La CGT considera roto el diálogo con el Gobierno, ratifica el paro del 9 de mayo y rechaza el capítulo laboral de la Ley Bases

Con su participación en la Marcha Universitaria Federal de este martes, la CGT puso en marcha la nueva etapa de su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, que tendrá sus puntos fuertes en mayo: el 1°, una movilización al Monumento al Trabajo, en Paseo Colón e Independencia, y el 9, un paro general de 24 horas. Si había alguna posibilidad de postergar la huelga, quedó descartada tras la revelación de Infobae acerca del capítulo laboral de la Ley Bases que impulsa el Gobierno en el Congreso: “El paro es inamovible y será contundente. El borrador de la modernización laboral es igual que el DNU que rechazamos y suspendió la Justicia”, afirmó un jefe cegetista.

Aunque fuentes oficiales aseguraron que para la redacción del nuevo articulado laboral “se tomaron en cuenta el proyecto de los diputados radicales, otros que fueron presentados por el PRO y hasta algunos atenuantes respecto del DNU que podrían conformar a la CGT”, en la central obrera señalaron que no sabían nada sobre el borrador del Poder Ejecutivo y que el diálogo está interrumpido desde el encuentro que mantuvieron hace dos semanas en la Casa Rosada.

El Gobierno se había comprometido con la CGT a consensuar la “modernización laboral” que promueve mediante una ley, pero este lunes, sin consulta alguna con los sindicalistas, envió a la Cámara de Diputados el último borrador de una propuesta de “modernización laboral” dentro del proyecto de Ley Bases que tratará el Congreso y que es parecido al DNU 70 frenado por la Justicia.

De esta forma, la Casa Rosada desistió de tomar el proyecto de reforma laboral de los diputados de la UCR como base para buscar su sanción legislativa. Si no hay cambios sustanciales durante el tratamiento en comisión, el nuevo texto empeorará la relación con la CGT: allí figuran la restrictiva reglamentación del derecho de huelga en actividades que son consideradas servicios esenciales; la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas; pone en jaque la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, y considera como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”, entre otros puntos.

El borrador, en cambio, tiene algunas diferencias respecto del decreto firmado por Javier Milei: por ejemplo, reduce de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores y limita de una forma más estricta que en el DNU las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios.

Además, alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión. Figura igual, sin embargo, otro artículo sobre el tema: “Configura grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.

Se mantiene en el capítulo laboral de la Ley Bases, tal como en el DNU y otros proyectos de la oposición dialoguista, la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva un sistema indemnizatorio distinto, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

El último borrador de la Ley Bases enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados se tratará este miércoles y el jueves en un plenario de comisiones, junto con el proyecto de reforma fiscal, con la idea de que se aprueben antes de la firma del Pacto de Mayo, el 25 del mes próximo.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados tiene previsto recibir este miércoles, a las 9, a representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias y especialistas para que brinden su opinión sobre los proyectos de ley sobre reforma de la legislación laboral con estado parlamentario.

En el listado de expositores, donde no figura ningún sindicalista, están Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21; Martin Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21; Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); Juan Méndez, titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB); Esteban Carcavallo, de la Cámara de Sociedades Anónimas; Jorge Samouelian, de la Cámara Argentino Armenia para la Industria y Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y los representantes del Instituto de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados Aldana Fabiche (Quilmes), Mario Bernardo Galeazzi (Moreno-General Rodríguez), Analía García (La Matanza), Sergio Arce (Morón), Mariana Paulino Castro (Lomas de Zamora), Juan Formaro (San Isidro) y José Daniel Ruiz (Entre Ríos).

¿El Gobierno estará dispuesto a modificar el borrador cuando la Ley Bases se trate en comisión? En la oposición más cercana al oficialismo creen que no habrá tiempo de cambios: “En teoría no puede haber modificaciones -destacaron- porque vamos a debatir en comisión desde el miércoles con idea de sesionar el 29 de abril, que es el objetivo al que quieren llegar, o el 2 de mayo a más tardar”.

La decisión libertaria de no consensuar la “modernización laboral” agudizará aún más el conflicto entre la Casa Rosada y el sindicalismo. En este escenario, se reafirman la movilización del 1° de mayo y el paro general del 9 de mayo, y estas protestas se complementan con las asambleas que promueve para el lunes 6 la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que paralizarán de 8 a 11 los trenes, camiones de carga y de recolección de residuos, aviones, subtes y barcos.

La única instancia de diálogo prevista entre ambas partes será la nueva reunión del Consejo del Salario a la que convocó para el 30 de abril el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para discutir con la CGT y el empresariado el aumento del salario mínimo, que es de $202.800. El último encuentro, en febrero pasado, terminó sin acuerdo y con acusaciones sindicales de que los funcionarios “boicotearon” las deliberaciones para imponer el incremento de manera unilateral. En medio de la tensión creciente, nada indica que ahora puedan acordar una cifra, y menos a 24 horas de que la CGT concrete su movilización de protesta contra el Gobierno ante el Monumento al Trabajo.