La Justicia inició una investigación por el hackeo a la base de datos de licencias para conducir

La Justicia abrió un expediente por el hackeo a la base de datos de licencias de conducir, que salió a la luz luego de que en redes sociales ofrecieran a la venta archivos con información de alrededor de 6 millones de registros, con un precio de casi USD 3000. La investigación preliminar está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que conduce el fiscal Horacio Azzolin.

El caso se conoció este martes, cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que un usuario de la red social X comentaba que en un canal de la aplicación de mensajería Telegram se ofrecía para la venta un lote de 1.2 terabytes de información extraída a través de un ciberataque a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

El paquete puesto en venta incluía, por ejemplo, los datos de las licencias de conducir del presidente Javier Milei; de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri; y de otras personalidades públicas, varias del mundo del espectáculo, como los actores Guillermo Francella, Ricardo Chino Darín y Peter Lanzani, la cantante Tini Stoessel y el conductor Marcelo Tinelli.

El Gobierno confirmó el hackeo y aseguró que no hay “información sensible comprometida”. A través de un comunicado de la ANSV, se detalló se trató de un grupo de “hackers profesionales” que accedió a un “caudal acotado” de datos que se utilizan para la confección de las Licencias Digitales.

Ante la consulta de Infobae, en la Casa Rosada señalaron que no se trató de un “robo”, sino de una filtración. Una vez que se conoció el hecho, la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes (Cert.Ar) intervino para disuadir el ciberataque.

Por otro lado, la UFECI, tras una denuncia por parte de la ANSV, inició la pertinente investigación preliminar. En ese sentido, se descargó la base de datos ofrecida -la cual se encuentra en proceso de verificación de su autenticidad- y se pusieron en marcha otras medidas dispuestas por el fiscal Azzolin, que pidió colaboración a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina.

Fuentes oficiales señalaron a este medio que detrás del hecho está el mismo atacante que a principios de abril robó 116.000 fotos de ciudadanos argentinos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La filtración salió a la luz pública por medio de un informe de la empresa del Reino Unido BCA LTD, especializada en cibernética, cybercrimen, y amenazas digitales. Con los datos sustraídos, el grupo de hackers publicó fotos, los números de DNI, los domicilios y hasta el grupo sanguíneo.

Mientras seguían averiguando los detalles y la ruta informática del hackeo para corroborar cómo se lesionó la seguridad de la base de datos de la ANSV, en el Gobierno no confirmaron la hipótesis de un robo con alguna intencionalidad política.

No obstante, según consignó el grupo de hackers en un mensaje que difundieron en inglés, la responsabilidad de la filtración corresponde al Jefe de Estado. “Al presidente Milei no le interesa tener un plan de ciber seguridad, como en otros países del mundo”, expresa la comunicación.

Respecto del robo al Renaper, el 3 de abril se conoció que se subieron a un foro de compra-venta de datos personales y en Telegram los datos de un archivo con 116.459 fotos de ciudadanos de Argentina que habían sido sustraídos de esa dependencia del Estado Nacional en 2021.

Por ese hecho también se abrió un expediente a partir de una demanda penal. La investigación se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11. Aún no se determinó si el delito fue cometido por la persona dueña de ese usuario o si alguien externo robó el usuario y la contraseña que aplican las diferentes entidades públicas con acceso a conectarse y consultar la base de ese organismo.