El polémico artículo de la reforma laboral de la UCR que puso en alerta a la CGT y complica al Gobierno

El radicalismo no tiene una postura consensuada sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El bloque de senadores nacionales de la UCR impulsó un proyecto limitado que la CGT celebró casi como si fuera propio, mientras que los diputados nacionales del partido presentaron una iniciativa que rescata varios de los artículos del DNU 70, pero hay uno en el que van más allá de lo que propusieron los libertarios y que puso al sindicalismo en alerta porque afecta su financiamiento.

Lo curioso es que ese proyecto de los diputados radicales es, en teoría, el que auspiciaría el oficialismo para que el Congreso incorpore a la Ley Bases la “modernización laboral” que no pudo hacer por decreto, pero incluye ese artículo que directamente elimina las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso, a través del DNU 70, que debían contar con el “consentimiento explícito” del trabajador para ser descontada.

Sin embargo, se trata justamente del artículo que el Gobierno está dispuesto a sacar de la nueva versión de la reforma laboral para tratar de congraciarse con la CGT, tal como aseguraron los funcionarios libertarios en la reunión que mantuvieron la semana pasada en la Casa Rosada.

Lisandro Nieri, diputado radical por Mendoza y uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Infobae el sentido de los cambios que propone el radicalismo en las leyes laborales y se diferenció de la estrategia oficial de acercarse a la CGT con una reforma laboral light: “No podemos discutir el financiamiento de un sindicato a costa del bolsillo de los trabajadores”, afirmó.

— ¿Por qué presentaron el proyecto de reforma laboral?

— Presentamos el proyecto desde el radicalismo y le manifestamos al Gobierno que una reforma estructural de la Argentina requiere ordenarse en lo macroeconómico, pero que no es condición suficiente para crecer y atraer inversiones ya que hacen falta reformas estructurales. La más urgente y más necesaria de esas reformas es la laboral. Aunque el Gobierno lo había presentado en el DNU, el capítulo laboral fue suspendido por por la Justicia. Por eso nos parecía una una buena oportunidad tratarlo en el marco de de la Ley de Bases que promueve el Poder Ejecutivo.

— ¿Ustedes tuvieron un pedido concreto del Gobierno para que este proyecto fuera el instrumento del oficialismo para aprobar la reforma laboral en el Congreso?

— La iniciativa que presentamos tiene pocas diferencias respecto del proyecto oficial. Son pequeños cambios, pero también apunta a dar previsibilidad a las empresas y bajar la litigiosidad a la hora de contratar empleados. La Argentina no genera empleo formal y la informalidad superó a la formalidad, con todo lo que significa para el trabajador en negro en materia de derechos.

— ¿De qué forma revertiría ese cuadro el proyecto del radicalismo?

— Uno de los aspectos esenciales es la eliminación, o en algún caso de baja, de las multas laborales, en idéntico sentido al del DNU. Nuestro proyecto también tiene la ampliación del periodo de prueba de 3 a 6 meses. Y contemplamos también el Fondo de Cese Laboral, igual que figura en el DNU, ya que ofrece la posibilidad de una indemnización, mediante el aporte o eventualmente de un seguro, pactada de manera voluntaria y que se va a ir definiendo por sectores de la actividad económica.

— ¿Qué otros puntos incluye?

— Hay un cambio que hemos trabajado en lo que es la baja de cargas laborales para emprendimientos muy pequeños, de hasta cinco empleados. Los cinco primeros trabajadores de cada empresa tienen la posibilidad de deducir un monto vinculado al salario mínimo, vital y móvil, pero también va en sintonía con lo que planteaba el DNU, que era la figura del empleado colaborador que quedaba sujeto a reglamentación. Lo que establecía el DNU en general creo que nuestro proyecto lo satisface. Está en manos del Gobierno ver si tendrá el tratamiento legislativo que corresponda. Hay una gran oportunidad de tratarlo en los próximos días, incluyéndolo en el paquete de la Ley Bases o o eventualmente con una ley por separado para ser tratada el mismo día en el recinto.

— ¿En qué se diferencia el proyecto de los diputados radicales respecto de la reforma laboral que propone el Gobierno?

— Hay diferencias, por ejemplo, en el tema multas, en el período de prueba, donde proponemos algo más corto, y en la inclusión de la baja del costo laboral para los pequeños emprendimientos. Pero en general los dos proyectos están en sintonía. El paquete de DNU más la Ley Bases propone desregulación, simplificación, todo lo que apunta a una Argentina con el orden macroeconómico que que se está buscando a través de lo fiscal, monetario y cambiario como condición necesaria para ir hacia las reformas estructurales. Esto es una oportunidad alineada con lo que proponía el Gobierno y tenemos la oportunidad de aprobar esa ley. El régimen para las grandes inversiones se sustenta en esto, requiere una reforma laboral y podría podría ayudar como disparador de grandes proyectos.

— El proyecto de la UCR hace hincapié en declarar esencial a la educación para evitar que se repita la tendencia a paros docentes que afectan a los chicos y sus familias.

— Sí, apunta a la declaración de ciertas actividades como esenciales y, en función de eso, el nivel de prestación que se tiene que asegurar. En nuestro caso, para la educación lo establece con algunas escalas. Es algo fundamental que los chicos estén en el aula junto al docente y asegurar los días de clase. Eso no pasaba en Argentina en el gobierno anterior. Se perdieron dos años con la pandemia. En algunos lugares de provincia de la Buenos Aires, Chubut o Santa Cruz fue dramática la falta de clases. Por eso proponemos la esencialidad de determinados servicios, como el transporte y la educación.

— Me llama la atención que ustedes propongan eliminar la cuota solidaria justo cuando el Gobierno quiere acercarse a la CGT y da señales de que ya no impulsaría ese artículo.

— Nosotros estamos yendo a una reforma estructural. La guía de nuestra reforma es el DNU y allí se incorporaba la cuota solidaria.

— Pero en el DNU se propone limitarla al exigir el consentimiento explícito del trabajador para descontársela del sueldo y ustedes quieren eliminarla directamente.

— Nosotros no estamos pensando en el financiamiento del sindicato, sino en que el empleado es dueño de la remuneración por su trabajo. Todo lo que percibe tiene que llegarle a su bolsillo. No puede haber descuentos en el camino y eso es lo que estamos discutiendo.

— ¿Qué pasa si el Gobierno quiere sacar ese artículo para darle una señal conciliadora a la CGT?

— Hay puntos de la reforma que son muy importantes porque permiten menos litigiosidad e imprevisibilidad para las empresas. Si los tenemos, no tendremos que seguir insistiendo luego con otro tipo de reformas, pero hay una oportunidad histórica de avanzar. Igual van a quedar otros puntos que no están planteados en el DNU. No quisimos ponernos creativos e incluir, por ejemplo, propuestas de costo laboral más reducido para la incorporación de empleo joven y de primer empleo. Quisimos centrarnos en el DNU. Hoy, toda la sociedad está enfrentando altísimos costos de este sinceramiento, de esta gran maraña que es la economía argentina y todos tendremos que hacer un aporte. No podemos discutir el financiamiento de un sindicato a costa del bolsillo de los trabajadores.

— ¿Cómo se entienden las diferencias entre el proyecto de ustedes y de los senadores de la UCR, que ni siquiera menciona las cuotas solidarias ni otros puntos irritativos para la CGT?

— El proyecto de los senadores está más limitado a multas, Fondo de Cese y período de prueba. Son criterios. Lo discutimos mucho internamente en el bloque. Es bastante ambicioso modificar esos tres puntos de la legislación laboral argentina. En los últimos 20 años, tenemos un estancamiento del empleo formal y sólo se genera trabajo informal, en negro. La normativa que apuntaba a reducir esa informalidad a través de penalidades fracasó. Las leyes son dinámicas y tenemos que trabajar en una modernización laboral. Los tres puntos planteados por los senadores serían clave para lograr esas reformas. Nosotros aprovechamos que había una oportunidad a partir de la propuesta de reforma del Gobierno y fuimos con una propuesta en sintonía con la baja de los costos laborales, pero también buscamos lo mismo, que es una flexibilización para ayudar a los pequeños emprendimientos.

— ¿Qué opina sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias que propone el Gobierno?

— El paquete fiscal del Gobierno incorpora el Impuesto a las Ganancias . La actualización de los mínimos no imponibles es un impuesto mucho más progresivo. El impuesto a los ingresos debería existir cualquier sistema tributario del mundo. El gobierno anterior siempre cobró el Impuesto a las Ganancias: en un mandato de 48 meses lo cobró durante 46. Parte del “Plan Platita” incluyó no sólo la expansión fiscal que estamos viviendo, con la inflación que eso generaba, sino también la destrucción del sistema impositivo argentino. Cualquier sistema tributario serio no tiene que cobrar impuestos distorsivos y los impuestos, por antipáticos que sean, deben existir porque la prestación de servicios públicos, de defensa, de salud y de educación se fondean de esa forma. El gobierno anterior aumentó permanentemente el Impuesto a las Ganancias en forma silenciosa a través del peor de los impuestos, que es la inflación, como también aumentó cargas patronales a través de dejar congelada una deducción. Debe existir un impuesto a los ingresos, pero debe ser mucho más progresivo, es decir, a mayor ingreso y mayor patrimonio, mayores alícuotas, y no debe permitir de ninguna manera que la inflación haga que silenciosamente ese impuesto aumente de manera permanente.