“Ridícula”, “calmate”, “dale un rivotril que está sacada”: el tratamiento de la Ley Bases comenzó con una fuerte discusión

La sesión en Diputados para tratar la nueva Ley Bases comenzó pasadas las 12.20 y con un escándalo: legisladores del oficialismo y oposición se enfrentaron, casi a los gritos, por el formato que la mayoría del cuerpo ya había acordado en Labor Parlamentaria: sin cuartos intermedios y por capítulos, no artículo por artículo.

Así, a los pocos minutos del inicio de la discusión, mientras la palabra la tenía el radical Rodrigo De Loredo, se pudieron escuchar en el recinto de sesiones palabras como “ridícula” o “calmate”. Inclusive, una legisladora pidió darle “un rivotril, que está sacada”, a la diputada Ana Carolina Gaillard.

“Entiendo el apuro y que le quieren dar celeridad al trámite, pero ante el solo pedido de un diputado el reglamento habilita que se debata artículo por artículo”, señaló la legisladora del Frente de Todos de forma vehemente. El destinatario fue el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Misma crítica que Gaillard realizó Agustina Propato y el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Arrancamos mal”, planteó.

En la sesión de hoy, el oficialismo aspira a lograr media sanción para la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambas tuvieron dictamen de comisión la semana pasada y cuentan, a priori, con respaldo parlamentario suficiente para trasladar la discusión al Senado.

Será la segunda vez que el oficialismo intentará aprobar en la cámara baja la ley ómnibus, tras el ensayo fracasado durante el verano, en sesiones extraordinarias, que terminaron con una aprobación en general pero en un naufragio al momento de los votos necesarios durante la discusión en particular. Tras varias semanas de renegociación, llegó al Congreso una segunda versión, más acotada, del mismo proyecto.

Ese mismo texto de ley experimentó, además, cambios con relación al primer borrador que hizo circular la Casa Rosada entre los gobernadores para conseguir su visto bueno y, por derrame, un posterior “poroteo” de votos favorable en el recinto. Además, adjuntó un paquete fiscal, con iniciativas variopintas en términos impositivos, que dotarán al fisco nacional y las provincias de mayores recursos. Fue esa, posiblemente, la llave para destrabar el tratamiento de la ley de Bases.

El paquete de leyes introduce modificaciones a la legislación de una serie de aspectos, entre ellos cambios al régimen laboral -que aún así serán menores a los que preveía el proyecto en una primera instancia-, un listado acotado de empresas públicas sujetas a privatización, una nueva figura para el sistema previsional. Y, en el paquete fiscal, una buena cantidad de novedades en impuestos, junto con una amplia moratoria y un nuevo blanqueo de capitales.

Entre otros puntos, la ley contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Quienes se encuadren en esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual es equivalente al 80% de la jubilación mínima ($260.141,60 contemplando el refuerzo) y no deja derecho a pensión por viudez. En mayo, los beneficiarios de la PUAM cobrarán $222.113 divididos en $152.113 y $70.000 del bono que anunció el Gobierno.

Según la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Ejecutivo deberá definir qué adicionales percibirán sobre ese piso.

Por otro lado, hasta último momento se discutió en comisiones la modificación laboral que propuso el oficialismo. El cambio quedó finalmente reducido a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo, a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

También, entre otras modificaciones, fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales. La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.