Reforma laboral: el Gobierno aceptaría dar de baja dos puntos objetados por la CGT para lograr la sanción de la Ley Bases

El Gobierno aceptaría bajar dos artículos de la reforma laboral objetados por el sindicalismo en busca de lograr un mayor consenso político para acelerar su aprobación parlamentaria dentro de la Ley Bases. Así lo revelaron fuentes oficiales, legislativas y gremiales a Infobae en medio de las negociaciones que se mantienen para definir el texto del proyecto que impulsa Javier Milei.

En realidad, la estrategia del oficialismo es avalar un proyecto de reforma laboral que está elaborando el bloque de diputados de la UCR, que contendría todo o una parte del capítulo laboral del DNU 70 que frenó la Justicia. “Si al Gobierno lo satisface, se integraría a la Ley Bases”, admitió una fuente del radicalismo. La iniciativa cuenta con el apoyo del PRO y Hacemos Coalición Federal, que, junto con la UCR, serán la llave para destrabar y avanzar con la agenda legislativa que le interesa al Presidente.

Las negociaciones con la oposición dialoguista fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras que en forma paralela se retomaron los contactos reservados con el sector moderado de la CGT para conversar sobre la reforma laboral. Esas charlas se habían realizado en secreto luego de Milei ganó el balotaje y allí Francos les dio garantías a los líderes cegetistas de que los cambios laborales no pondrían en riesgo al poder sindical.

Sin embargo, la última revisión del DNU 70 estuvo a cargo del asesor gubernamental Federico Sturzenegger, que endureció su contenido con artículos que irritaron a los dirigentes gremiales. Por eso la CGT impugnó el DNU ante la Justicia por considerarlo inconstitucional y se abrió una etapa de fricciones con el Gobierno que incluyó el paro con movilización del 24 de enero pasado y que este jueves, en una reunión de la conducción cegetista, podría llevar a una huelga de 24 horas.

Sin embargo, el sector dialoguista de la CGT, en medio de las presiones para que concrete otra medida de fuerza, demoró hasta ahora la profundización de la protesta contra Milei y dio señales de que no se negaría a debatir la reforma laboral, como lo aseguraron a mediados de marzo Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), dos de los máximos líderes de la central obrera, en la AmCham Summit 2024. “No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical”, dijo Rodríguez ante los empresarios presentes. Y Daer lo apuntaló: “Creemos en la construcción de consenso, sabemos que eso lo hacemos juntos y que es para toda la sociedad. Trabajamos para que las empresas funcionen y tengan rentabilidad, pero también para que los trabajadores puedan trabajar”.

La misma postura tiene el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA): “La CGT representa un sindicalismo dinámico y actualizado que actúa en todas las dimensiones de lo que significa la sustentabilidad y la productividad -afirmó a Infobae- sin perder derechos y mostrando que para haya empresa debe haber trabajadores, y viceversa. Por eso nos sentimos seguros y sin miedo sin temor a sentarnos a una mesa tripartita para resolver los problemas y proponer esquemas que generen mas trabajo y mejores ingresos”.

Ahora, en los nuevos contactos entre el Gobierno y la CGT, revelados por el periodista Jorge Duarte, los negociadores libertarios se mostraron dispuestos a sacar de la Ley Bases los artículos de la reforma laboral que figuran en el DNU más resistidos por el sindicalismo. Uno es la limitación de las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el “consentimiento explícito” del trabajador para ser descontada.

Otro punto del DNU que critica la CGT es el que diluye la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, algo que los sindicalistas defienden a rajatabla como una forma de “preservar los derechos de los trabajadores” y evitar una “negociación a la baja”. El decreto de Milei, frenado por la Justicia, contempla que “una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. Y agrega: “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Si el Gobierno acepta que esos dos artículos no formen parte de la Ley Bases, la expectativa -basada en los contactos reservados- es que logre un guiño del sector dialoguista de la CGT y así se destrabe la resistencia de los diputados nacionales de Unión por la Patria a la reforma laboral libertaria.

Aun así, los diputados radicales deliberan en estas horas para definir si el proyecto de ley que presentarán incluirá una versión limitada de la reforma laboral del Gobierno o si reproducirá todo el capítulo sobre el tema que figura en el DNU 70. “Nuestro proyecto tendría como corazón lo que es el DNU -sostuvo un legislador radical-. Entendemos que que así va a ser, pero todavía estamos todavía definiendo algunos aspectos más técnicos del proyecto. Sobre todo si reproducirá el DNU completo o si se eliminarán algunos puntos de la reforma laboral que pueden ser objetados por la Justicia”.

La misma fuente agregó: “Estamos trabajando contra reloj. La Ley Bases tiene que ser presentada de nuevo en los próximos días y queremos llegar con un consenso fuerte entre nosotros. Ya tuvimos reuniones y ahora hay que trabajarlo con los senadores. Algunos quieren poner el capítulo laboral tal como está en el DNU y otros creen que eso es acelerar demasiado y arriesgarse a tener luego una judicialización de la ley. Todavía tenemos diferencias y estamos tratando de superarlas”.

En el bloque de diputados de la UCR, conducido por Rodrigo de Loredo (Córdoba), y con mucho protagonismo del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Nieri (Mendoza), apuntaron: “Tenemos un día y medio para presentar nuestro proyecto, pero no debería ser muy distinto de lo que dice el DNU, eventualmente quitando algunos temas, porque si no no van a dar los tiempos para que el gobierno lo pueda incluir en la Ley Bases”.

La iniciativa de la UCR, acordada con el Gobierno, también será apoyada por el PRO y Hacemos Federal. De por sí, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y legisladores de su bancada estuvieron reunidos a fines de marzo con Francos y Posse, donde le plantearon la incorporación en la nueva ley ómnibus de tres proyectos para modernizar la legislación laboral que están en sintonía con el DNU 70, como una forma de destrabar este tema por vía legislativa.

Las iniciativas presentadas por los diputados del PRO contemplan la extensión del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, la simplificación de la registración laboral y la eliminación de las multas por falta de registro y la regulación del derecho de huelga en los servicios de seguridad, transporte, salud y educación al declararlos servicios esenciales, con guardias mínimas del 75%.

Sin embargo, para un sector del Gobierno esos tres proyectos son “insuficientes” porque no abarcan todos los ítems de la reforma laboral que figuran en el DNU 70. Lo mismo sucede con una propuesta similar presentada por el bloque de senadores nacionales de la UCR, cuyo proyecto de ley rescata sólo tres de los cambios que quiere Milei: un Fondo de Cese Laboral, la modificación de las multas laborales y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses.

En el caso del PRO, hay un proyecto de ley que fue presentado por una de sus diputadas nacionales, Verónica Razzini, de Santa Fe, que responde en forma fiel a lo que busca el Gobierno con la reforma laboral porque su texto es un espejo del contenido del DNU 70 y fue elaborado de esa forma justamente para que le sirviera al oficialismo como una herramienta para viabilizar sus cambios.

Ahora, necesitado de tener por fin una herramienta legislativa que permita concretar los cambios que proyecta, las principales figuras del Gobierno están apurando las negociaciones para obtener mayores consensos políticos (¿y sindicales?) para la Ley Bases y así tratar de llegar con la norma sancionada al 25 de mayo para firmar en Córdoba el pacto que les propuso Milei a los gobernadores.

En el cronograma oficial, la idea es avanzar la semana próxima con el tratamiento de la Ley Bases en comisiones en la Cámara baja, llevarlo al recinto en 15 días y aprobarlo antes de que termine abril.

Para la Casa Rosada, si se confirma que resignará los artículos objetados por la CGT, dejar la iniciativa de la reforma laboral en manos de la UCR le daría la posibilidad de no aparecer ante la opinión pública retrocediendo ante la presión sindical, justo cuando está por lanzarse un paro general de 24 horas.

En la CGT, de todas formas, no niegan los contactos con Francos, pero advirtieron a Infobae: “Por ahora es todo verso. Queremos una reunión institucional. Siempre fuimos de promover el diálogo sin restricciones y queremos ser escuchados a partir de nuestros puntos de vista”.

¿Aceptaría la CGT una convocatoria de la Casa Rosada para negociar la reforma laboral, entre otros puntos? “La decisión del diálogo es responsabilidad del que gobierna -resaltó la fuente cegetista-. No le tememos al diálogo. Todo lo contrario. El que confrontó desde el principio fue el Gobierno”.