“La violencia en la capital argentina de la droga pone a prueba la visión de Estado pequeño de Javier Milei”, se titula la crónica firmada por la periodista Ciara Nugent para el Financial Times, desde la ciudad de Rosario. El artículo, publicado este lunes 1° de abril, realiza un repaso sobre la escalada de violencia que vivieron los rosarinos en las últimas semanas - con la muerte de cuatro víctimas elegidas al azar por las bandas de narcotraficantes - y hace foco en la preocupación que despierta en dirigentes locales el recorte a los recursos provenientes del gobierno nacional, a raíz del ajuste que impulsó el Presidente.
“Milei, un autodenominado “anarcocapitalista” empeñado en reducir el abultado Estado argentino, ha recortado drásticamente la financiación de Santa Fe y otras provincias en su campaña para acabar con el déficit fiscal crónico de Argentina. Milei ha eliminado casi por completo las transferencias federales discrecionales, que representaban el 8% del presupuesto de Santa Fe en 2023″, reseña la cronista del prestigioso medio británico.
Más adelante, agrega otro dato duro: “El gobierno de Milei también ha paralizado el 88% de los proyectos de obras públicas de Argentina, que, según él, son una fuente de corrupción. Entre los proyectos paralizados figura la regeneración de un barrio marginal de Rosario”.
“El portavoz de Milei - en referencia a Manuel Adorni - declaró al Financial Times que no se habían destinado fondos adicionales para ayudar a Santa Fe a hacer frente a las bandas, más allá de la provisión de fuerzas de seguridad. Sin embargo, funcionarios provinciales de Rosario dijeron que se necesitaría algo más que un refuerzo de la seguridad para resolver el problema”, indican.
En contraste, el artículo advierte sobre la preocupación que deriva de esta situación, al señalar que las bandas criminales suelen aprovecharse de los jóvenes de barrios marginales utilizándolos como mano de obra para delinquir. “En un barrio obrero de las afueras de Rosario, las casas de bloques de hormigón de una sola planta y las calles semipeatonales están salpicadas de los llamados búnkeres: agujeros en la pared del tamaño de un ladrillo que funcionan como improvisadas tiendas de barrio donde los chicos -conocidos por los lugareños como “soldaditos”- venden droga”, consigna la periodista.
“A unas manzanas de distancia, varios adolescentes esperan sentados en el húmedo patio de un pequeño centro comunitario a que les sirvan una pizza para almorzar. El centro, que tiene una biblioteca y acoge clases de boxeo, fútbol y robótica, recibe financiación municipal, provincial y nacional, dijo su responsable, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad”, agrega. Más adelante, cita el testimonio del referente social: “´Este es el último eslabón de la cadena, porque más allá de este lugar, estos niños no tienen otro lugar adonde ir que [las calles], dijo. Desde diciembre no recibimos financiación de ningún nivel. A finales de marzo se acaba. No sé qué pasará después´”.
El artículo reconstruye que los hechos de violencia se agudizaron en febrero, cuando “apareció un mensaje en una sábana blanca colgada sobre un puente de Rosario, ciudad portuaria fluvial de 1,3 millones de habitantes en Argentina, en el que se advertía de la inminente ´muerte de inocentes´ si el gobierno provincial continuaba con la represión de los mafiosos”.
“La amenaza se produjo días después de que el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, publicara unas fotos en las que aparecían pandilleros descamisados alineados en el suelo de un pasillo de la cárcel, lo que recuerda a las imágenes compartidas a menudo por el famoso presidente de línea dura de El Salvador, Nayib Bukele”, afirma.
“Cuna de personajes tan conocidos como el revolucionario Che Guevara o la superestrella del fútbol Lionel Messi, Rosario se ha dado a conocer más recientemente por un motivo diferente: se ha transformado en un centro de tráfico de drogas a medida que los grupos latinoamericanos aumentaban las exportaciones de cocaína para satisfacer la creciente demanda de Europa y Estados Unidos”, describe.
“En marzo, una oleada sin precedentes de ataques de bandas a civiles mató a cuatro personas y desencadenó varias huelgas paralizantes de los trabajadores del transporte en la ciudad. Los asesinatos conmocionaron a Argentina, que nunca ha sufrido el nivel de violencia del narcotráfico que afecta a otros países de la región, como Colombia y México”, analiza Nugent.
“La violencia también ha puesto de manifiesto el reto que supone hacer frente a la delincuencia relacionada con las drogas en medio de una grave crisis económica”, indica yendo al meollo de su planteo. “Milei obtuvo un fuerte apoyo de los votantes en Rosario, con el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre. Ha desplegado cientos de policías federales en Rosario, ha presentado un proyecto de ley al Congreso que permitiría la intervención del Ejército y se ha comprometido a acusar a los miembros de las bandas de terroristas” sostiene.
La palabra de los funcionarios de Santa Fe al Financial Times
Tras la exposición inicial de la coyuntura en la provincia, la cobertura del diario británico indagó en la posición del gobierno local. La crónica continúa de la siguiente forma:
“El tiroteo es lo que se ve. Pero detrás hay todo tipo de problemas sociales y de infraestructuras”, afirma Ramiro Galassi, asesor del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La corrupción entre la policía provincial mal pagada y el personal penitenciario es un problema importante, según los expertos, al igual que la vasta economía de mercado negro de bienes legales de Santa Fe, que facilita a los narcotraficantes el blanqueo de dinero.
“No resolvemos esto sin un Estado mucho más fuerte y sofisticado que el que tenemos ahora en Santa Fe”, dijo Luis Schiappa Pietra, fiscal provincial que trabaja en casos relacionados con drogas. “Eso cuesta dinero aquí como en todas partes”.
El gobierno provincial declinó hacer comentarios sobre el caso concreto, pero dijo que había aumentado la financiación de algunos programas sociales en un 80%. La ministra de Igualdad de Santa Fe, Victoria Tejeda, dijo que los comedores sociales seguían funcionando y que “están trabajando muy bien”. Sin embargo, agregó que “no estamos recibiendo ningún apoyo del gobierno nacional”.
La posición de Rosario en el río Paraná, una ruta clave para salir de Sudamérica hacia el Atlántico, la ha hecho vulnerable a medida que el tráfico de drogas de la región se ha ido expandiendo lejos de centros históricos como Colombia y México. Según un informe de la ONU de 2015, Argentina fue el país de tránsito de cocaína más nombrado por los países importadores en los 10 años anteriores.
Las bandas que operan en Rosario son “grupos muy pequeños, de barrio”, en lugar de los grandes cárteles que dominan los titulares en lugares como México, El Salvador y Brasil, dijo Carlos del Frade, ex periodista y actual legislador provincial que ha estudiado el problema de las drogas en la ciudad durante décadas.
“Las bandas [extranjeras] les pagan para que lleven la droga al puerto. Por cada tonelada y media, pueden recibir 50 kilos”, explica. “Eso es lo que acaba alimentando las escaramuzas entre 46 grupos diferentes en Rosario”.
Esteban Santantino, director de Análisis del Ministerio de Seguridad provincial, dijo que era imposible dar un número de los grupos o individuos involucrados porque no operan dentro de las estructuras jerárquicas y lealtades fijas de los cárteles, sino más bien en “alianzas improvisadas”, recogiendo trabajos por contrato.
“El hecho es que el crimen organizado en Rosario está bastante desorganizado”, añadió.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad del partido centrista Unión Cívica Radical, fue elegido el año pasado con la promesa de adoptar medidas de mano dura para “recuperar las calles”, después de que en 2022 se produjera la cifra récord de 291 asesinatos en la zona de Rosario, lo que supone una tasa per cápita cinco veces superior a la media nacional.
Pullaro ha reforzado la presencia de la policía provincial y ha puesto en marcha un régimen más duro para los líderes de las bandas encarcelados, que según las autoridades dan las órdenes de la mayoría de los delitos. Ha limitado sus visitas y aumentado las redadas en las celdas.
Esas medidas han coincidido con un descenso de los asesinatos en Rosario en los tres primeros meses de 2024, con 32 registrados hasta el 25 de marzo, frente a los 79 del mismo periodo del año pasado. Pero tras el brote de ataques a civiles, algunos temen que la mejora no dure.
“Estamos al borde de un nuevo ciclo decisivo de violencia en Rosario”, dijo Juan Monteverde, líder de un nuevo partido de izquierda, que perdió por estrecho margen las elecciones a la alcaldía de la ciudad el año pasado. “Las bandas nunca se han sentido más empoderadas... y el Estado nunca ha estado más desempoderado y con tan pocos recursos”.
En Empalme Graneros, un barrio de clase trabajadora que ha sido un foco de violencia relacionada con las drogas, las fuerzas de la policía federal eran visibles en una de cada dos calles la semana pasada.
Osvaldo Ortolani, de la asociación de vecinos local, dijo que le preocupaba que la presencia policial volviera a los niveles “mínimos” normales si desaparecía la atención nacional. Sin embargo, los asesinatos deliberados de personas ajenas a las bandas pueden tener un impacto duradero, afirmó.
“Antes existía el mito de Robin Hood [sobre los mafiosos]: ‘ese tipo no es tan malo, le conozco, cuidará de nosotros’”, afirmó. “Eso se ha roto. Los códigos se han roto. . . Ahora sólo hay pánico”.