Crisis carcelaria: superpoblación, falta de plazas y demora en la construcción de penales, con una pelea política de trasfondo

En la Ciudad de Buenos Aires hay más 2.000 presos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. Esas dependencias no cuentan con infraestructura para brindar un alojamiento prolongado, ya que son espacios destinados al alojamiento transitorio por un máximo de 72 horas, así como tampoco con medidas de seguridad adecuadas. En poco más de dos semanas, hubo cuatro episodios de fugas de detenidos en comisarías porteñas. Fueron en total 17 presos que lograron escaparse, según relevó Infobae. El episodio más reciente ocurrió en la madrugada del lunes pasado cuando dos detenidos de la comisaría de Villa Urquiza lograron escapar tras limar los barrotes de su celda. No había un sistema de cámaras para advertir la maniobra. Las fugas anteriores incluyen la de 9 presos de la Alcaidía Nro 1 de San Telmo el pasado 31 de marzo, a la que se suma la de otros dos reclusos que se fugaron de la Comisaría de Balvanera y cuatro más de la seccional de Caballito.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Waldo Wolff, buscaron relativizar esa cifra. “En el 2023 hubo un total de 41 fugas y en el primer trimestre de este año tuvimos 10, eso indica que estamos dentro de las estadísticas del año pasado. Ahora tenemos un total de 12 fugas en lo que va del año, pero teniendo un 22% más de detenidos por robos y hurtos”, precisaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Sin embargo, no confirmaron el número total de presos que se escaparon en lo que va de 2024, y advirtieron que varios “fueron recapturados”.

La Ciudad de Buenos Aires reclama que esos presos deberían estar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, en esta gestión, pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerse a niveles y parámetros de seguridad estándar”, le dijo esta semana Wolff a Infobae.

En la misma línea, fuentes de esa cartera reiteran que “el tema se resuelve con el Servicio Penitenciario Federal llevándose los presos que, legalmente, no le corresponden a la Ciudad. Ahora, así como la inflación no se resuelve de un día para el otro, la situación carcelaria tampoco”. En esa línea, remarcaron que “la Ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales, el resto los juzga la Justicia nacional. Por ende, le corresponden al Servicio Penitenciario Federal. De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tienen sentencia firme, ya están condenados”.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no coinciden con esa visión y afirman que eso “está discutido”, y que “no es 100% así”. Argumentan que la Ciudad es autónoma, con el estatus de una provincia, y que tiene parte de la Justicia transferida. “En las provincias, los miles de presos por delitos no federales están detenidos en comisarías y cárceles que hay en esos distritos. Es un problema endémico de la República Argentina. No es una cosa que pasa solo en la Ciudad de Buenos Aires”.

Advierten que los tres complejos penitenciarios federales en el AMBA están, a su vez, superpoblados y que hay distintas resoluciones judiciales que les impiden ingresar nuevos detenidos por las condiciones de hacinamiento. Y, en ese sentido, destacan que la Ciudad aún no construyó la cárcel en Marcos Paz a la que se había comprometido por un convenio firmado en 2018 con la Nación, para trasladar allí a los detenidos de su distrito.

“El problema es que no estamos en condiciones de llevarlos hoy (a los detenidos en comisarías porteñas) a una cárcel, porque no tenemos adónde llevarlos. Tenemos que buscar con la Ciudad lugares alternativos para el stock de 2.000 presos que hoy son una cárcel completa. Y nosotros vamos ocupándonos del flujo, es decir de los 100 presos que por semana entran a las cárceles federales. Ellos tienen que terminar de construir una cárcel que está al 70% en Marcos Paz”, argumentó la ministra Bullrich en declaraciones a La Nación+ en una disputa solapada con las autoridades porteñas.

“Por otro lado, estamos presentándole un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre una cantidad de hábeas corpus de los mismos jueces que nos dan instrucciones contradictorias. Hay jueces que nos dicen ‘pongan dos camas en cada de las celdas’ y otro que nos dice que ‘está prohibido’. Uno nos dice que la capacidad de Marcos Paz es de 1000 presos, y otro que es de 1800″, se quejó.

El problema comenzó en 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández resolvió restringir por el COVID los ingresos a las cárceles federales. Esto implicó que comenzara a registrarse un aumento de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Antes de la pandemia había 60 presos detenidos en CABA, hoy hay más de 2.000 con espacio para 1.000. Esta superpoblación de las comisarías y alcaidías, sumado a que detenemos más de 80 delincuentes por día, hace que sucedan estos hechos (por la reiteración de las fugas). Estamos deteniendo un 22% más y no vamos a dejar de detener. Eso, paradójicamente y por la positiva, agrava la situación”, argumentan en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Al 31 de marzo de 2024, había 2.025 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en CABA, según los últimos datos publicados esta semana por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). El 96% (1.940) se encontraban en dependencias de la Policía porteña. De esta cifra, 1.246 presos se alojaban en alguna de las 34 alcaidías que hay en la Ciudad, destinadas a la permanencia temporal de aquellos detenidos que tienen que ir a declarar o son citados por la Justicia. Pero el cupo en las alcaidías es de 798 plazas, por lo que el excedente es de 448 privados de su libertad en estas dependencias, sin condiciones adecuadas para estadías más prolongadas.

Otros 449 detenidos estaban en las 70 comisarías vecinales porteñas, cuya disponibilidad de celdas es para 243 personas en total, casi la mitad. En tanto, 235 se encontraban a la espera de ser trasladados, aunque sin destino conocido. Este último grupo, según registros de la PPN, son personas que permanecen esposadas las 24 horas del día en oficinas, quinchos, depósitos, subsuelo, guardia interna, entre otros espacios no apropiados para alojar a personas privadas de libertad.

Los tiempos de permanencia promedio en las alcaidías es de 127 días, pudiendo llegar hasta 970 días, mientras que en las comisarías vecinales el período medio es de dos meses, con situaciones que se extienden hasta 497 días. Asimismo, aquellas personas en espera de traslado a una instalación adecuada permanecen en promedio casi 19 días en dicha condición.

Además de los alojados en la policía de la Ciudad, a finales de marzo, había 66 alojados en dependencias de la Policía Federal Argentina, 8 en Gendarmería Nacional, 9 en Prefectura Naval y 2 en Aeroparque, bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación revela que el 58% de individuos está en prisión preventiva, un 28% a la espera de una decisión judicial y un 14% ya condenados. La mayoría de las personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad son hombres jóvenes, con un 96,8% de varones y 3,2% mujeres. La edad promedio de los detenidos es de 33 años, y el 42% de ellos tiene menos de 30.

A la Ciudad le cuesta $1.000 millones por mes mantener a los presos en dependencias de la Policía local, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Pero más allá del costo económico, el tema de los detenidos en comisarías y alcaidías porteñas esconde una pelea política heredada de las gestión anterior, entre las autoridades de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde la cartera a cargo de Bullrich recuerdan que la Ciudad no construyó aún el complejo penitenciario V en Marcos Paz, como se había acordado en 2018 entre ese distrito y la Nación, en un terreno vacío anexo al actual Complejo Penitenciario Federal II ubicado en ese distrito bonaerense. Estaba previsto que esa nueva cárcel estaría terminada para finales de 2020 y que permitiría ampliar la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal en 2240 internos. Y uno de los principales objetivos era descomprimir la cárcel ubicada en el barrio porteño de Devoto, donde hay alojados 1.200 presos, cuando su capacidad es de 800.

En el marco de una causa judicial abierta en 2020 en la Justicia por un hábeas corpus presentado por la Defensoría porteña para darle una solución al tema de los presos en comisarías en la Capital, el Ministerio de Seguridad nacional le ofreció a su par en la Ciudad ampliar el cupo de 75 y pasar a recibir 90 detenidos por semana. También, otras 100 plazas en el interior del país - previa autorización del Juzgado respectivo para el traslado-, y 50 plazas para agresores sexuales. Si bien la propuesta fue hecha hace 20 días - según fuentes del Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich-, “aún no hubo respuesta”, aunque destacan que “hay diálogo” con la Ciudad.

Desde la Ciudad señalaron a Infobae que “las conversaciones con Nación son permanentes” y que “están trabajando” para darle una solución. “Entendemos que ellos también heredaron un problema del Gobierno anterior, al igual que nosotros. Pero el problema no es de la Ciudad. Los presos no son nuestros, no tienen que estar en comisarías y alcaidías por más de 24 horas y, sobre todo, afecta a la seguridad de los porteños, no sólo porque hay presos viviendo en la esquina de sus casas, sino porque cada policía que tenemos que poner a cuidar presos, es un policía menos que está en la calle”, advirtieron.

En el Ministerio de Seguridad de Nación afirman que de cada 100 nuevos presos en la Ciudad, 90 son por delitos bajo la órbita de la Justicia porteña o nacional, y solo diez por delitos federales. “Los que están a cargo de jueces federales están alojados en la sede de la Policía Federal de Cavia, o en la de Drogas Peligrosas, o en la Prefectura”, precisaron.

En la cartera de Bullrich, agregaron que, a la oferta anterior al equipo de Seguridad porteño, se sumó hace una semana la posibilidad de agregar 500 nuevas plazas en cárceles modulares en terrenos del SPF donde hay ya un penal. “Podrían levantarse en tres meses, mientras la Ciudad avanza con la construcción del penal comprometido en Marcos Paz. Los arquitectos del Ministerio están esperando que la gente de la Ciudad los llame para empezar a construir los modulares”.

La acumulación de presos en las comisarías porteñas deriva de la sobrepoblación de detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. A esto se suma la infraestructura carcelaria deficiente y las condiciones de detención que vienen siendo cuestionadas, en forma reiterada a través de los gobiernos, tanto a nivel nacional como internacional.

Un relevamiento de Infobae, con información al último 15 de abril, revela que en el Servicio Penitenciario Federal no hay plazas disponibles en sus cárceles dado que la capacidad operativa es de 10.932 cupos, mientras que los alojados ya suman 11.532. O sea, hay 600 presos más de los que debería haber.

De esos 11.532, el 58% de los internos del SPF tienen condena, mientras que el 42% está procesado. La mayoría son hombres (93%) y mayores de edad (97%). El 83% son argentinos y el resto extranjeros. El 20 % de los detenidos estaba desocupado al momento de su detención, y solo 47 de los más de 11.500 detenidos, tienen un título universitario. En cuanto al tipo de delitos, los relacionados con las drogas ocupan el mayor porcentaje: 38%; le siguen los delitos contra la propiedad (32%) y contra las personas (11%).

El 56% de este universo se encuentra alojado en el AMBA, donde hay tres complejos penitenciarios federales: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Pero la situación de hacinamiento carcelario derivó en distintas resoluciones judiciales que, según autoridades actuales del Ministerio de Seguridad nacional, los limita para incorporar más internos al SPF. “Por eso no podemos llevar los presos de las comisarías porteñas a nuestros penales”, afirman en la cartera de Bullrich.

En noviembre de 2019, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón fijó el cupo del Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz en 1.883 plazas, y al mismo tiempo prohibió el ingreso de nuevos detenidos. También, por una orden de la Justicia Federal de Lomas de Zamora de diciembre de 2020, la cárcel de mujeres de Ezeiza no puede tener más camas dobles en celdas individuales por la superpoblación carcelaria: había 700 detenidas cuando la capacidad era de 500. Y en la cárcel de Devoto, por un hábeas corpus, no puede haber más de 900 internos, pero ese penal aloja a unos 1.200.

La respuesta a la actual superpoblación carcelaria estaría en dos nuevos penales del SPF, cuya construcción se frenó en los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri: el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino de Coronda (Santa Fe) y el Complejo Federal de Condenados de Agote, en Mercedes (Provincia de Buenos Aires). Si bien hubo avances en ambas obras, ninguna de las dos están aún terminadas. En marzo de 2019, el entonces Ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró la emergencia en materia penitenciaria por tres años, que fue renovada en la gestión de Fernández por el ministro Martín Soria el 28 de abril de 2022 por otros dos. Esa emergencia fue nuevamente prorrogada nuevamente por dos años, el miércoles pasado, por la ministra Bullrich.

“Vamos a terminar Coronda (en Santa Fe), que ya está próxima a terminarse, y va a sumar unas 500 plazas. Ya está la autorización del área de Infraestructura (que depende ahora de Economía). También vamos a avanzar con la cárcel de Agote”, aseguraron optimistas a Infobae desde el Ministerio de Seguridad de Nación.

Coronda es un complejo de 15.767 m2 ubicado en un predio de 62 hectáreas, que permitirá sumar 462 plazas para personas privadas de su libertad. Preveía, a principios de 2022, una inversión de $344.7 millones de fondos nacionales. A diciembre de 2019, tenía un 37% de ejecución y, al finalizar el gobierno de Fernández, llegó al 95%.

En tanto, la cárcel de Agote funcionará en un predio de 58.887 m² y contempla entre 800 y 1.584 nuevas plazas, en sus distintas etapas, con una inversión total de $6.382 millones, según el presupuesto previsto por el ex Ministerio de Obras Públicas en la gestión pasada. La obra comenzó en abril de 2015, pero tuvo solo un 37% de ejecución a diciembre de 2019, cuando se produjo el recambio presidencial. Cuatro años más tarde, el avance físico llegó a solo el 52%.

Este Ministerio también prevé empezar a licitar a privados la concesión de dos establecimientos, uno en la zona de la provincia de Buenos Aires y otro en el Litoral. “Estamos ya con los diseños. La plata la pone un privado, por lo que no depende de que el Estado tenga o no los fondos para construirla. Son proyectos que construye y paga la empresa privada que gana la licitación con su capital, y el Estado le paga un canon de un repago de esa inversión a lo largo de un determinado tiempo. Además, le da la concesión de los servicios de la cárcel, como el comedor, o el mantenimiento o la lavandería por ejemplo”, explicaron. El plazo que estiman para la concesión es de entre 15 a 20 años.

Con el ajuste como prioridad del Gobierno y las limitaciones presupuestarias, la idea ya había sido adelantada por el propio presidente Milei en marzo, cuando en medio de la crisis por la escalada de crímenes del narcotráfico en Rosario, afirmó que su plan de seguridad consistiría en avanzar en la incorporación de cárceles de gestión privada y la venta de los complejos penales ubicados en el medio de las ciudades, con el objetivo de construir unidades de detención de máxima seguridad alejados de los centros urbanos.

“Hay cárceles que están en medio de la ciudad, en terrenos de real state (sic) de mucho valor en términos inmobiliarios. Básicamente, estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Eso está dentro del programa y estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”, aseguró el mandatario, en declaraciones en radio Mitre. Como ejemplo, Milei consideró como uno de los casos de los penales cuyos terrenos podrían ponerse bajo venta eran los de la cárcel de Devoto, ubicada en ese barrio porteño.

La situación de superpoblación es aún más grave en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, administradas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que tiene bajo su órbita 12 complejos penitenciarios.

Mientras que el cupo es de 26.876 plazas la cantidad alojada en los 74 establecimientos del SPB prácticamente duplica ese valor: hay 53.022 detenidos, de acuerdo a los últimos datos de marzo relevados por la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público autónomo y autárquico bonaerense que promueve políticas públicas de memoria, derechos humanos y prevención de la tortura. Al analizar el detalle por centro de detención, hay superpoblación en el 80% de los casos.

La peor situación se da en la Unidad Penitenciaria 42 de Florencio Varela, que tiene un cupo para 294 personas pero aloja a 1.120 presos. Algo similar ocurre en las unidades 31 y 32 del mismo distrito, del mismo modo que en la Unidad 43 de La Matanza y la 35 de Magdalena.

Al hacinamiento se suma el deterioro de las condiciones de detención. La infraestructura de muchas unidades penitenciarias es antigua y está deteriorada, lo que agrava los problemas de habitabilidad y acceso a servicios básicos. Los reclamos sobre la falta de atención médica adecuada, alimentación insuficiente, la violencia intramuros, y otras violaciones a los derechos humanos han generado numerosos pronunciamientos judiciales, así como informes negativos de organismos de control de la situación penitenciaria, y de derechos humanos, como los de la CPM.

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Carga y chequeo: Desiré Santander