y agregó: “Nos vamos para mantener autonomía; nosotros con Moyano no podemos estar”.

Los empresarios pyme que fueron -y son- víctimas de los bloqueos por parte de los sindicatos, por su parte, sintieron que los recortes aceptados por el Gobierno fueron casi un acto de “traición”. Por algo el comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), conformado por un grupo de empresarios y productores en apoyo de los cambios laborales del DNU 70, sentenció: “Una reforma a medias no es una reforma. Una modernización a medias no moderniza”. Como un símbolo del retroceso oficial, el jueves pasado, mientras los diputados decidían eliminar las penas contra los responsables de esas protestas extorsivas en el plenario de comisiones, un grupo del Sindicato de Camioneros mantenía bloqueado por cuatro horas el playón de la empresa Expreso Demonte, en Villa Soldati.

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que preside Juan Méndez, les pidió infructuosamente a los diputados que incluyeran otra vez en la Ley Bases el artículo que sanciona los bloqueos y advirtió: “Estar en contra de los bloqueos no es desconocer el derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, sino estar en contra de actos delictivos que se cometen en esa protesta. No existe ninguna ley en nuestro país que legalice la turbación de la posesión, la extorsión, las amenazas, la violencia física y verbal, el desbaratamiento de empresas, la violación de la propiedad privada, tan bien tipificados en el Código Penal de la Nación”.

En la sesión de Diputados de esta tarde, el bloque de la Libertad Avanza rechazó las propuestas de modificaciones realizadas por la bancada de la UCR, a través del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, quien pidió incorporar en el proyecto la penalización de los bloqueos sindicales y la eliminación de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos.

El festejo sindical, sin embargo, no pudo ser tan amplio. Aunque se quitó del proyecto de Ley Bases la limitación a las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, beneficiará sólo a los gremios del sector privado: quedó en el texto aprobado por Diputados el artículo 62 del capítulo sobre Empleo Público, que pone en jaque ese beneficio para los estatales.

En el texto de la iniciativa que ahora tratará el Senado se contempla la sustitución del artículo 13 de la Ley N° 24.185 por el siguiente: “Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación tendrán validez sólo para los afiliados. Para los no afiliados sólo será factible de constatarse la autorización previa y expresa para realizar dicho descuento”.

De esa forma, los sindicatos del sector público podrán descontarle del sueldo a los no afiliados una cuota solidaria solamente si esos trabajadores lo autorizan de manera ”previa y expresa”, lo que significa, en la práctica, que correrá peligro ese recurso de financiamiento porque hoy, al incluirse en el convenio colectivo, se da por sentado su carácter de obligatorio para todos los empleados.

Las cuotas solidarias comenzaron a incorporarse en los convenios colectivos de trabajo en los años 90 como una forma de compensar la desafiliación sindical a raíz de los cambios económicos que dispuso el menemismo. De esa forma, empresarios y sindicalistas pueden acordar que los no afiliados tengan que hacer un aporte al sindicato, así como lo hacen los afiliados, debido a que también son beneficiarios de los logros obtenidos por cada organización gremial. Ese recurso, en la práctica, se convirtió en una millonaria herramienta de recaudación adicional para los sindicalistas.

El DNU 70, sin embargo, autorizaba el pago esas cuotas solidarias a los sindicatos sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. La preocupación de los gremios fue confirmada por Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más numeroso del país: “Si este decreto voltea (las cuotas solidarias) pone en bancarrota a todo el gremio -alertó-. “Tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato.

Ese punto fue uno de los principales motivos por los cuales la CGT impugnó el capítulo laboral del decreto y logró que la Justicia lo frenara. Aun así, el Gobierno volvió a incorporarlo la semana pasada en el último borrador de la Ley Bases, pero luego de la presión sindical se eliminó del texto, al menos en el sector privado, junto con otros artículos retirados por el Gobierno por un pedido expreso de la central obrera como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación, cambios en el régimen del teletrabajo, la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas y las sanciones contra los bloqueos sindicales contra las empresas, entre otros.

También sacaron de la propuesta del Poder Ejecutivo un artículo que amenazaba dos puntos clave de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.

Los libertarios admiten que la última versión de la modernización laboral, aprobada por Diputados, “no es una reforma sino un paso mínimo que marca una tendencia”. Pero confían que, pese a la poda de su contenido, los 16 artículos que sobrevivieron ayudarán a generar empleo. Lo mismo creen expertos en el mercado de trabajo: “Si aprueban la derogación de las multas por la falta de registro de los trabajadores, se resolvería el 80% de los problemas laborales del país”, señalan.

La mesa chica de la CGT deliberó este lunes para definir los detalles de la movilización que realizará este miércoles por el Día del Trabajador hasta Paseo Colón e Independencia, aunque también se evaluó un informe técnico realizado por 12 abogados sindicales, donde se analizaron los 16 artículos de la modernización laboral que formaron parte del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.

Ahora, tras la sanción de la Ley Bases en Diputados, la CGT decidió redoblar las presiones para que el Senado haga cambios en la modernización laboral del Gobierno: si bien logró que se recortaran 42 artículos de la iniciativa original, a los sindicalistas les preocupan que hayan quedado, entre otros, el que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, y el que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”.

Sin resignarse, la central obrera hablará con las distintas bancadas de senadores para que cuando traten el proyecto con sanción de Diputados introduzcan modificaciones. En La Libertad Avanza buscarán que la Cámara Alta debata la Ley Bases entre el 22 y el 23 de mayo para que esté aprobado definitivamente antes del 25, día en que Javier Milei quiere que se firme el Pacto de Mayo con los gobernadores. Sin embargo, si el Senado cambiara el texto que viene de Diputados, tendrá que volver a esa cámara para debatirse de nuevo. A eso justamente apunta la estrategia de la CGT.

Los diputados finalmente aprobaron por mayoría aprobar la reforma laboral sin los nuevos cambios que reclamaba la CGT. En las últimas horas, el Gobierno les pidió a los sindicalistas que aceptaran el proyecto tal como estaba, con el compromiso de que, cuando se convirtiera en ley, iba a redactar un decreto reglamentario para evitar la posibilidad de “abusos y pérdida de derechos laborales”.

Este fin de semana, la dirigencia cegetista estuvo en contacto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que el Gobierno accediera a eliminar más artículos que, a su juicio, afectan los derechos de los trabajadores, pero el funcionario rechazó el pedido y advirtió: “No parece muy razonable que quieran ganarlas todas”. Por lo aprobado hasta ahora, al menos, ganaron casi todas. Falta saber si, tras el paso de la Ley Bases por el Senado, la victoria de Moyano y la CGT será completa.