La relación Gobierno-CGT: el ultimátum por Moyano, la orden que dio Luis Caputo y qué hay detrás del nuevo paro

Luego de cuatro meses, el Gobierno recibió a la CGT en la Casa Rosada, le pidió disculpas por no haberlos llamado a conversar antes y por los vaivenes del DNU, mostró voluntad de eliminar los puntos irritativos de la reforma laboral y prometió acelerar las homologaciones de las paritarias, mientras los sindicalistas reconocieron que salían conformes del encuentro con los funcionarios.

Sin embargo, al día siguiente, la respuesta de CGT fue lanzar el segundo paro general en la gestión de Javier Milei y confirmar dos movilizaciones callejeras (el 1 de mayo, por el Día del Trabajador, y el 23 de abril, para adherir a la marcha de los universitarios) de una fuerte impronta antigubernamental. Si los funcionarios libertarios abrieron una instancia de diálogo, ¿cómo se entiende el gesto de la CGT?

A la inversa, Hugo Moyano cedió ante el Gobierno y aceptó renegociar la paritaria del 45% de marzo y abril. Planteó el reclamo por la no homologación en la reunión de la CGT en la Casa Rosada, se quedó conversando esa noche con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y volvieron a encontrarse el jueves por la mañana. Hugo Moyano Jr., hijo del dirigente y abogado del sindicato, se instaló en Trabajo con técnicos de Camioneros para analizar una fórmula que permitiera salir de la actual encerrona.

La idea era rediseñar el convenio firmado para extenderlo de marzo a junio, con los últimos dos meses en sintonía con la inflación descendente. Todo parecía avanzar, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó que cualquier cambio incluyera módicos aumentos del 2% para mayo y 2% para junio, cifras más bajas que la inflación prevista. Allí se estancó todo. Si Moyano parecía dispuesto a hacerle un guiño a la política salarial libertaria, ¿cómo se entiende el gesto del Gobierno?

Se termina una semana extraña en la relación del sindicalismo y la administración de Javier Milei, donde se intercambiaron gestos de buen voluntad y, simultáneamente, de hostilidad. Curiosamente, en ambos sectores no dan por roto el vínculo. En la Casa Rosada, aunque están sorprendidos por la huelga de 24 horas en medio del incipiente diálogo, aseguran que siguen dispuestos a conversar con la CGT y a tratar de alcanzar consensos. En la cúpula cegetista, al menos en el sector moderado, no descartan la posibilidad de suspender el paro si logran avances en la negociación con el Gobierno. Cuando se le preguntó sobre ese tema al secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), respondió en forma sugestiva: “Veremos. Está confirmado, tendrían que transformarse un montón de cuestiones de la realidad. Por ahora no hay motivos para suspenderlo”.

En realidad, la fracción dialoguista de la CGT, integrada por la alianza de “Gordos” e independientes (además de Rodríguez, Héctor Daer, de Sanidad; Gerardo Martínez, de la UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, más aliados como Jorge Sola, del Seguro, y Sergio Romero, de UDA) fueron los que venían charlando reservadamente con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para acercar las posiciones y por eso sintieron que la convocatoria oficial al diálogo fue un triunfo político.

Pero las promesas de los ministros no alcanzaban para calmar al sector más combativo de la CGT, donde se mezclan barrionuevistas y kirchneristas, que presionaba para no demorar una medida urgente contra el Gobierno. Para colmo, la expectativa de los dialoguistas era que la inesperada presencia de Hugo Moyano en la comitiva que fue a la Casa Rosada derivara en la rápida homologación de la paritaria de Camioneros, con un doble objetivo: debilitar la postura intransigente de Pablo Moyano, un anunciador serial de paros al que su padre apartó de la negociación salarial, y dar una señal a los dirigentes más duros de que Camioneros podía sellar una tregua con el Gobierno.

Por eso la cúpula de la CGT jugó a fondo en favor de Hugo Moyano: en la Casa Rosada, Héctor Daer fue el primero que planteó a los representantes libertarios que el Gobierno tenía que homologar cuanto antes la paritaria del Sindicato de Camioneros. Hubo otros dirigentes gremiales que insistieron en lo mismo a lo largo del encuentro. El propio Moyano hizo una defensa de su aumento, carpeta en mano, exhibiendo los números que justificaban el 25% de mejora en marzo y el 20% en abril, y luego en la charla final con Cordero y otros sindicalistas de la CGT como testigos.

La presión de la dirigencia cegetista se tornó intensa incluso cuando todos se fueron de la Casa Rosada: un emisario sindical le dejó un mensaje a uno de los funcionarios libertarios con un ultimátum. “Tienen que homologar hoy mismo lo de Camioneros si no quieren que la CGT haga un paro”, dijo. Para la cúpula de la CGT, la paritaria de Moyano es un caso testigo. Al igual que para el Gobierno. Lo que está en juego, además de cómo controlar la inflación, es quién tiene más poder.

Cuando el Consejo Directivo de la CGT deliberó el jueves por la tarde, el sector dialoguista entendió que no había margen para desactivar el paro sin logros concretos que calmaran a los más combativos. Desde el kirchnerismo promovían que la huelga se hiciera antes de la movilización del 1° mayo. El barrionuevismo, a través del cotitular cegetista Carlos Acuña (estaciones de servicio), llegó a proponer un paro de 36 horas. Los moderados consiguieron que se apoyara su postura intermedia: que la segunda protesta general contra Milei se concretara luego de la marcha por el Día del Trabajador.

Así, desde hoy, tendrán 26 días hasta el paro del 9 de mayo para seguir las negociaciones con el Gobierno, presionando para sacar de la reforma laboral los artículos que perjudican al poder sindical, acelerar las homologaciones de las paritarias y lograr algún alivio financiero para las obras sociales.

De paso, se evitaron un enorme riesgo que temían si no definían ya mismo otro paro: que el kirchnerismo, la izquierda y los movimientos sociales les reclamaran a los gritos en la movilización del 1° de mayo que le pusieran fecha a una medida de fuerza. Todavía hay recuerdos traumáticos de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces realizó un acto de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo radicalizado que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato de la CGT (Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de los manifestantes para refugiarse en el Sindicato de Comercio, mientras que en los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.

Ahora, el escenario es quizás peor. La pelea en la CGT está demasiado caldeada, con críticas a una mesa chica de 6 dirigentes que deciden todo y Daer en la mira de Barrionuevo, que pidió su renuncia al hacerlo responsable de las demoras en profundizar la protesta contra el Gobierno. También por eso la definición del nuevo paro de 24 horas de la CGT sirvió como cicatrizante de las heridas internas. ¿Abrirá nuevos frentes con un gobierno que justo le había abierto las puertas? ¿Fue decidido sólo para que los libertarios sientan la presión sindical y se apuren en acceder a los reclamos cegetistas? ¿Se lanzó también como una herramienta para destrabar la paritaria del 45% de Camioneros?

La respuesta salió desde la Casa Rosada: “Bajo este gobierno el derecho de huelga está garantizado, pero no aceptaremos chantajes ni cederemos ante la presión de huelgas disparatadas”. Claro que la frase es de Cristina Kirchner, formó parte de su discurso al asumir su segundo mandato, en 2011, y tenía un claro destinatario: Hugo Moyano. Hoy, Milei podría hacer suyas aquellas palabras.