Villarruel se defendió tras el aumento de la dieta de los senadores: “Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se defendió este jueves de las críticas que recibió luego de que los senadores votaran el aumento de sus dietas que, según trascendió, pasaría -a partir de mayo próximo- de $1,7 millones a más de $4 millones. “Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, aclaró.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, lanzó Villarruel.

Además, la Vicepresidenta aclaró: “Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.

“¿En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?”, alertó la Vicepresidenta ante la consulta de sus seguidores en las redes sociales.

También el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para apuntar contra los senadores que votaron este jueves un aumento de su dieta: “Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica”.

Como adelantó Infobae, la jugada concretada este jueves nació ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar la sesión. Allí, desde varios bloques hubo quejas por algunas declaraciones y movimientos del Ejecutivo. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador de la oposición.

Anoche, el texto en cuestión estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo.

En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada.

El pasado, Menem y Villarruel desactivaron la suba otorgada a fines de febrero último, cuando acordaron y convalidaron un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92%.

En la resolución se dejó en claro que quedaba anulada “a partir del 1 de enero” pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 “suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”. Eso no corrió para el resto de los empleados legislativos.

Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.

En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.