La legisladora nacional del PRO y presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Sabrina Ajmechet, anunció que creará el Registro de Violaciones en Pandemia, que recopilará las denuncias y buscará “fomentar la memoria y la justicia” para aquellos afectados por posibles abusos de autoridad durante la cuarentena de COVID-19.
La diputada prometió que buscará brindar un espacio seguro y receptivo a todas las personas que deseen compartir sus testimonios durante la cuarentena. “El gobierno de Alberto Fernández es el que más violaciones de Derechos Humanos cometió en democracia”, sentenció Ajmechet en un video compartido en sus redes sociales.
La iniciativa busca que aquellas personas que se consideren víctimas de violaciones de derechos humanos durante el período de emergencia sanitaria se acerquen a compartir sus experiencias. La información se registrará, sistematizará y se hará un informe final que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
Ajmechet fue designada el miércoles pasado como titular del organismo parlamentario especializado en DDHH, en otra jornada de intensa actividad legislativa y designaciones de autoridades en la Cámara de Diputados. Tras ser nombrada al frente de la comisión, anticipó su propuesta de registro y anticipó que el miércoles 24 de abril organizará una reunión informativa para convocar a las personas que tengan denuncias.
Junto a Ajmechet, las autoridades quedaron conformadas por los diputados Hugo Yasky (Unión por la Patria), como vicepresidente primero, María Celeste Ponce (La Libertad Avanza), como secretario primero, y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda), como secretario tercero.
La mención del registro generó la respuesta del vicepresidente de la comisión, Hugo Yasky, que propuso ampliar la convocatoria a “las víctimas de las políticas represivas que se están aplicando” en la actual gestión de gobierno de Javier Milei. Otro de los legisladores que intervinieron fue Juan Marino (UP), que rechazó la afirmación de que la gestión del Frente de Todos sea la que mayor cantidad de violaciones de DDHH produjo en democracia y recordó las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante el mandato del radical Fernando de La Rúa. “Cuarenta muertos”, comentó.
El diputado Fernando Iglesias replicó a Juan Marino, al señalar que la cifra exacta de la represión tras el estallido social de 2001 fue de 39 muertos y que solo 7 se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito cuya seguridad estaba en manos de fuerzas federales. Y señaló que el resto pertenecían a gobernaciones peronistas: 10 fueron “en la Santa Fe de (Carlos) Reutemann, gobierno justicialista; 11 en la Buenos Aires de (Carlos) Ruckauf, gobierno del PJ; 3 en la Córdoba de (Juan Manuel) De la Sota, gobierno justicialista, y uno en el Tucumán de (Julio) Miranda, gobierno justicialista”.
Durante la pandemia hubo casos vinculados a hechos graves de violencia institucional en la que participaron fuerzas de seguridad, como el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza en Tucumán en manos de policías locales, la represión contra la comunidad Qom en Fontana, en Chaco, o la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires. También tomaron estado público los centros de aislamiento preventivo de Formosa, que establecían condiciones de restricción duras para evitar la circulación de la población y que generó varias demandas judiciales.
Según un informe de Amnistía Internacional, fechado en agosto de 2020, se identificaron más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en todo el país. Además, constató que entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
En ese relevamiento se detectó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habría realizado 1.192 detenciones entre el 20 de marzo y el 8 de mayo; Santa Fe habría detenido a 21.478 personas entre el 20 de marzo al 27 de abril; la Policía de la Provincia de Córdoba habría detenido a 17.214 personas en las mismas fechas y la Policía de la Provincia de Chubut, detuvo a 20 de marzo y el 19 de abril: 6.419 personas, entre el 20 de marzo y 19 de mayo.
El reporte consignaba que muchos de los hechos relevados se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del ASPO y que “todos ellos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad de todo el país”.
“Amnistía Internacional reconoce la necesidad de que, en un contexto excepcional de emergencia sanitaria, se adopten medidas para extremar los cuidados en la vía pública de modo de garantizar que la sociedad respete el aislamiento en los términos de la normativa citada, y así morigerar el contagio. Sin embargo, el mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección son pilares fundamentales de un estado de derecho”, señalaba la ONG en ese documento.
El balance sobre la política sanitaria durante la pandemia de COVID-19 sigue siendo controvertido. Según un estudio global de la prestigiosa revista científica The Lancet, la Argentina finalizó la emergencia con disminución de la expectativa de vida de 0,8 años y un exceso de mortalidad por COVID de 0,85 por 1.000 habitantes. Ambos datos son menores que los promedios globales y que la media de América Latina, por lo que registró un desempeño comparativamente positivo en relación a otros países.
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