El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron este jueves por la tarde a los gobernadores del PRO y la UCR para acercar posiciones sobre el acuerdo fiscal y la nueva Ley Bases, pasos previos al anticipado Pacto de Mayo.
Tras el encuentro, los representantes del Poder Ejecutivo se mostraron optimistas y dejaron trascender que el camino para la aprobación de la nueva versión de la denominada Ley Ómnibus estaría despejado. Sin embargo, en sus declaraciones posteriores los mandatarios provinciales pusieron paños fríos y señalaron que los planteos que habían realizado todavía no tuvieron una respuesta oficial.
En el Congreso, los bloques de la oposición dialoguista, es decir, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, mantienen la cautela (el PRO ya adelantó su acompañamiento). Por un lado, esperan la respuesta de la Casa Rosada sobre el mínimo imponible de Ganancias, uno de los principales cuestionamientos de los mandatarios provinciales. Especialmente de las provincias patagónicas, que categóricamente rechazaron la posibilidad de que el piso quede en $1.200.00 dado que gran parte de sus trabajadores quedarían incluídos en el tributo, lo que representaría una disminución salarial en pleno contexto recesivo.
“No dieron detalles sobre los puntos en particular. Dijeron que la escala va a ser bastante más alta y que los porcentajes a pagar van a ser más bajos”, explicaron a Infobae cerca de un mandatario que ya manifestó su voluntad de brindar al gobierno las herramientas para que lleve adelante su plan de gestión.
Por otro lado, tanto la UCR como el PRO y Hacemos Coalición Federal presentaron nuevas modificaciones y sugerencias en base al último borrador que circuló de manera informal. Al igual que ocurrió durante las negociaciones de la primera Ley Ómnibus, los representantes del Poder Ejecutivo tomaron los planteos y quedaron en responder.
Desde la oposición descuentan que no se repetirá la misma situación, es decir, que no conocerán los cambios definitivos con el proyecto ya presentado. “Esta vez parece ser que el plan del gobierno es que el borrador sea lo más parecido al dictamen, porque si otra vez el dictamen sale con la mitad de las firmas en disidencia otra vez vamos rumbo a un fracaso”, explicó un hombre del radicalismo.
Los gobernadores están urgidos de acordar con el gobierno un alivios fiscal debido a que las arcas provinciales se vieron muy golpeadas por el recorte de las transferencias, el freno de la obra pública, la eliminación de Ganancias (un impuesto coparticipable) y la suspensión de los giros de fondos a las cajas previsionales provinciales. Sin embargo, su influencia sobre los bloques es limitada.
“Es un error de la Casa Rosada, negocian sólo con los gobernadores pero después los que levantan la mano son los diputados”, explicó un dialoguista que considera que la posición de los gobernadores no se traduce automáticamente en votos en la Cámara de Diputados. Esa preocupación también es compartida por algunos legisladores libertarios.
Según pudo saber Infobae, Posse y Francos adelantaron que el borrador con las correcciones llegará a los despachos de los gobernadores y de los jefes de bloque la semana que viene.
Los plazos son cada vez más cortos. El Gobierno planteó un cronograma muy ambicioso y espera obtener dictamen de comisión entre el 15 y el 20 de abril para poder debatir en el recinto el miércoles 24. Ese esquema dejaría suficiente tiempo al Senado para sancionar la ley antes del 25 de mayo, la fecha simbólica que propuso el gobierno para sellar un acuerdo político con los gobernadores y la oposición sobre políticas de Estado.