Una empresa de insumos médicos denunciada por el Gobierno por irregularidades es proveedora de la obra social de San Juan

El 18 de febrero pasado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descubrió graves irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo, como oncológicos y de HIV-SIDA durante la gestión de Alberto Fernández. La Auditoría Interna de la cartera detectó que 30 laboratorios, farmacias, droguerías y proveedores hospitalarios realizaron 33.008 imputaciones de pagos por un total de $65.289.274.180. Según la documentación a la que accedió este medio a través de fuentes oficiales, una de esas cuestionadas empresas médicas fue contratada por la obra social que atiende a empleados públicos de San Juan para que provea de fármacos y otros insumos con privilegios como, según se lee en la resolución 01976, firmada el 5 de marzo de 2024, firmada por el flamante interventor de la obra social sanjuanina, Rodolfo Fasoli.

A esa sociedad, junto a otras dos firmas proveedoras de productos médicos y farmacéuticos se les otorga beneficios únicos para operar a los cuales no accedieron otros prestadores, como la de no presentar ningún tipo documentación para cobrar por los insumos que supuestamente le venden a la Obra Social Provincial.

La misma sociedad ya había sido mencionada en 2008 por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, en el documento judicial que aludía a “La Mafia de los Medicamentos”, el triple crimen de General Rodríguez por el tráfico de efedrina y como aportante de la campaña presidencial del año 2007 del Frente para la Victoria. La candidata era Cristina Fernández de Kirchner y el jefe campaña Alberto Fernández. La sociedad nunca fue procesada por irregularidades en ese sonado caso.

Lo llamativo en torno a esta empresa es que, tras ser denunciada por Pettovello en los tribunales federales, accedió a un nuevo contrato para operar como proveedora de la Obra Social Provincia, la prestadora de servicios de los empleados estatales, los municipales, los policías, los trabajadores de la salud y la educación de la Provincia de San Juan con el mencionado privilegio.

Quizás este sea un ejemplo más de los pocos, escasos o nulos vasos comunicantes que existen entre los distintos niveles de los estados, ya sean provinciales, municipales o nacional.

Las presuntas compras corruptas denunciadas por Pettovello y que involucran a la empresa contratada por la Obra Social sanjuanina y otras 29, se realizaron a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), la oficina que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social, encargada de otorgar subsidios para la compra de medicamentos para enfermedades complejas y que atendía a personas vulnerables que no podían acceder a drogas de alto costo o prótesis para operaciones.

La denuncia judicial recayó en el juzgado Julián Ercolini, quien ya requirió medidas de pruebas. En el escrito se especula que los funcionarios que pasaron por la DADSE habrían realizado “negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”. Hasta el gobierno de Mauricio Macri, el área estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud, pero, en plena pandemia del COVID-19, Fernández resolvió traspasar la DADSE a Desarrollo Social; ahora Pettovello resolvió trasladar al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Antonio Russo.

El mecanismo utilizado por la administración anterior para adquirir los medicamentos oncológicos, entre otros era “burdo y escapaba a las normas de trasparencia en las compras del Estado”.

En uno de los párrafos más salientes, el escrito había descripto que “la selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos, sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”.

Además de las “graves irregularidades” que las autoridades dicen haber detectado, y que ya habían sido advertidas en 2019 y 2022 por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), desde Capital Humano aseguran que ese no era el ámbito idóneo para que los pacientes más vulnerables accedan a los “Subsidios para Ayudas Directas: destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos, por un importe de hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil” y a los “Subsidios para Ayudas de Alto Costo: destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe superior al 50% del salario mínimo, vital y móvil”, según se describe en la página web de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.

La denuncia de Capital Humano invoca la posible comisión de los delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Al cierre de esta nota, Infobae se comunicó con una de las autoridades de la obra social sanjuanina que contrató a la cuestionada empresa de insumos médicos y se aseguró que, al enterarse del hecho “el interventor -por Rodolfo Fasoli- se prepara para dictar una nueva resolución dejando sin efectos los beneficios exclusivos a la empresa”, sin embargo, al menos por ahora, seguirá siendo proveedora de la Obra Social del Estado provincial. El funcionario también desvinculó al gobernador Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio por la contratación de la firma médica.