La UCR quiere que se reincorpore el capítulo tabacalero a la Ley Bases y pone más presión al Gobierno

Mientras el Gobierno busca definir la fecha en la que comenzará a discutir en el Congreso la nueva versión de la Ley Bases, tras el fallido intento durante el período extraordinario de sesiones de febrero, e intenta minimizar los efectos de la interna que propició la fractura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, la UCR sumó en las últimas horas dos reclamos que suman más presión al oficialismo para conseguir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, tanto en general como en particular.

Uno de los puntos que el radicalismo apunta a que se trate es el capítulo tabacalero, que formaba parte del primer proyecto de ley ómnibus que había enviado el Ejecutivo, pero que fue quitada de la nueva versión, lo que generó fuertes críticas de sectores aliados. Los cambios originales proponían que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. El perjudicado de esa modificación a la actual ley sería Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.

La propuesta de reponer el capítulo tabacalero en la nueva Ley Bases la anunció días atrás el diputado Martín Tetaz con un mensaje directo al presidente Javier Milei a través de su cuenta en la red social X.

“Principio de revelación: estimado @JMilei desde el bloque de la UCR vamos a reponer en el dictamen de Bases el art 189 y ulteriores, para que se terminen los privilegios en el mercado de los cigarrillos. El voto de su bloque revelará su compromiso con la reforma o su claudicación ante la billetera del lobby”, escribió el también economista.

La semana pasada, cuando se conoció el nuevo texto de Ley Bases, la quita de los cambios en la legislación impositiva sobre el tabajo provocó fuertes rechazos. Uno de los que levantó la voz públicamente fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien acusó a la Rosada de ceder frente al lobby del “Señor Tabaco”.

“Me enteré por los medios de que habían sacado del capítulo fiscal la modificación de impuestos al tabaco, y recibimos el proyecto sin este capítulo. Y la verdad que estoy desconcertado, desorientado, desilusionado, un poco de todo”, afirmó Sáenz.

Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el mandatario describió que la empresa favorecida “se autopercibe como Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; se dice nacional pero no compra un solo kilo de tabaco argentino porque todo lo importa desde Brasil, y desde 2018 no paga los impuestos, por artilugios legales o por lo que sea, y le debe al fisco más de 2000 millones de dólares”.

Sin embargo, desde la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la polémica al asegurar que iban a enviar un proyecto con el capítulo tabacalero por fuera de la Ley Bases. “Lo sacamos porque no queríamos generar esta discusión ahora, junto con una ley que trata temas de mayor importancia. Lo vamos a incluir más adelante, en un tratamiento de la Ley de Impuestos Internos”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, en declaraciones radiales.

El propio Javier Milei había cuestionado a “El señor del Tabaco”. Fue en febrero, luego de que la megaley fuera retirada del recinto durante la votación en particular, tras ser aprobada en general.

En un extenso mensaje en X, titulado “Cambio de reglas”, Milei deslizó en aquel momento críticas implícitas a los mandatarios provinciales que se plantaron ante artículos puntuales del paquete de leyes: “Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”.

También desde la UCR plantearon otro punto que podría generar problemas para la estrategia que el Gobierno lleva adelante con la CGT. Es que el bloque encabezado por el cordobés Rodrigo De Loredo presentó la semana pasada un proyecto de reforma laboral que incluye, entre otras cosas, la eliminación de la cuota sindical obligatoria, algo que desde la central obrera rechazan y el Ejecutivo estaba dispuesto a quitar.

“Eliminar las contribuciones obligatorias a los sindicatos para garantizar la verdadera libertad sindical. El trabajador tiene derecho a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse”, señala la iniciativa que el propio De Loredo llevó la semana pasada al Congreso, y que podría discutirse en el Congreso una vez finalizado el debate de la Ley Bases.

El proyecto de reforma de la UCR es una especie de “ley espejo” para poder aprobar los puntos respecto a la legislación laboral incluidos en el DNU y que fueron frenados por la Justicia luego de distintas presentaciones de la CGT.

Sin embargo, el punto de la cuota sindical, que hoy es obligatoria y se descuenta del sueldo de cada trabajador, choca contra lo que el Gobierno le prometió a los líderes de la CGT la semana pasada, cuando los popes sindicales pisaron por primera vez la Casa Rosada desde la asunción de Javier Milei.

“La cuota solidaria está en el proyecto de los radicales -todos los trabajadores de un rubro aportan al sindicato sin importar si están afiliados o no- pero el ministro Posse (Nicolás, jefe de Gabinete) les dijo que no se iban a meter con ese tema. Si se cumple, lo que vamos a ver es que el Gobierno negocia y cede ese punto a los sindicatos”, afirmó a Infobae una fuente oficial.

Por el momento, las señales para la nueva Ley Bases son buenas, pese a que persisten algunas dudas y la interna libertaria le sumó cierta incertidumbre: pocos esperaban una fractura del bloque oficialista a días del inicio del tratamiento del nuevo proyecto.

En la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO creen que en esta oportunidad la ley va a salir. Pero, al mismo tiempo, anticipan que no hay un acuerdo político cerrado completamente. Es decir, faltan detalles en temas como la delegaciones de poderes, la modificación de los fondos fiduciarios y las privatizaciones de empresas públicas, que aún deben quedar claros en la negociación. Es un cuento que nunca se termina.