Las negociaciones por la Ley Bases y el paquete fiscal se prolongan, pero el Gobierno acercó posiciones con los dialoguistas

Las negociaciones sobre el texto final de la Ley Bases, el paquete fiscal y la reforma laboral continúan a contrarreloj en la Cámara de Diputados. El plenario de comisiones previsto para este miércoles se pospuso -por lo menos- hasta el jueves porque el Gobierno quiere tener asegurados los votos antes de continuar. En un marco de diálogo fluido, durante los últimos días el Gobierno rechazó algunas de las propuestas de la oposición dialoguista pero aceptó hacer modificaciones clave que allanaron el camino.

Este martes, mientras en las inmediaciones del Congreso se congregaron decenas de miles de personas para manifestarse en defensa de la educación pública, los diputados de los bloques dialoguistas (UCR, PRO, HCF e IF) estuvieron reunidos durante largas horas en el despacho del titular de la Cámara Martín Menem junto a funcionarios del Poder Ejecutivo como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete José Rolandi. Pasadas las 21, los participantes se mostraron satisfechos por haber acercado posiciones.

Según pudo saber Infobae, los representantes de la Casa Rosada ya adelantaron que eliminarán por completo el artículo 143 (ex 71 y ex 70 en versiones anteriores del borrador) ante el rechazo de la oposición, que insistía en que la redacción era demasiado amplia. El polémico artículo “pro competencia” facultaba al Ejecutivo a derogar o cambiar cualquier normativa que distorsione los precios, genere escasez o cause sobre costos.

Por otro lado, también accedieron a modificar el plazo de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. En la primera tanda de negociaciones aceptaron subir el piso de $1.200.000 a $1.800.000 pero incluyeron la actualización anual por inflación. La oposición reclamaba que sea trimestral para que el efecto inflacionario no termine por incluir a gran parte de los trabajadores exentos en pocos meses. Finalmente, el Gobierno buscó cerrar la disputa a mitad de camino, es decir, una actualización trimestral durante este año (en septiembre) para que luego se haga en forma semestral.

En cambio, afirmaron que no habrá una exención especial para trabajadores patagónicos, que reclamaban un trato diferencial con el argumento de que el costo de vida y los salarios en el sur son más altos.

En cuanto a los fondos fiduciarios -tema que desencadenó la caída de la primera Ley Bases en febrero- aceptaron que si son eliminarlos se respetará el origen de los fondos. Es decir, si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a la masa coparticipable (no al Tesoro). En definitiva, serán recursos que recuperan las provincias.

A su vez, el Gobierno tomó el reclamo opositor de incluir la reforma laboral dentro de la Ley Bases pero no adoptó como propios los proyectos presentados por la UCR o Hacemos. Más bien reformuló gran parte del capítulo laboral del DNU 70/23, que sigue suspendido por la Justicia. Entre otros puntos, se extenderá el período de prueba a seis meses, se eliminarán las multas por trabajo no registrado y se implementará de forma opcional por convenio el fondo de cese laboral (como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones).

El punto que aún genera tensiones es la eliminación o recorte de las cuotas solidarias que cobran los sindicatos a través de los convenios. La UCR impulsa una eliminación total pero tanto el oficialismo como otros sectores buscan evitar una confrontación directa con los gremios que verán afectados sus recursos.

Ante el pedido de la UCR y Hacemos el oficialismo aceptó ampliar por segunda vez la lista de organismos públicos que no podrá disolver ni intervenir. Se sumarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA (cine), el Incucai (trasplantes), el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom (comunicación), la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA (tecnología agropecuaria).

En cambio, sin dar ninguna explicación pública, los libertarios siguen negándose a incluir nuevamente el capítulo del tabaco que disponía que todas las empresas paguen los mismos impuestos. Tanto la UCR como Hacemos adelantaron que firmarán el dictamen en disidencia sobre ese punto para dejar sentado que apoyan la inclusión. Buscan así despejar cualquier sospecha sobre el lobby que habría desplegado el empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y gran beneficiario del régimen actual.

Por otro lado, la eliminación de la moratoria previsional, que permite jubilarse a las personas que no cuentan con los 30 años de aporte, será complementado con la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que permita cobrar una cifra acorde a la cantidad de años de aporte. La fórmula será: Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por año aportado, pero con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será el mínimo (si el cálculo no llega a la PUAM, igualmente cobrará ese mínimo)

El Gobierno también aceptó poner la privatización del Banco Nación en un artículo por separado (el 8) para que parte del radicalismo y de Hacemos pueda votar en contra sin hacer caer el resto de las privatizaciones. Las otras seis empresas del grupo Banco Nación, como Nación Seguros, quedaron fuera del proyecto.

No obstante, se rechazó que un informe negativo de la SIGEN pueda frenar un proceso de venta como pretendía la UCR.

Finalmente, respecto al régimen para fomentar grandes inversiones en sectores estratégicos (RIGI), la Casa Rosada no quiso bajar el mínimo de USD 200 millones para incluir a empresas de menor envergadura pero aceptó que quienes entren al régimen paguen dividendos: un 7% durante los primeros 7 años y 3,5% en adelante.