Las claves de la integración de la Corte Suprema de Justicia en la era Milei

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un ámbito donde se resuelven temas de una enorme trascendencia y por ello surgen intereses muy fuertes cuando se trata de designar a sus integrantes.

Cuando hay intereses, los elogios y las críticas suelen ser selectivas: si el candidato es afín, tanto por cercanía personal o ideológica como en ocasiones por situación social, no se le atribuyen pecados ni descalificaciones; caso contrario, en esta Argentina polarizada, no se le concede ni el beneficio de la duda y se lo condena inapelablemente.

Mucho de lo que se escucha y se lee sobre este tema obedece a esta intencionalidad subjetiva, que es algo normal en todos los países, y que en Estados Unidos ha sido denominado “sesgo cognitivo”, es decir, una mirada acomodada a lo que uno desea.

El presidente Javier Milei ve a la Corte como parte del proyecto de país que tiene en mente. Por eso las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al alto tribunal son de una gran importancia para sostener el proyecto económico y sobre todo para que éste no sea destruido por fallos en el futuro.

La Corte es, en ese sentido, parte fundamental del sostenimiento de sus transformaciones.

La designación de Manuel García Mansilla está claramente en esa línea dado que es una persona que comparte sus ideas económicas y de libre mercado.

La propuesta de Ariel Lijo parece más vinculada a la concreción de las ideas, porque representa a la justicia federal, que es donde se dictan cautelares contra los gobiernos. Lijo puede ser una guía, algo que actualmente no hay en la Corte.

Las decisiones del Ejecutivo deben ser aprobadas por el Senado, como corresponde a una democracia republicana.

Hay comentarios que acreditan que el gobierno hizo consultas con dirigentes del Pro, porque se basaron en la experiencia de Mauricio Macri. En aquel momento, éste propuso a Carlos Rosenkrantz, que era asesor de grandes empresas, y a Horacio Rosatti, que había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Milei usó el mismo modelo: un candidato para los mercados y otro para agradar a la oposición.

Es probable que haya dificultades en el Senado.

La propuesta de Rosenkrantz y Rosatti fue ampliamente rechazada por la oposición en su momento, pues se los nombró por decreto -lo que era improcedente-, y pasaron varios meses hasta que finalmente lograron su ingreso a la Corte. Esa parece ser la idea del Gobierno: a lo largo del año se aprobarían estas candidaturas.

Los candidatos nominados a la Corte suelen pasar por un durísimo proceso de críticas fundadas, lo que es positivo; pero también, hay que decirlo, otras que son infundadas o basadas en intereses.

Recordemos las críticas a la llamada Corte Menemista de Julio Nazareno, Augusto César Belluscio, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O Connor, y la crisis que dio lugar al decreto 222/03.

Con el proceso de nominaciones iniciado entonces hubo críticas muy fuertes, por ejemplo hacia Eugenio Zaffaroni por sus ideas y vínculos, o a Carmen Argibay por su posición en materia religiosa o porque se encontraba en el extranjero.

En las últimas nominaciones, también hubo fuertes críticas. Horacio Rosatti fue señalado por ser político kirchnerista, porque fue procurador y ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Carlos Rosenkrantz fue impugnado por sus relaciones con las empresas que asesoraba en su estudio jurídico.

Hay que entender que esto es lo normal en un proceso democrático y que, al final, es el Senado el que decide, como lo señala la Constitución.

Veremos que sucede con las nuevas propuestas.

No hay muchas señales todavía, porque habrá que ver qué apoyos y críticas surgen durante el proceso previsto en el decreto 222/03.

Lijo no es kirchnerista, y es probable que exista alguna resistencia porque dispuso la detención del ministro de economía durante el kirchnerismo Amado Boudou. Se comenta, sin que haya datos concretos, que esa fue la razón por la cual el gobierno de Alberto Fernández nunca lo propuso para ningún cargo, porque Lijo quería la procuración, y Fernández pensaba que no lograría la aprobación del Senado. A su favor tiene veinte años de Juez federal, y una enorme cantidad de vínculos dentro y fuera del poder judicial, que, seguramente, actuarán a su favor.

García Mansilla es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, lo que le da un respaldo institucional importante. Nadie es decano si no pasa por un proceso de selección estricto, y es probable que también logre numerosos apoyos.

El decreto dispone que se debe tener en consideración, en la medida de lo posible, la diversidad de género, especialidad y procedencia.

La Corte actual tiene cuatro varones, dos jueces de procedencia política (Rosatti y Juan Carlos Maqueda), uno vinculado a estudios jurídicos profesionales (Rosenkrantz) y uno que fue nominado por el sector académico (Ricardo Lorenzetti).

Se esperaba una mujer, y ello motivó varias críticas. En el Gobierno dicen que no están obligados, que en la campaña electoral el actual presidente fue bastante claro en este aspecto, y que han optado por otras consideraciones. El último gran debate en este sentido fue cuando se designó a Daniel Bejas en la Cámara Electoral porteña, donde nunca hubo una mujer; de hecho, una mujer había ganado el concurso y designaron a un hombre, y fue aprobado por el Senado en base a los argumentos de José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes consideraron que no hay obligación de designar una mujer. Está claro que optaron por las valoraciones relativas a la procedencia.

En la Corte actual no hay ningún juez que provenga del Poder Judicial. Otro detalle no menor es que tanto Elena Highton de Nolasco como Argibay eran juezas nacionales y nunca hubo alguien de la justicia federal. Era un antiguo reclamo, ahora satisfecho.

Lijo es el representante de los jueces y juezas federales de todo el país, lo cual se notó con el nivel de apoyo que tiene en todas las regiones de la justicia federal.

Ha trascendido que en el gobierno consideran que la Corte está politizada, tal vez por la presencia de dos jueces de procedencia política, y sobre todo, por las declaraciones que hiciera Horacio Rosatti, que consideran de naturaleza partidaria o, al menos, inclinadas políticamente.

Por eso se ha propuesto a un académico como García Mansilla, que tiene una importante formación en historia y derecho constitucional.

Milei dijo que iba a consultar con la Corte.

Ha trascendido que no lo quiso hacer con Rosatti porque considera que es un juez politizado y que no es imparcial, ya que adelantó indebidamente opinión al decir que la dolarización es inconstitucional; al asistir a un acto político en Lomas de Zamora, o al tratar de descalificar al presidente diciendo que no leyó a Alberdi.

Pero está claro que la decisión es del Poder Ejecutivo y que es el Senado quien debe aprobar los pliegos; no la Corte o sus ministros.

También trascendió que consultaron a Maqueda por su permanencia y sobre si iba a insistir en pedir cinco años más. La negativa del ministro hizo que optaran por la nominación anticipada, basándose en que esta medida ha sido aprobada por el Consejo de la Magistratura en diciembre del año pasado, aprobada por todos los sectores, incluida la Corte.

Los primeros comentarios fueron en relación a que se quiere cambiar el “bloque” en la Corte y la presidencia del Tribunal.

Desde la Corte siempre han negado tanto la “mayoría peronista” de la que se hablaba durante la presidencia de Rosenkrantz, como “el tridente” del que se habla en la presidencia de Rosatti. Tienen aversión a la idea por el mal recuerdo que dejó la “mayoría automática” durante la presidencia de Nazareno.

Pero hay algo de razón en este aspecto, porque en los temas que tiene por delante el Tribunal, es probable que haya diferentes mayorías según los temas. Es lo que ocurrió hasta ahora y, probablemente esto se acentúe con la nueva composición. Por ejemplo, en juicios de lesa humanidad, está el recurso del fallo “Muiña”, donde tanto Rosenkrantz como Rosatti votaron en un sentido y Lorenzetti y Maqueda en otro; al dejar Maqueda el Tribunal e incorporarse los nuevos, habrá que ver cómo se vota. En temas laborales, previsionales y de coparticipación, también habrá diferentes mayorías.

En cuanto a la Presidencia, se debe elegir en octubre de este año, pero, evidentemente, será de modo transitorio, porque al incorporarse los nuevos miembros se volverá a elegir. Es natural que García Mansilla pretenda el liderazgo. Por el lado de Lorenzetti, ha propuesto en varias oportunidades la eliminación del sistema electivo, que siempre ha sido conflictivo, y hacer rotativa la presidencia, como en otros tribunales.