Waldo Wolff sigue teniendo la misma impronta de “halcón” del PRO que lo marcó en los últimos años, ahora a cargo del Ministerio de Seguridad en un distrito que es una vidriera clave del país. En la ciudad de Buenos Aires fue donde primero impactó, apenas asumió Jorge Macri la Jefatura de Gobierno, la decisión de impedir los cortes de calle que formaban parte del paisaje urbano. Y es donde hubo cuatro fugas de presos en las comisarías durante los últimos 15 días que pusieron en alerta a funcionarios, policías y vecinos, aunque en este caso el dilema es complejo: “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerlo a niveles y parámetros de seguridad estándar”, afirmó Wolff a Infobae.
Quien se debe llevar los presos es el Servicio Penitenciario Federal, que depende del gobierno nacional y que debería resolver un problema que comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando la administración de Alberto Fernández decidió dejar de recibir en las cárceles a detenidos de la ciudad de Buenos Aires. Eso llevó a que hoy, en las 70 comisarías y 34 alcaidías porteñas haya 2.200 presos, mientras que el distrito está habilitado para tener 1.000, menos de la mitad. La situación llevó a que el año pasado se fugaran 40 detenidos. Y hoy se agravó, paradójicamente, por noticia positiva: como consecuencia de una política de detenciones más activa, hay un 20% más de presos en Capital.
En la entrevista con Infobae, Wolff hizo un balance de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, destacó las leyes que se necesitan para castigar a quienes cometen delitos, habló del papel de los jueces y fiscales y dijo por qué la ciudad no podría sufrir el flagelo de los narcos como en Rosario.
— Este lunes se fugaron otros 2 presos de una comisaría en Villa Urquiza. Ya son cuatro episodios de este tipo en los últimos 15 días. ¿Cómo evitar que se fuguen de las comisarías?
— Hay que sacarlos de la Ciudad de Buenos Aires. Legalmente no le corresponde. Los delitos no corresponden a la órbita de la ciudad. La ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales. El resto los juzga la justicia nacional. O sea que, de por sí, le corresponde al Servicio Penitenciario Federal. O cuando te juzga la ciudad por una contravención de luz roja, lo hace la ciudad. Y si en todo caso te tiene que cobrar, te cobra la ciudad. Acá te detienen por un delito que le corresponde al ámbito federal. Lo detenemos nosotros, lo juzga el ámbito federal, lo mandan a la ciudad en un lugar que no está habilitado, que no le corresponde, te lo dejan por un plazo que tampoco está establecido en la ley. Una alcaidía o una celda de una comisaría debe tener a alguien detenido 24 horas hasta que el juez decide si queda detenido o no. Nosotros tenemos habilitada la Ciudad de Buenos Aires para 1.000 detenidos, 700 en alcaidías y 400 en comisarías. Hoy tenemos el doble, 2200 presos. Pero además hay algo más grave de esos 2200 tenemos el 20% que está condenado. No con prisión preventiva. De hecho, el que inicia la fuga de San Telmo, que es la que más se viralizó, es un preso que estaba condenado a 6 años de prisión. Y lo tenés que sacar todos los días de la celda, que no tiene baño, a que vaya a hacer sus necesidades a otro lado. Si tiene que recibir a su familia para una visita higiénica hay darle una habitación. El año pasado hubo 40 fugas en la ciudad de Buenos Aires, pero no era noticia. Hoy nosotros estamos con la misma cantidad de fugas, pero con mucho más presos.
— ¡¿Es difícil coordinar este tema con el gobierno nacional? Usted ya tuvo un cortocircuito con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, por este tema.
— No, no tuve ningún cortocircuito. Digo las cosas como son. Estamos hablando y en algunas cosas acordamos y otras la discutimos. Pero no es un problema mío. El Servicio Penitenciario Federal se tiene que llevar los presos. Voy a decir esto y lo voy a seguir diciendo.
— ¿Y por qué no se los lleva?
— Bueno, ellos también heredaron un problema. En realidad, todos heredamos un problema, pero el problema no es de la ciudad. Primero, es de los porteños. Es decir, no está bien que haya un preso durmiendo en la esquina de tu casa porque es ilegal, va en contra de todas las convenciones, en contra de todos los parámetros de seguridad, porque no hay manera de darle seguridad al vecino si en una habitación que no está preparada para tener a alguien detenido en forma permanente entran 10 personas, yo meto 20 y tengo que sacar a los 20 todos los días a hacer sus necesidades.
— ¿Qué puede decirle al vecino que está intranquilo con tantas fugas de presos?
— Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerlo a niveles y parámetros de seguridad estándar. Antes de la pandemia había 60 presos detenidos en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue un proyecto del gobierno anterior de poner insegura la ciudad de Buenos Aires porque tenemos una doble problemática: no solamente tenés un preso durmiendo en la esquina de tu casa sino que, además, para proveer la seguridad que estamos proveyendo tenemos que sacar 1500 policías a la calle porque estamos con el mismo nivel de conflictividad con más un 20% más de presos. Entonces, esos 1500 policías que tengo cuidando a un preso en un lugar donde no debe estar deberían estar cuidando a los vecinos. Lo que les digo es que hoy tenemos un problema. El problema es de la la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional y de los vecinos de la Ciudad, pero la solución es una solución política: que se lleven a los presos.
— ¿Hoy no se los están llevando?
— Ellos se están llevando ahora 100 por semana, casi a cuentagotas, pero el nivel de detenciones que tenemos nosotros es mayor, a lo sumo te empata el flujo. Entonces hay un problema estructural que hasta que no se lleven la totalidad de los presos, no hay manera. Estamos trabajando, está mejorando la situación, pero es imposible de resolver hasta tanto no se resuelva el problema estructural. Hay que tener coraje y templanza para bancar esto. Yo asumí sabiendo que teníamos este problema. Eso lleva tiempo. No lo soluciono en un solo día y si alguien dice que lo va a solucionar en un solo día, miente.
— ¿Ustedes ratifican la política de detención de delincuentes. ¿No van a cambiarla?
— No, lo único que no voy a negociar es bajar el volumen de detenciones.
— ¿Qué balance hace de su gestión en Seguridad?
— Primero hubo que tomar control de un ministerio que venía de cuatro ministros en un año. Por coyuntura, había tenido a Marcelo D’Alessandro, Felipe Miguel, Eugenio Burzaco y Gustavo Coria. Así que era un ministerio donde la fuerza veía pasar al que conducía. Nosotros tomamos posición. Hicimos una primera reestructuración al reducir en un 30% el plantel estructural: de 11 subsecretarías se redujeron a 7. Se redujo la planta política y también la planta de conducción policial. Primero se pasaron a retiro a todos los comisarios generales que estaban en condiciones de hacerlo, o sea que hubo un cambio total de la cúpula como nunca desde que se creó la policía de la ciudad: 11 comisarios generales. Por segunda vez en la historia, un civil fue designado jefe de policía. El anterior fue D’Alessandro, pero había asumido porque había quedado vacante el puesto, pero acá la decisión de poner un jefe de Policía Civil tuvo toda una connotación: primero, que no conocíamos a los que estaban, había que tjener un tiempo para conocerlos y les dijimos que iban a poder competir y a ver quién era el mejor. Estoy viendo en qué momento voy a a nombrar a un jefe de la policía que proviene de sus filas. Pero, además, es una muestra de que no le vamos a a pedir a los hombres de la fuerza nada que un civil no esté dispuesto a hacer. Además, durante los primeros meses logramos un hito de gestión que es sacar los cortes de calle, recuperar el espacio público. Nos propusimos tres ejes de gestión que son recuperar el espacio público, defender a los porteños y respetar a la policía de la ciudad. Hoy, salvo por períodos temporarios, hasta que llega la policía o hasta que se los corre, ya no se corta una calle a diferencia de lo que sucedía antes en el escenario cotidiano de la ciudad.
— ¿Mejoraron los índices de lucha contra el delito?
— En homicidios estamos por debajo de de lo que veníamos el año pasado. Nunca se puede hablar de éxito porque hay muertos, pero han bajado mucho los homicidios en ocasión de robo. Es una ciudad que no tiene delitos graves. Sí, en cambio, hay más gente en situación de calle que viene de la provincia de Buenos Aires. Nosotros denunciamos en el primer bimestre un aumento de los delitos contra nuestros policías cuando van y vuelven de sus casas en la provincia. En la zona sur habían aumentado de 26 a 37 en el primer bimestre del año, un 42%. Y nosotros hicimos algo tipo shock que en el PAE, el Plan Anual de Entrenamiento que todos los policías comienzan en marzo, donde vuelven al Instituto Superior de Seguridad Pública, y se les puso un refuerzo en un curso de cuidado personal en traslado durante el franco de servicio. Al poner en marcha eso ya hemos bajado ese tipo de delitos este mes porque se producen mucho menos. Todavía no tenemos las estadísticas.
— Ustedes denunciaron que hay más gente de provincia que viene a delinquir a la ciudad.
— Tenemos medido un enorme aumento de la indigencia en la ciudad de Buenos Aires y también mucho delito, más del 50%, de los que vienen de provincia. De lunes a jueves aumenta y viernes a domingo se vuelven a la provincia. Mucho delito menor vinculado con el vandalismo, con el raterismo. No es que haya aumentado porque también incrementamos la presencia policial en calle, pero se ha mantenido. Hicimos algo disruptivo que fue sacar a la calle a dos divisiones que son el DIR, un qrupo de respuesta inmediata que anda en 4x4 en grupos de cuatro o cinco personas con capacidad de participación, el GAM, que es el grupo armado motorizado, esos motociclistas que andan de negro. En la ciudad no ha aumentado el delito y tenemos muchísima más presencia policial en la calle.
— Seguramente hay un porcentaje de delitos que crecieron por la crisis económica.
— No sé si hay gente que delinque más gente por desesperación. Vemos más participación en delitos fáciles, como robo de celulares. Delitos fáciles porque lo puede hacer cualquiera y es muy difícil de combatir. Tenés que agarrarlo in fraganti porque, si no, hacer una investigación para alguien que robó un celular, hacer un seguimiento de cámara, pedir un allanamiento es tan grande el flujo que no te da la estructura de los juzgados. Entonces aumentó el delito vinculado al al raterismo, romper una luneta de un auto y llevarse la mochila, el uso de inhibidores. Eso es en lo que más estamos trabajando.
— Me dijo muchos que delinquen vienen de provincia. ¿Cómo influye el hecho de que el gobernador Axel Kicillof tenga una concepción distinta de ustedes en materia de seguridad?
— Es algo lógico. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos 800 lectoras de patentes, el famoso anillo digital, desde el Río de la Plata hasta el Riachuelo. Si cruzaste la General Paz y te fuiste con el auto la provincia de Buenos Aires no tiene cámaras, no cree en la baja de la imputabilidad. Es una provincia donde no toda la policía tienen un HT, una radio y un teléfono, que a nosotros nos permite tener a los efectivos geolocalizados. Hay muchísimas diferencias.
— Pero, pese a las diferencias, ¿no hay coordinación entre la ciudad y provincia?
— Con provincia tenemos coordinación cuando atacan un policía nuestro, cuando hay una fuga, cuando se escapa un auto. Hay una coordinación pese a la diferencia de ideología, de equipamiento y de conducción. Hay enormes diferencias ideológicas. Ellos no creen en el equipamiento para para el control del delito y nosotros todo el tiempo estamos equipando tecnológicamente. Las estadísticas no hablan de aumento del delito, pero estamos deteniendo un 14% más de gente por robos. Detenemos más de 80 personas por día y eso aumenta el flujo de detenidos en cárceles y alcaidías.
— En materia este legislativa, ¿qué es lo que falta en materia de seguridad?
— Nosotros estamos impulsando la Ley de Reiterancia. El proyecto está en la Legislatura. Esperemos que se trate a la brevedad. Lo acaba de presentar Jorge Macri el 1° de marzo, hicimos un muestreo: los primeros dos meses detuvimos a un promedio de 80 personas por día y la mitad tenía más de dos antecedentes y la mitad ya está fuera. El 60%. Es decir, la policía detiene, pero la legislación permite que estos delincuentes vuelvan a salir. Es la famosa puerta giratoria. No estoy hablando de los “trapitos”, ahora tenés casos de robo y hurto. Debe haber pocos países donde haya tantos casos de antecedentes de robo a la gente en la calle donde detenés a uno, se descubre que en los últimos dos años tuvo cuatro o cinco detenciones por robo y, sin embargo, está afuera. Si no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, se le unifican las causas y y se lo mantiene libre hasta que va a juicio. Entonces se te vuelve a escapar y vuelve a salir.
— Además de la Ley de Reiterancia, ¿alguna otra ley que sea prioritaria para ustedes?
— Sí, la Ley de Salud Mental. Ahora estamos con un protocolo donde ahora interviene el SAME, interviene un psiquiatra del servicio público, para atender a la gente con problemas de salud mental en la calle. Después de la pandemia, es algo que se agravó en todas las capitales del mundo. Lo estamos abordando. Cuando empezamos con este proceso teníamos 60 chicos en situación de calle y los bajamos a un dígito. Los tenemos censados, pero no se los puede obligar a ir a los paradores y aun así nosotros logramos tender a cero la cantidad de chicos en calle. Sin embargo, midiendo la cantidad de personas que hay en calle identificamos un aumento de la combinación de locura y consumo de sustancias. Si no hay un diagnóstico de un psiquiatra que dice que es violento, tampoco podés conminarlo a ir a un parador. Por eso hemos cambiado el procedimiento de tratamiento. Ahora tenemos un equipo multidisciplinario, interviene el SAME, el Ministerio de Salud, Buenos Aires Presente que depende de Desarrollo Social, y la policía de la ciudad. Cuando identifican a una persona en situación violenta, depende quién lo lleve primero, el que termina judicializando todo esto es un dictamen del psiquiatra que depende del Ministerio de Salud y hemos logrado bajar la conflictividad en calle porque lo terminamos judicializando. Interviene un fiscal en flagrancia, se lo saca de la calle y se lo conmina a a un tratamiento. Para todo esto hubo que hacer un trabajo que antes no existía, que es sentar en una mesa a estos cuatro vectores y logramos algo muy importante: no permitimos que haya chicos en situación de calle. Poniendo la lupa sobre este problema fuimos por los violentos, pero también empezamos a identificar dónde hay chicos en la calle y con la gente de Desarrollo Social identificar si tenían una familia que los cobije en algún lugar, darle un un alojamiento temporario en alguna de las de los alojamientos que tenemos en la ciudad y algún otro tipo de ayuda.
— La otra ley que algunos piden es la que baja la imputabilidad de los menores.
— Es una ley penal que no depende de nosotros. Nosotros estamos de acuerdo con la baja de imputabilidad, aunque los delitos protagonizados por menores representan menos del 20%, y son todos relacionados con arrebatos y vandalismo, en general. Igual, doy una opinión personal: logramos la baja de la edad de imputabilidad, pero tenemos que tener una ley penal juvenil para que a este pibe lo pongamos en un lugar donde se lo pueda rehabilitar. Si no sale, con un grado de delincuencia. Es como el protocolo de salud mental: a alguien lo sacás de la calle, pero si no lo tratás como es debido, a la semana lo tenés que ir a buscar de nuevo en la calle.
— ¿Y con respecto a la expulsión del país de los extranjeros que delinquen?
— También levantamos la bandera de reinstaurar reinstaurar el Decreto 70 del 2017 (que imponía mayores restricciones al ingreso de extranjeros al país y que, además, preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes). El año pasado, el 40% de los delitos de los homicidios fueron cometidos por extranjeros. Y no tenés un 40% de extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires, no llegás al 20, o sea, tenés duplicado la cantidad de delitos. Tiene que ver con las bandas que funcionan en los barrios más marginales. Muchos vienen a delinquir. No somos xenófobos, pero no es que yo digo “tengo extranjeros porque agarramos una banda que tiene tres argentinos y uno de un país latinoamericano”. No, detenés una banda donde son los cuatro extranjeros. Entonces evidentemente ahí hay una connotación de compadraje: “Che, vengan acá que nos instalamos y podemos afanar”.
— Y no se los puede deportar.
— A algunos, sí. A los que tienen residencia temporaria, los que no han regularizado su situación. Pero a los que tienen residencia permanente no los podés deportar. Para deportarlos, hay que hacerles un juicio abreviado, que acepten tener una condena menor a tres años y de esa manera los ponés arriba del avión y los sacás del país. Para eso proponemos la restitución del Decreto 70, de Inmigraciones, que firmó en su momento Mauricio Macri cuando estaba de ministro Rogelio Frigerio.,
— ¿El gobierno nacional no lo va a restituir?
— Está charlado como para que avance. Hasta ahora no hay novedades.
— ¿Qué importancia tiene que hayan hecho por primera vez el protocolo de uso de la policía?
— La Ciudad de Buenos Aires no lo tenía, no de armas de fuego. Acá se actuaba en función de una serie de compendios, doctrina o historia y estaba pendiente de manera taxativa un protocolo del uso de la fuerza. Hoy nosotros firmamos el protocolo que indica cuándo un policía puede usar no solo su arma de fuego sino ya también cuando tiene que usar primero la fuerza física. Cuando esto no existía y cuando pasaba algo todo estaba basado en jurisprudencia, pero no estaba escrito.
— ¿Hace más previsible a la policía?
— Absolutamente. Van a tener una mejor formación porque va a ser más más ordenada. Todo esto se le enseña al nuevo cadete. Primero tiene que usar la disuasión, después la fuerza física, después puede usar armas no letales si las tuviese y luego, si tiene y puede, tiene que usar la Taser, incluso dice que no se pueden hacer tiros al aire disuasivos. Todas estas cosas se la ordena al policía como para que además el día de mañana, cuando pase algo, no esté delimitado al criterio de cada defensor, de cada policía. Hoy está escrito qué se puede y qué no se puede. Todo el uso de la fuerza, no de las armas de fuego. Hicimos eso y logramos una integración con el Instituto Superior de Seguridad Pública, con una participación de la Policía mucho más intensa. Hay un nuevo director, Martín López Zavaleta, que hizo un muy buen trabajo. Los policías vuelven ahora obligatoriamente al plan anual de entrenamiento y estamos viendo todos los días, todos los todos los meses, qué cosa hay que darles en función de la coyuntura porque empezamos a tener más problemáticas y así reforzamos la formación.
— ¿Rosario puede ser un espejo no deseado para la ciudad de Buenos Aires? ¿Puede repetirse acá el flagelo de los narcos como en esa ciudad?
— No creo. Hay un trabajo de urbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires que hace que sea muy difícil que se puedan esconder bandas de narcotraficantes. Otra cosa que estamos haciendo, y que dificulta que esto se parezca a Rosario, es saturar las villas. Cuando en una villa tirotean a un policía, entramos con policías. No hay lugar de la ciudad donde no entremos. A diferencia de la provincia. Una cosa es el narcomenudeo, que es un problema: tenemos un aumento de droga en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, el lugar de más poder adquisitivo del país. Ahora, no están dadas las condiciones como para que los tiroteos y la problemática de gavillas que hay en Rosario ocurran en la ciudad de Buenos Aires. No tienen dónde esconderse, tenemos 15.000 cámaras y la posibilidad de saturar estos barrios urbanizados que hacen que sea muy difícil.
— Con respecto a los piquetes, ¿hay menos resistencia que la imaginada al cambio de política?
— Creo que hubo un cambio cultural con los piquetes. Parte del periodismo no lo ha entendido. Hay una discusión que está mal dada cuando nos dicen “ustedes reprimieron a los maestros el otro día”. Como funcionario público tengo que hacer cumplir la ley, no le pregunto a alguien que está cortando la calle si es maestro o periodista porque también es un problema o si le robaron el auto o si es un delincuente, yo tengo que hacer cesar el delito. Si aquel que ejerce su derecho a peticionar entiende que no lo puede hacer cometiendo un delito, estamos todos bien. Y si comete el delito, tengo que actuar. Si no, estaría incumpliendo mi deber de funcionario público. Hago uso de lo que me exige la ley, que es el artículo 152 del Código Procesal Penal. Lo dice clarito. En caso de flagrancia, la autoridad preventiva tiene que hacer cesar el delito deteniendo al que comete el delito y poniéndolo a disposición del fiscal, y el fiscal decide si continúa detenido o si lo libera. Pero tengo que tengo que hacer cesar el delito porque, si no, soy cómplice. Esto tiene una explicación: si hay alguien asaltándote, no puedo llamar al juez a ver si me autoriza a que yo le saque el arma. Bueno, delito es tanto asaltarte con un arma blanca como cortar la calle. Si hay un tipo que deja un auto atravesado en la calle no tengo que llamar al juez para preguntarle si me autoriza a sacarlo, lo saco y lo llevo.
— ¿Y si es un corte de calle temporario?
— Ahí marcamos una diferencia. El nudo gordiano es quién autoriza el corte. Y nosotros autorizamos. En un partido en la cancha de River, en Udaondo y Figueroa Alcorta, la calle Quintero estaba cortada. La utilizamos nosotros. Entonces, si vos me proponés hacer una movilización como la del 24 de marzo y me decís voy a caminar por Libertador, carril del norte, durante dos horas, yo te autorizo a cortar carriles durante dos horas porque también se le permite a los fieles de la Virgen de Caacupé cortar Rivadavia durante dos horas. Entonces, viendo el volumen de movimiento que va a haber por una movilización que convoca alguien determinado, yo puedo autorizar a cortar durante un tiempo estipulado. Así, hasta el momento, podemos permitir cortar una arteria determinada avisándole al vecino que mañana entre tal hora y tal hora no va a poder o se le solicita no sacar el auto.
— Como responsable de Seguridad, ¿cómo evalúa el trabajo de los jueces?
— Más que de los jueces, de los fiscales. Los veo trabajar bien. Tenemos un problema legislativo en general. A veces están atados por la legislación. Tenés jueces más proclives a interpretar siempre de la manera más laxa, pero tenés una legislación que quedó caduca. No podés tener un tipo detenido como tenemos por 10 u 11 veces de tentativa de robo. Ese tipo tiene que estar en cana.
— De todas formas, desde Juan Carlos Blumberg en adelante tenemos leyes más duras contra el delito, pero, sin embargo, no hubo resultados tan buenos? ¿Por qué?
— Quizás soy un idealista. Reiterancia es es la ley madre. Vos endureciste las leyes, pero igual con el debido proceso ocurre en 5 años el fallo firme. Entonces digo: “Bueno, creo robaste una vez un celular, lo pasás libre, pero robaste dos veces el celular en un año y tenés que estar preso”. Así no robás más celulares. En algunos lados la reiterancia es por tercera vez. Yo no estoy de acuerdo por segunda vez, pero incluso te doy la tercera. ¿Vas a juicio a los dos meses si robaste otro celular? Tiene que ir preso.
— ¿Esta ley marcaría un cambio?
— Me parece que sí porque no le da discrecionalidad al juez. Esta es taxativa. La ley es clara. Porque vos hoy en día lo liberás cuando no hay peligro de entorpecimiento de la causa o peligro de fuga. En este caso dice que cuando hay dos delitos previos que están yendo a juicio, lo tenés que dejar preso. O sea, no vas a poder dejarlo libre porque te lo dice claramente la ley. Se endurecieron las penas, pero no los procedimientos. Es una ley que mejoraría muchísimo esta situación.