Tras el recorte de la reforma laboral, la CGT presiona por más cambios y el Gobierno apuesta a una contraoferta secreta

Si la fuerte presión de la CGT logró que se recortaran 42 artículos de la reforma laboral libertaria, ¿por qué ahora no redoblaría su ofensiva por más cambios en la Ley Bases que tratará el Congreso? Es la pregunta que sobrevolará la reunión que la mesa chica cegetista tendrá este lunes para analizar lo que quedó en pie del proyecto y decidir si mantiene su estrategia o la rediseña, con un telón de fondo: el debate sobre el levantamiento del paro general de 24 horas dispuesto para el 9 de mayo.

Desde que la motosierra pasó por la iniciativa oficial, la conducción de la CGT puso a 12 abogados de varios sindicatos a evaluar cada uno de los 16 artículos que se salvaron de la poda y que forman parte del proyecto que debatirá la Cámara de Diputados. La tarea de los expertos siguió con reuniones este fin de semana para que los dirigentes tengan las conclusiones cuanto antes, pero hay una conclusión general: aún quedan puntos en la iniciativa que “afectan los derechos de los trabajadores”.

Uno que los abogados cegetistas consideran “inaceptable” es el artículo 93, que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, pero, a juicio de los técnicos, consagra la “deslaboralización”, es decir la desprotección laboral. Aquí hay coincidencias entre la CGT y la CTA Autónoma, cuyo Instituto de Estudios y Formación (IEF) advirtió que esos trabajadores “dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales; carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo”. “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”, enfatizaron en esa central obrera.

Los expertos jurídicos de la CGT también objetan, entre otros, el artículo 91, que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.

De todas formas, el proyecto oficial mantuvo sin alteraciones una serie de cambios en el régimen laboral de los empleados públicos que puso en pie de guerra a los sindicatos del sector. En el informe del IEF de la CTA Autónoma se detalla: “Facilita el despido de quienes se desempeñen en órganos u organismos suprimidos, o que fuesen afectados por un cambio en la asignación de funciones. En estos casos, se establece que los trabajadores respectivos quedarán automáticamente en situación de disponibilidad, sin tener derecho, como establece la regulación actual, a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Asimismo, los obliga durante el plazo de disponibilidad a desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado”.

Además, según ese estudio, el proyecto también “elimina los obstáculos para poner en disponibilidad a trabajadores que se encuentran gozando de licencias con o sin goce de haberes, incluyendo las licencias por enfermedad o accidente, embarazo y matrimonio” y mantiene intacta la limitación para que los sindicatos cobren la cuota solidaria a través del convenio colectivo, al obligar a que los trabajadores no afiliados brinden su autorización expresa para que se les descuente”.

Son apenas algunos de los puntos de la reforma laboral light que la CGT pedirá este lunes que se eliminen del proyecto del Poder Ejecutivo. Los abogados sindicales están en contacto permanente con la Secretaría de Trabajo para sondear hasta dónde el Gobierno aceptaría más recortes en la iniciativa. La respuesta que les llegó desde el entorno de Julio Cordero, secretario de Trabajo, fue diplomática, pero contundente: “No parece muy razonable que quieran ganarlas todas”. Quienes conocen a los gremialistas saben que son insaciables. Si lograron bajar 42 artículos, seguramente irán por más.

El Gobierno, de todas formas, ya les hizo saber que podría resignar el artículo del “trabajador independiente” para facilitar la sanción de la Ley Bases, pero no el que fija una indemnización agravada en los casos de despidos discriminatorios. “Si tenemos que aceptar eso, preferimos renunciar”, aseguraron en Trabajo. Los libertarios admiten que la última versión de la modernización laboral “no es una reforma, sino un paso mínimo que marca una tendencia”. Confían que, pese a la poda de su contenido, los 16 artículos que sobrevivieron ayudarán a generar empleo. Lo mismo creen expertos en el mercado de trabajo: “Si aprueban la derogación de las multas por la falta de registro de los trabajadores, se resolvería el 80% de los problemas laborales del país”, señalan.

Como muestra de buena voluntad, en la Casa Rosada les pasaron un mensaje a los sindicalistas: “Acepten el texto de la ley tal como quedó y los puntos que siguen sin conformarlos, como el de los trabajadores independientes, los resolvemos mediante el decreto reglamentario”. Es uno de los aspectos que debatirá la mesa chica de la CGT cuando delibere este lunes por la tarde.

Milei quedó en una encerrona de la que era imposible escaparse. Incluyó la reforma laboral en la Ley Bases para asegurarse de que iban a tratarla en el Congreso, pero esa decisión lo obligó a aceptar casi lo que sea con tal de que se apruebe una de las leyes clave para su gobierno. “Si la modernización laboral iba por separado tampoco la hubieran sancionado así como estaba”, reconocieron en la Casa Rosada para justificar que hayan aceptado que de los 58 artículos originales quedaran sólo 16.

En Trabajo, de todas formas, aclararon que no es cierto, como se quejó el diputado Miguel Angel Pichetto, que “el domingo por la noche apareció un nuevo texto de la Ley Bases donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos”. Cordero procuró sintetizar en el último borrador el contenido de los proyectos laborales del PRO y de los de la UCR, más algunas observaciones de legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal. Lo que dicen en el Gobierno es que Pichetto, una vez que tuvo en sus manos esa versión de la Ley Bases, llamó el lunes pasado a dirigentes de la CGT como José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) para alertarlos sobre la “maniobra” oficial de impulsar otra vez el contenido laboral del DNU 70 frenado por la Justicia. Ese día, abogados de la CGT trabajaron con asesores de Pichetto para analizar el texto y marcar en rojo los artículos “hostiles” hacia el sindicalismo.

En forma simultánea, jefes cegetistas como Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA) se reunieron en secreto con el asesor presidencial Santiago Caputo movidos por la misma preocupación ante un borrador de la Ley Bases que se parecía mucho al DNU de Milei. Para entonces, Pichetto, en su piel de operador de la CGT, anticipó que no votaría la propuesta oficialista, calificó de “ataque sorpresivo” la inclusión de 60 artículos con cambios en la legislación laboral, criticó a Cordero por esa supuesta jugada y recordó el trauma de la “Ley Mucci”, el proyecto de democratización sindical que promovió Raúl Alfonsín apenas asumió y que se frustró por sólo un voto en el Senado.

La rebelión de un sector de la oposición dialoguista derivó en el drástico recorte de la ley, con la eliminación de todos los artículos que molestaban a la CGT. En realidad, quedó uno que irritaba particularmente a los Moyano porque sancionaba los bloqueos sindicales, pero Pichetto, una vez más, exigió borrarlo del texto final en el plenario de comisiones de Diputados. El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal pidió sacarlo porque no había que incluir “nada que afecte a la CGT”.

En el camino, quedó neutralizada una propuesta de Cordero que había sido consensuada con legisladores opositores de mantener la limitación a las cuotas solidarias, pero con menos rigor que en el DNU y el borrador de la Ley Bases: exigía que el descuento no superara el 2% del sueldo del trabajador, que se estableciera una vigencia determinada y que tuviera una contraprestación. La que terminó festejando la capitulación oficial fue la CGT, por más que el Gobierno esté ahora más cerca -en teoría- de la sanción de las reformas que tanto le interesan. Aun así, hay temor en las filas libertarias: como se sabe, una vez que los proyectos se tratan en el recinto pueden convertirse en cajas de Pandora. Nadie descarta que sorpresas incorporadas a último momento por los diputados.

Los empresarios pyme que fueron -y son- víctimas de los bloqueos por parte de los sindicatos sintieron que los recortes aceptados por el Gobierno fueron casi un acto de “traición”. Por algo el comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), conformado por un grupo de empresarios y productores unidos para apoyar los cambios laborales del DNU 70, sentenció: “Una reforma a medias no es una reforma. Una modernización a medias no moderniza”. Como un símbolo del retroceso oficial, el jueves pasado, mientras los diputados decidían eliminar las penas contra los responsables de esas protestas extorsivas, un grupo de activistas del Sindicato de Camioneros mantenía bloqueado durante cuatro horas el playón de la empresa Expreso Demonte, en Villa Soldati.

Algunos la vieron lagrimear de bronca a la diputada del PRO Verónica Razzini, autora de un proyecto que era un espejo del DNU en materia laboral, cuando se enteró de que el Gobierno adaptó la reforma laboral a la medida de los deseos de la CGT: antes de asumir su banca presidía el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), entidad que creó con otros dueños de pymes luego de que Camioneros bloqueó su empresa en Rosario durante 90 días, entre agresiones, intimidaciones con armas de fuego y 3 disparos contra su local a modo de amenaza mafiosa. Por eso algunos empresarios decepcionados rebautizaron como “ley Moyano” a la versión light de la reforma laboral.

La euforia cegetista por el drástico giro libertario es tanta que hay dirigentes que propondrían suspender el paro general del 9 de mayo si el Gobierno accede a más recortes en la reforma laboral y a convocar a una mesa de diálogo tripartita de la que participe el sindicalismo y el empresariado. Otros son reacios a firmar una tregua: creen que si desisten de la huelga serán atacados por varios sectores políticos y sociales, e incluso por sus bases, donde creció el malestar contra Milei.

De todas formas, el almanaque no ayuda a un debate profundo sobre el tema: el martes, la CGT participará del Consejo del Salario junto con el Gobierno y los empresarios para definir un aumento del sueldo mínimo y al día siguiente se realizará la movilización cegetista del 1° de mayo ante el Monumento al Trabajo, en las avenidas Paseo Colón e Independencia. Si llegaran a insinuar antes que podrían levantar el paro, el sector dialoguista de la CGT la pasaría mal en la concentración. Hace 7 años, en un acto callejero, la presión para que la CGT definiera un paro contra Mauricio Macri hizo que grupos radicalizados increparan al triunvirato de conducción cegetista y lo obligaran a refugiarse en el Sindicato de Comercio, mientras los más enojados se robaron el atril con el logo de la CGT.

Hoy se siguen notando los reflejos traumáticos de esos incidentes. Una parte de la CGT quiere dialogar y acepta debatir la reforma laboral, pero otra fracción interna se resiste a cualquier cambio en la legislación y reclama una oposición feroz contra Milei. Por eso en estas horas, aun paladeando el sabor del triunfo por la marcha atrás del Gobierno con su modernización laboral, la interna sindical puede llevar a que la CGT juzgue insuficiente lo que logró y siga empujando por más recortes o por otros temas sensibles, como frustrar la restitución del Impuesto a las Ganancias que busca el oficialismo (si se aprueba el proyecto fiscal, unos 800.000 trabajadores pagarán el gravamen).

De todas formas, cada vez son más los dirigentes que quieren establecer un paréntesis en la pelea con la Casa Rosada. “Ya aflojaron mucho con la reforma laboral. No podemos seguir reclamando cambios en la ley”, admitió un dirigente que hace de la negociación un culto y que, además, sabe que es suicida dinamitar todos los puentes con el gobierno de turno. Es lógico: Pichetto no los puede salvar de todos los problemas que atraviesan los sindicalistas. Por ejemplo, el torniquete de fondos que representará para las obras sociales más chicas el reciente decreto 355, que cambió el sistema de distribución del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Antes, el subsidio se otorgaba según parámetros que permitían equiparar los beneficios entre las obras sociales más allá de su cantidad de afiliados. Ahora, alertó la CGT, la decisión oficial “podría acarrear una disminución significativa en los ingresos, particularmente para aquellas obras sociales con menos de 5000 afiliados”.

La dirigencia cegetista siempre habló sobre estos temas en forma directa con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde trataba de influir en la designación de alguien de sus filas o de confianza porque se trata del organismo que administra los millonarios fondos de las obras sociales. Hoy, luego del desplazamiento del bullrichista Enrique Rodríguez Chiantore, la Superintendencia está presidida por Gabriel Oriolo, con quien la CGT todavía no pudo sentarse a conversar desde que este ex directivo de OSDE asumió su cargo, hace tres meses y medio.

Por este tipo de cuestiones hay dirigentes de la CGT que quieren evitar una ruptura total de relaciones con el Gobierno y se sacan chispas con colegas que apuestan a intensificar las protestas para desgastar a Milei, mientras en la plana mayor libertaria ya definieron que no harán más esfuerzos para evitar el paro del 9 de mayo. Después de todo, pasó una semana en la que el mileísmo retrocedió muchos casilleros con la reforma laboral y, pese a ese gesto, los sindicalistas amagan con seguir pateando el tablero como si fueran los dueños de todas las fichas.