Nicolás Posse brindará su primer informe de gestión ante el Senado a fines de este mes

El jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, brindará a fines de este mes su primer informe de gestión en el Senado de la Nación. Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien de todos modos no especificó el día de la presentación.

“Durante los últimos días del mes de abril el Jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse concurrirá al Senado de la Nación a brindar el informe sobre la marcha del gobierno según estipula la Constitución Nacional en su artículo 101″, publicó Adorni en sus redes sociales.

En medio de la renacida pugna por la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, se espera que el funcionario deba responder una gran cantidad de preguntas acerca del mega DNU. De hecho, el primer paso para eso será una notificación a los legisladores para que le envíen previamente sus preguntas a Posse.

De perfil bajo, prácticamente sin declaraciones públicas en los pocos más de tres meses de gobierno de Javier Milei, el jefe de Gabinete no tendrá un escenario fácil. Incluso opositores moderados, como el diputado Julio Cobos, ya reclamaban su presencia en el recinto desde febrero. “El 10 de diciembre asumió el presidente Javier Milei. Sin embargo, al día de la fecha, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ha evitado dar declaraciones públicas. Informar sobre la marcha del gobierno es un deber republicano establecido constitucionalmente”, enfatizó en ese momento el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, hoy ya de nuevo en la Unión Cívica Radical.

El mendocino, junto a otros integrantes de la UCR en la Cámara baja, fundamentó su reclamo en base a que “la Constitución Nacional, en su artículo 101, establece taxativamente que jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno″.

Las presentaciones de los jefes de Gabinete en el Congreso se volvieron un dolor de cabeza para casi todas las gestiones presidenciales de los últimos 28 años. De hecho, en un cuadro publicado de cumplimiento de informes escritos y orales sobre los esperados entre 1995-2020 de Cippec, quien se acercó a la mejor marca, lograda en el segundo gobierno de Carlos Menem, fue el macrismo. De todos modos, ambos quedaron lejos del ideal.

Este miércoles, los diez gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO que se mueven como “dialoguistas” y mantienen una alianza equidistante o estratégica con el Gobierno se reunieron de manera virtual para coordinar una estrategia conjunta en la previa a la cumbre que tendrán mañana en la Casa Rosada con Nicolás Posse y Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.

Los mandatarios provinciales unificaron criterios respecto a una serie de temas contenidos en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, con la cual se pretende avanzar en desregulaciones, modificaciones y “mejoras” en el plano fiscal y tributario. El Gobierno tiene previsto darle estado parlamentario a ese articulado este viernes, con el fin de tratarlo y aprobarlo antes del Pacto de Mayo, convocado para el 25 de ese mes en Córdoba.

El Gobierno también enviará la nueva Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos con la reforma del Estado, emergencias y facultades para el Poder Ejecutivo y privatizaciones entre los puntos más sobresalientes.

Los gobernadores dialoguistas repasaron el borrador de la nueva Ley Bases y hay consenso para apoyarla. En cambio, tienen matices y observaciones respecto de la Ley de Medidas Fiscales. En una especie de semaforización parlamentaria, la Ley Ómnibus tiene luz verde y el paquete fiscal, amarilla.

El gran punto de discrepancia se haya en el Decreto 280/2024 con el que el Balcarce 50 afectó el pago del déficit fiscal de las cajas previsionales de 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. Dentro de ese conglomerado, hay cinco gobernadores que pertenecen al lote de JxC: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Chaco.

A eso se suma un rojo fiscal que el Gobierno tiene con las provincias. En JxC evalúan que Milei le adeuda recursos impago a todas las provincias. El cálculo que hacen refiere a una deuda de 4.2 billones de pesos que la Nación le debe a las provincias.

Según pudo conocer Infobae por parte de los gobernadores, esa cifra contiene $ 250 mil millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sin distribuir, $2 mil millones por la recaudación de Ganancias, $255 mil millones en concepto de Impuesto a los combustibles, recursos del consenso fiscal 2023 y la proyección 2024 1700 millones. La cifra da una suma total de $4,258 billones de pesos.

En ese marco, la compensación de las cajas Jubilatorias no transferidas es central. Los gobernadores se sorprendieron con el DNU 280 del jueves pasado. No cayó bien. La medida circuló rápidamente en el grupo de WhatsApp que comparten todos, cuyo nombre es “24 gobernadores y un Jefe de Gobierno”. Además, deambuló en chats internos de los mandatarios de JxC.

Se trata de una decisión del gobierno nacional que empantana otra vez el debate por la Ley Ómnibus, a 40 días del Pacto de Mayo. Desde la Casa Rosada aseguran que los fondos para los sistemas previsionales de las provincias están y que fueron reasignados. Ese será, acaso, el tema más discutido en la reunión de mañana en el Ministerio del Interior.

El decreto en cuestión formalizó también la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador del Transporte. Son dos programas clave para financiar parte de los sueldos docente y subsidiar los boletos de los colectivos en las provincias. En un contexto de licuación y ajuste fiscal, los gobernadores alegan que dejar de percibir esos recursos agrava aún más la situación económica en sus territorios.

En relación con el paquete fiscal, el punto más discutido por los Gobernadores es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Milei propone reinstaurarla con un mínimo no imponible de $1.200.000. En cambio, los mandatarios -centralmente los del centro y el sur del país- exigen un piso más alto, con escalas bajas o progresivas. Se trata de una medida que gravará la clase media y tendrá alto costo político.