Julio Cordero: “El paro de la CGT es un reflejo del pasado, pero la gente votó otra cosa y quiere un diálogo franco”

¿Por qué un abogado de la trayectoria de Julio Cordero dejó una tarea de muchos años en Techint y en la Unión Industrial Argentina (UIA) para pilotear la Secretaría de Trabajo en este momento del país? No es vocación suicida, como podría pensar más de uno, sino de servicio, según confesó a Infobae en su primera entrevista. Lo ayudan sus buenas relaciones con sindicalistas y empresarios, aunque esos vínculos se pusieron a prueba en estas horas, en las que el Gobierno abrió el diálogo con la CGT y, pese a ese gesto, le respondieron con el anuncio del segundo paro general en cinco meses.

Aun así, Cordero aseguró que “el Gobierno tiene una disposición al diálogo permanente” y que “no quiere pelear” con el sindicalismo porque “no hay tiempo para la confrontación”. Por eso justificó el primer encuentro oficial con la CGT, en el que se le pidieron disculpas a los dirigentes gremiales por si los funcionarios hicieron algo mal porque “la humildad es un valor sumamente importante”. Y explicó que la Casa Rosada está dispuesta a consensuar la reforma laboral, aunque destacó: “Sería fundamental poder entender cuáles son las objeciones a ese proyecto, pero sentarse a conversar”.

En un gesto de buena voluntad, incluso, durante la charla el secretario de Trabajo se cuidó de no hablar de “reforma laboral” y sí, en cambio, de “modernización o actualización laboral”, como pide la CGT. Más allá de la cuestión semántica, Cordero insistió en que lo ideal es que el Congreso sancione el capítulo laboral del DNU 70, trabado en la Justicia, pero no descartó que el Gobierno acepte modificaciones porque es “necesario y urgente para generar empleo en la Argentina”.

La tarea de Cordero está signada por las tensiones sociales del “ajuste más grande de la humanidad”, como se jactó de estar aplicando el presidente Javier Milei, y una batalla contra la inflación que le pone topes a la negociación salarial y ocasiona conflictos por la no homologación de las paritarias que superan “lo razonable”, según definió el ministro de Economía, Luis Caputo, y defiende Cordero: “Razonable es que todos los actores sociales tengan la responsabilidad de acompañar un proceso hacia la eliminación del flagelo que nos ha atacado durante tanto tiempo, que es la inflación. Si la gente está haciendo un enorme sacrificio -dijo-, lo único que se pide es la responsabilidad de los actores sociales, que acompañen este camino y no quieran tomar una ventaja”.

¿Se refirió a Hugo Moyano y su pelea para que le homologuen el acuerdo salarial del 25% en marzo y 20% en abril? No exactamente porque Cordero es muy cuidadoso. Y si bien destacó que el líder sindical “manifestó una vocación de diálogo” y que todavía “hay posiciones que pueden acercarse” para solucionar el conflicto, fue tajante cuando sostuvo que el convenio no es homologable por las impugnaciones e hizo una advertencia sobre un paro de Camioneros: “Si es una medida de fuerza está dirigida a que alguien haga algo que, por características técnicas y jurídicas, deben resolverse por otro lugar, es una medida ilegítima. Nadie debe estar por encima de la ley”.

— ¿El Gobierno mantendrá el diálogo con la CGT a pesar de que se decidió otro paro general?

— El Gobierno tiene una disposición al diálogo permanente. Quedó demostrado con la reunión que hubo esta semana (con la CGT), una reunión amplia donde se debatieron muchos temas. Si bien estaba inicialmente pensado para la reforma laboral, se pudieron conversar diversos temas que apuntan a un diálogo porque el diálogo social es fundamental en una sociedad civilizada.

— ¿Qué cambió para que hayan llamado a la CGT a 4 meses de la asunción de Milei?

— No cambió nada. El Gobierno tiene una postura que es completamente abierta.

— Pero no habían convocado a la CGT hasta ahora.

— Puede llamar uno o puede llamar el otro. Si vos hacés una presentación de una determinada normativa y del otro lado tampoco te llaman a un diálogo o no te lo solicitan… En ese tiempo no sucedió, sino que sucedieron algunas medidas que marcaban más una confrontación que otra cosa. A veces uno termina diciendo: “Bueno, ¿quién llama primero?”. Pero no nos olvidemos que cuando estás hablando del Gobierno hablamos nada más y nada menos que de un gobierno que tiene una representación en las urnas absolutamente amplia, como en la historia no se había conocido. Entonces, todos los actores sociales que forman parte de este entramado tan valioso ocupan un espacio, pero finalmente el Gobierno o quien está llevando adelante los destinos del país tiene que ocupar un lugar de liderazgo. Entonces, cuando propone algo y del otro lado la respuesta no es la que se espera, no parece ser un comienzo de diálogo. En principio, se ha convocado a todos, a la comunidad completa, pero había una sensación de que un determinado sector representativo no estaba siendo convocado por algún motivo. Por eso se hace la reunión, pero la vocación de diálogo siempre estuvo.

— ¿Qué balance hace del encuentro con la CGT? Porque al día siguiente declararon otro paro.

— La reunión resultó muy positiva.

— ¿En qué sentido?

— Fue el comienzo de un diálogo, todas las partes se expresaron libremente, sin un horario predeterminado. Se expresaron posiciones en un clima de diálogo abierto.

— ¿Entonces a qué atribuye que la CGT haya dispuesto un nuevo paro?

— Muchas veces es una costumbre, una metodología que responde a otra época, como si fuera un reflejo del pasado. Se utilizaba antes y de alguna manera la utilizan de nuevo, pero la gente hoy está buscando otra cosa, votó otra cosa, y pretende de los representantes sociales un diálogo franco.

— ¿Qué actitud tomará ahora el Gobierno? ¿Mantendrán el diálogo o quedó roto?

— Desde esta Secretaría de Estado que depende del Ministerio de Capital Humano y, por supuesto, dentro de la presidencia de Javier Milei, el Gobierno seguirá gobernando. Hay una responsabilidad enorme que no puede ser dejada de lado. No hay tiempo para la confrontación. Cuando uno no quiere, dos no pelean. Y el Gobierno no quiere pelear sino que está pidiendo a todos los sectores sociales que acompañen un proceso que fue elegido por la mayoría de la ciudadanía y que está demandando un enorme esfuerzo de todos. Está pidiendo que todos se sumen a este esfuerzo y colaboren.

— ¿Quiere decir que se mantiene la decisión de negociar con la CGT, aunque no colabore?

— El diálogo es permanente porque el problema no son los conflictos, que muchas veces son parte de la naturaleza humana. El tema es cómo se resuelven y si se resuelven de buena fe y conversando, que es una buena forma de resolución de los conflictos. Cuando la metodología es de posicionamiento, de enfrentamiento, se diluye esa posibilidad. El Gobierno está abierto al diálogo, pero no el diálogo de palabra sino de acción. No como una dialéctica interminable que no llega a ningún lado. Eso es lo que nos llevó al deterioro. Es un diálogo constructivo hacia resultados. Ese diálogo jamás puede perderse.

— ¿Por qué el Gobierno le pidió disculpas a la CGT en la reunión? ¿Consideran que fue un error no haberla llamado antes a dialogar o haber impulsado el DNU sin consensos?

— Cuando cuando tiene una reunión debe tratar de mantener la mayor cortesía posible por los presentes. Y, en ese sentido, la humildad es un valor sumamente importante. Esa fue la actitud. Fue decir “si a ustedes les pareció que no fue el diálogo suficiente, uno está dispuesto a tenerlo, y si algo ha molestado, se puede conversar, estamos para poder solucionar cualquier inconveniente”.

— ¿Uno de los inconvenientes que presentó la CGT fue la decisión de no homologar paritarias que superen la pauta oficial? ¿Qué responde como responsable de las homologaciones?

— En un tiempo las paritarias se negociaban una vez por año, luego se negociaban en períodos mucho más extensos y en época de inflación, como la que uno hereda, muchas negociaciones son mensuales y los procedimientos se multiplican, con todas sus características diferentes, sus posiciones diversas, con cada uno de los sectores. Y entonces uno tiene que ser técnicamente adecuado, más allá de esta multiplicación, y hacer las cosas bien. No puede ser que por apurarse o por trabajar de una forma desbordada se produzcan cosas que no están bien. La homologación requiere que el poder del Estado revise aspectos sustanciales del acuerdo que son del orden público y del interés general.

— ¿Puede ampliarlo para que lo entienda mejor?

— ¿De qué trata un convenio colectivo, o el acuerdo paritario en este caso? El convenio colectivo trata de derechos y deberes de las partes que tienen que ver en una relación laboral, en una determinada actividad, empresa, etcétera. Bueno, esto es un acuerdo entre dos partes que no siempre se aplica solamente a esas dos partes sino también al personal encuadrado de la misma actividad. Es decir, que sin ser ajeno a la actividad, no ha formado parte de esa negociación. Entonces el acuerdo tiene cuerpo de contrato, pero alma de ley. En la parte en la que tiene alma de ley, el Estado tiene la obligación de revisar si ese convenio afecta al orden público o al interés general, y es una obligación legal. Si esto ha sido olvidado en el tiempo, bueno, yo no lo olvido.

— Los sindicalistas cuestionan que este sea un gobierno libertario, o de concepción liberal, y que, sin embargo, no respete la libertad de un acuerdo entre partes. ¿Es así?

— Pero es tan liberal que tiene que pensar en el derecho de la persona a la cual se le va a terminar aplicando y que no formó parte de ese acuerdo. Porque si fuera igual entonces no haría falta la homologación. Sería simplemente un trámite administrativo o un sello, y no funciona así. Hay una frase maravillosa que repetimos permanentemente: dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.

— Lo que no está en la ley es la justificación que dio el ministro Caputo para no homologar algunos acuerdos. Dijo que deben ser “razonables”. ¿Qué significa?

— Razonable es que todos los actores sociales tengan la responsabilidad de acompañar un proceso hacia la eliminación del flagelo que nos ha atacado durante tanto tiempo, que es la inflación. Esto está saliendo, está funcionando, uno lo va viendo, lo ve la gente que está haciendo un enorme sacrificio. Entonces si la gente está haciendo un enorme sacrificio, lo único que se pide es la responsabilidad de los actores sociales, que acompañen este camino y no quieran tomar una ventaja en un momento en el que todos caminamos hacia hacia un mismo rumbo. Porque, además, se está pidiendo que se produzca de una manera certera y veloz, y eso es muy positivo. Se está pidiendo un sacrificio que no perdure durante años, como sucedió en el pasado, que lleva al desasosiego la desesperanza.

— En el caso de la paritaria de Camioneros, ¿no se homologa porque supera los límites puestos “razonables” que definió Economía o por las impugnaciones de empresarios del interior?

— Lo que estamos analizando ahora concretamente, y por eso ese convenio está en el área de Jurídicos, son las impugnaciones. O sea, es un acuerdo sin las características del acuerdo consensuado.

— ¿No es por los porcentajes de aumento?

— Efectivamente. Al margen de que este acuerdo tiene unas características porcentuales que no sé si en estos meses se acercan a lo que uno quiere en una situación de recomposición salarial y no de mayor posicionamiento. En los países normales, uno tiene un aumento salarial cuando hay una mejora de productividad, cuando realmente la actividad lo permite. Y, por otro lado, cuando uno analiza que eso no genera un impacto negativo en las otras personas que son ajenas al acuerdo.

— ¿El Gobierno no puede transparentar los márgenes ideales de negociación salarial para que no aumenten las expectativas inflacionarias? De alguna forma Caputo lo hizo, pero sin definir cifras concretas. ¿No podría hacerse en una mesa de diálogo con empresarios y sindicalistas?

— En el mundo, organismos internacionales muchas veces han colaborado con procesos de estas características y lo hicieron con algunas posiciones que son más drásticas, o sea, inclusive diciendo que podría hacerse lo que usted dice si se aplica un plan que es para el interés general y que es de un combate tan dinámico contra la inflación, donde de nuevo todos los actores sociales están poniendo lo que pueden. Nosotros estamos apuntando a la responsabilidad social, a que los actores sociales se den cuenta de esto y lo hagan de manera autónoma, que es lo que uno pretende que suceda.

— En la reunión con la CGT, ustedes hablaron del tema salarial: ¿cuál fue la respuesta?

— Que ellos estaban dispuestos a acompañar con responsabilidad.

— ¿Qué pasará con el aumento de Camioneros? Usted habló con Hugo Moyano y se mostró dispuesto a renegociar el convenio, pero ahora se estancaron las negociaciones.

— Hugo manifestó una vocación de diálogo. Hay posiciones que pueden acercarse y vocación de acercamiento, pero no estoy seguro de que la parte gremial y las cámaras puedan llegar a una reformulación (del convenio que no se homologó).

— Moyano ya advirtió que si no hay homologación, irán al paro. ¿Le preocupa?

— Bueno, depende de por qué se hace el paro. Si se pretende una recomposición salarial y tiene que ver con una negociación con las cámaras, el derecho de huelga está perfectamente protegido por la Constitución Nacional y, además, es un derecho que no está ni siquiera en cuestionamiento. Si fuera para apresurar o llevar a una determinación de un poder público que tiene que tomar determinaciones técnicas y fuera para homologar algo que no está en condiciones, habría que determinar muy bien por qué sucede ese paro. Es muy importante la determinación de cuál es la causal de esa medida.

— ¿Podría ser declarado ilegal ese paro de Camioneros?

— No sería ilegal, sino que sería una medida ilegítima en sí.

— ¿Y quedaría expuesto a sanciones?

— La declaración de ilegitimidad puede dar lugar a distintas cosas. Lo importante es entender la naturaleza de un acto. Si una medida de fuerza está dirigida a que alguien haga algo que, por características técnicas y jurídicas, deben resolverse en otro lugar, es una medida ilegítima. Es algo muy fuerte y en la Argentina nadie debe estar por encima de la ley. En la ley todo; fuera de la ley, nada.

— Al igual que en el caso de la CGT, si Moyano declara un paro, ¿se cortaría el diálogo con él?

— El diálogo no se corta nunca. Las conversaciones siempre existen y van a seguir. Muchas veces se discontinúan, pero nunca se cortan. Jamás. Es imposible pretender pensar que se puede cortar un diálogo con actores sociales con los que uno tiene una relación continua.

— Ustedes acaban de homologar el aumento del 45% otorgado en febrero al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), que estaba sin convalidar, luego de que el sindicato aceptó incrementos moderados para marzo y abril, a tono con la inflación en baja. ¿Ese esquema es el que podría aportar la solución a la paritaria de Camioneros?

— Está bien cualquier reformulación que cumpla con las condiciones de una paritaria homologable. Puede ser cualquier esquema que cumpla principalmente que se encuentre acordado y que no tenga impugnaciones de contenido, de vicio en la voluntad, en el acuerdo. Eso es lo más importante.

— ¿El Gobierno está dispuesto a eliminar de la reforma laboral que debatirá ahora el Congreso los artículos irritativos para el sindicalismo? ¿Eso es lo que le dijeron a la CGT?

— El Gobierno ha puesto sobre la mesa de manera muy transparente el contenido de lo que cree que es necesario y urgente para generar empleo en la Argentina, lo cual es imprescindible porque el sector privado no crece desde hace muchísimos años y esto es un problema para toda la Argentina. Cuando el sector privado de un país no crece o no tiene una proporción tan razonable con la actividad, es un problema. Esta es una prioridad para el Gobierno y puso sobre la mesa lo que pensaba. Está expresado en el DNU y en lo que incorporó a la ley Bases. Hay algunas otras cosas que no están puestas sobre la mesa, pero se pueden conversar, como la formación para el trabajo, un capítulo que podría ser muy útil conversar. Pero la política troncal de este gobierno es la generación de empleo.

— El DNU 70 está trabado en la Justicia por una presentación de la CGT. ¿El Gobierno quiere consensuar el núcleo duro de su reforma laboral para lograr su aprobación legislativa?

— Lo que lo que el Gobierno necesita está transparentado, escrito y explicitado. Pero este es un gobierno de diálogo y sería fundamental poder entender cuáles son las objeciones a ese proyecto y sentarse a conversar en alguna parte porque hasta ahora lo único que se ha hecho es decir “no estoy de acuerdo, no me parece”. Pero no nos hemos sentado a conversar qué les parece negativo.

— ¿No hablaron de ese tema en la reunión con la CGT?

— No, no se conversó. Se habló del tema en general, pero no en particular acerca de cuáles son los puntos que no comparten. Sí se plantearon algunos puntos con los que están de acuerdo.

— ¿Y cuáles son los puntos en los que están de acuerdo?

— El tema de las multas laborales, la extensión del periodo de prueba y la posibilidad de acordar por convenio colectivo alguna modalidad extintiva similar a la del Fondo de Cese Laboral. Pero hay muchas otras que están propuestas y sería bueno saber qué opinan porque esto es un comienzo.

— Igual, ya se sabe que el sindicalismo no quiere que se toquen las cuotas solidarias, que el DNU limita porque obliga a que haya un consentimiento explícito del trabajador para que le descuenten una suma para el gremio a través del convenio colectivo. Los dirigentes dicen que sin ese recurso quebrarán los sindicatos. ¿Para el Gobierno es un punto intocable?

— Todo tiene un matiz. Hay algunos casos donde la cuota de solidaridad es mayor a la cuota de afiliación sindical, y es un contrasentido. Entonces uno podría decir: o nos autorregulamos o finalmente uno tiene que considerar el bien de los demás. Por otro lado, también está en juego la posición de los trabajadores, que seguramente tienen algo que decir de manera individual en este debate. Entonces, ¿nos podemos poner de acuerdo en todo? Sí, pero hay que sentarse y hablar en concreto de cada tema porque las cosas no son “o sí o no”. En un diálogo civilizado, lo importante es acompañar hacia un proceso de mejora que permita una Argentina como la que todos soñamos, con la generación de empleo, la producción, la creación, la actividad, la inserción…

— No creo que la CGT esté en desacuerdo en esos puntos.

— No está en desacuerdo. Lo complejo es que después hay que definir los mecanismos para que eso suceda. Algunas veces se dice que la generación de empleo depende de la economía. Si la economía está bien, hay generación de empleo, y si está mal, no hay empleo. Eso se está corrigiendo claramente, pero no nos olvidemos de que en situaciones normales, cuando hay normas que son de un nivel de litigiosidad absurdo, se trata de contratar a la menor cantidad de personas posibles porque el riesgo es enorme. Por ejemplo, el tema de las multas laborales no existe en ningún lugar del mundo como en la Argentina. Acá directamente se empuja a la no contratación por el nivel de riesgo que hace que ganen no los sectores productivos sino los que se benefician con el litigio. La posibilidad de conseguir un trabajo es un bien que la Argentina puede ofrecer y para eso hay que modificar estos mecanismos.

— El Gobierno anunció a la CGT que quiere integrarla a una “mesa técnica” para discutir la reforma laboral. ¿Esa instancia de discusión tiene fecha?

— Sería fantástico armar una mesa técnica que permita dilucidar en concreto de qué estamos hablando cuando decimos que estamos de acuerdo. Es fantástico bajarlo al papel.

— ¿Pero va a convocar a esa “mesa técnica”?

— No es un tema de convocarla. Se está trabajando y habría que conformar una mesa que fuera elegida por cada uno de los de los actores sociales. También tienen algo para decir los empleadores.

— ¿Hay una decisión política de cambiar la reforma laboral según lo que dictamine esa mesa?

— La metodología para trabajar se determinará en el Congreso de la Nación porque está definido que va a pasar por allí. Por supuesto que el Gobierno está trabajando arduamente y todas las opiniones que puedan acercar los actores sociales son bienvenidas. Pero esperamos que acerquen esas posiciones porque si no, no sabés si esa convocatoria resulta representativa de las opiniones. El Gobierno tiene su camino trazado y es prioritario trabajar sobre una modernización laboral, una actualización laboral.

— Me resulta curioso que usted no hable de “reforma laboral” y sí de “actualización” o “modernización”. Es algo que la CGT les pidió en la reunión en la Casa Rosada porque el rótulo de “reforma laboral” está demonizado para el sindicalismo después de la llamada “ley Banelco”. ¿Ya existe una decisión del Gobierno de no hablar más de “reforma”?

— Absolutamente. Si hay algo que a alguien puede resultarle molesto y se trata de encontrar un contenido que sea comprendido y aceptado, no hay ningún inconveniente.

— ¿El proyecto de reforma laboral que presentaron la semana pasada los diputados de la UCR es el texto que auspiciará el Gobierno para que se apruebe en el Congreso?

— No leí todavía ese proyecto. En todo lo que tenga coincidencia con el DNU, más las otras cosas que pueda haber presentado el radicalismo, desde ya que que es absolutamente considerable.

— Entonces la idea es que ese proyecto pueda ser incluido en la ley Bases o debatirse por separado, pero apoyado por los diputados de La Libertad Avanza y otros aliados políticos.

— Lo ideal es que se puede incorporar a la ley Bases un proyecto de modernización o actualización laboral con el contenido que se que se pueda obtener. Ahora, esto hay que construirlo.

— ¿Por qué no incluyeron directamente el capítulo laboral del DNU en la ley Bases? ¿Porque están buscando consenso para asegurar su sanción?

— Exactamente. Lo lógico es que algo que ya se puso sobre la mesa, que se presentó y se dijo que es de necesidad y de urgencia, se lleve al Congreso, pero, atento lo que pasó en la Justicia, por una cuestión hasta de respeto institucional, queremos saber qué observaciones hay concretamente, qué opinan los demás. Esto sin perjuicio de que el contenido del DNU sigue su curso, está en el camino de Derecho, enunciado en una norma totalmente constitucional. Ahora, si ese camino fue cuestionado, tanta es la vocación de diálogo que dijimos: “Veamos otro método”. Sería ideal poder avanzar, por el bien de todos, en una modernización o actualización laboral para que se genere empleo.

— ¿Lo condiciona en esta función desde la Secretaría de Trabajo el hecho de que lo cataloguen como “el abogado de Techint y de la UIA”? ¿Lo lleva a esforzarse para ser más imparcial?

— Estoy muy orgulloso de haber formado parte de uno de los grupos más importantes y generadores de empleo de la Argentina.

— Sí, pero algunos se lo recuerdan peyorativamente, como si usted actuara desde su cargo en favor del empresariado.

— Digan como lo digan, cada vez que que mencionan que formé parte de Techint lo leo con mucho orgullo. Tengo una enorme valoración por el emprendedor, por el empresario, así como la tengo por el trabajador y por su representación sindical. Nos conocemos desde hace mucho porque la función que yo tenía era de negociación. Y cuando uno negocia con la otra parte, en realidad no es un enemigo, sino que termina desarrollándose una relación de respeto mutuo. Tengo un enorme acercamiento y respeto a la representación sindical. Pero este desafío es mucho más grande que yo. Me siento honrado de ser parte de un gobierno que tiene la posibilidad de una transformación.