El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió junto a casi todo su gabinete, a veinticinco intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) tras el pedido que los jefes comunales le habían realizado para abordar distintos problemas, sobre todo que tenían que ver con la atención en salud. En ese marco, Kicillof aprovechó para pedirle el acompañamiento a los proyectos de ley que el Ejecutivo giró a la Legislatura el mes pasado y que tienen como objetivo crear una empresa de atención de emergencias médicas y un laboratorio provincial de medicamentos.
Durante la reunión -que se llevó adelante en el Salón Dorado de la Gobernación- los intendentes y el Ejecutivo intercambiaron distintas demandas. Los radicales pidieron por las prestaciones que IOMA adeuda a los distritos. Fue el presidente del Foro de Intendentes UCR, Maximiliano Suescun (Rauch), el que planteó ese tema; considerado uno de los más importantes. Sucede que en el interior bonaerense donde la atención de la salud pública es prácticamente en su totalidad de carácter municipal, los hospitales terminan cubriendo las presentaciones del Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA). Se le suma a este asunto el crecimiento en la demanda de atención hacia el sistema público por las bajas pacientes en las prepagas, ante los altos costos de cobertura.
También plantearon la necesidad de terminar las obras en curso iniciadas con fondos provinciales. En ese punto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, adelantó que hacia el mes que viene esperan tener todas las obras reactivadas; mientras trabajan en algún esquema que permita absorber algunas de ejecución nacional. Cabe recordar que una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei fue paralizar la obra pública a nivel nacional.
A su turno, según pudo reconstruir Infobae, Kicillof trazó un escenario de cuál es la realidad económica y financiera de la Provincia. Allí se detuvo e insinuó la primera demanda hacia los intendentes que tuvo que ver con la coparticipación. “Hubo un pedido del gobernador de trabajar en conjunto. Hay que ser muy honesto en la política: la provincia de Buenos Aires no es viable con la coparticipación del 22%. Hay fondos que no le podes cortar como le han cortado ahora. En el Gran Buenos Aires viven 14 millones de personas con muchas necesidades”, detalló el intendente de Tandil, Miguel Lunghi tras el encuentro. Aseguró también que van a acompañar. “No queda otra, hay que ser muy creativos, cuidadosos e ir avanzando mes a mes. Tenés una política nacional que tiene todo el derecho y la legalidad, pero existe mucha incertidumbre”.
Ante la situación de crisis en salud que trasladaron los intendentes, Kicillof recordó que en la Legislatura hay dos proyectos que giraron el mes pasado desde el Ejecutivo. Uno para crear un laboratorio de producción propia de medicamentos e insumos y otro para poner en funcionamiento un sistema de emergencias médicas. Ambas iniciativas crean una figura de sociedad anónima estatal para su administración. Pidió que lo acompañen en esa cruzada.
A priori, los intendentes se mostraron predispuestos. “Lo vamos a acompañar, pero tenemos que analizarlo en detalle”. Hay allí una realidad. Los tiempos ejecutivos no son los mismos que los legislativos y además los intendentes no tienen un poder de fuego pleno sobre los legisladores del partido. En definitiva los que terminan votando son los legisladores.
Las iniciativas habían sido incluidas el año pasado en el proyecto para prorrogar emergencias en distintas áreas de gobierno que se discutía a la par de la Ley Fiscal Impositiva. Sin embargo, en medio de las negociaciones, la oposición pidió retirar los dos artículos donde se pedía por la creación de las empresas estatales. Ahora el Ejecutivo volvió a impulsarlos en un contexto de aumento de precios de medicamentos y alta demanda de otros productos preventivos, como por ejemplo el repelente de mosquitos en plena epidemia del dengue.
“El Gobierno nacional ha paralizado la obra pública y cortado drásticamente las transferencias a las provincias: el ajuste que está llevando adelante ya impacta en cada municipio en el que cierran las pymes y se deterioran los ingresos”, planteó Kicillof. Agregó también que “no vamos a apoyar ningún tipo de recorte. Quienes coincidimos en que lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas es más empleo, salud y educación pública, debemos trabajar en conjunto para dar respuestas más allá de nuestras diferencias”.
En lo que refiere a los medicamentos; los intendentes tienen también su propia alternativa y es reflotar un proyecto que cobró vigencia durante la presidencia del radical Arturo Illia. Se trata de la Ley Oñativia. Dos leyes que fueron sancionadas en 1964 y regulaban la comercialización y producción de medicamentos, que además eran declarados como “bienes sociales”. También se creó el Instituto de Farmacología y Control de Drogas y Medicamentos; un instituto previo a la que hoy es la ANMAT.
El tema lo pusieron este martes sobre la mesa. Kicillof leyó el borrador. Los intendentes le pidieron intervención ante los legisladores nacionales del peronismo y el mandatario -según los intendentes- se comprometió en hacer gestiones al respecto.
“Los medicamentos están incomprables, no se puede desregular los medicamentos. Hay medicamentos que por ejemplo para un infarto de miocardio valía la ampolla 600 mil pesos y hoy vale 2 millones ochocientos sesenta mil pesos. En enero del 2023 una ampolla de morfina valía 16 pesos, hoy vale 520 pesos. Todos los medicamentos están así”, detalló el intendente de Tandil, que además es médico.
Tras la reunión con Kicillof, los intendentes se dirigieron al encuentro del presidente del partido a nivel nacional, Martin Lousteau, para también llevar el proyecto de Ley Ontaviña, versión 2024, a la discusión en el Senado de la Nación, y seguir sumando adhesiones a la regulación del precio de los medicamentos que están liberados desde el 31 de octubre del año pasado.