En el marco del fuerte recorte en el Estado que está llevando adelante Javier Milei, este 31 de marzo se despidió formalmente a cerca de otros 15 mil empleados públicos, mientras que hay más del doble de esa cantidad que seguirán bajo análisis. En este contexto, el Gobierno se prepara para enfrentar las protestas de los sindicatos que podrían darse en diferentes Ministerios.
En rigor, se trata de trabajadores de distintos organismos a los cuales se les venció el contrato en esta fecha y las autoridades nacionales decidieron no renovárselos, por lo que el miércoles próximo no podrán ingresar a sus puestos laborales.
Por este motivo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que encabeza Rodolfo Aguiar, analiza llevar adelante una serie de protestas que incluyen, según anticiparon, el ingreso “de forma pacífica” a algunos de los Ministerios afectados.
“Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Si cometen delitos, tendrán que hacerse cargo”, resumió a Infobae un funcionario cercano al Presidente, ante la consulta de si planean llevar adelante algún operativo policial para evitar la toma de estos edificios.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes sindicales a este medio, la conducción de ATE se reunió el domingo al mediodía para analizar los pasos a seguir y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes a las 11:00, para seguir debatiendo la cuestión.
No obstante, el gremio mantenía las intenciones de convocar para las 15:00 del miércoles a “ingresos masivos y simultáneos” en los organismos donde se hayan registrado más despidos, aunque estaban definiendo los detalles de la movilización.
“Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, advirtió el jueves pasado Aguiar.
Por su parte, el Gobierno ya preparaba un plan de contingencia, mediante un dispositivo distinto al protocolo antipiquete, ya que en en esta oportunidad no solo se debe garantizar la libre circulación del tránsito en la zona de las protestas, sino también evitar que los ex empleados y los manifestantes entren a los Ministerios.
El propio presidente Milei, mediante un mensaje de Alejandro Fargosi que compartió en sus redes sociales, ratificó la decisión de no permitir la toma de los organismos, y defendió en varias oportunidades el recorte de los trabajadores estatales.
“Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer otros 70.000”, destacó el mandatario nacional en su discurso ante el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA, por sus siglas en inglés).
Puntualmente, el Presidente se refería al número total de trabajadores que están bajo revisión, aunque según aclararon a Infobae fuentes de la Casa Rosada, en realidad, solo un 20% de ese universo, es decir, unos 15 mil, se cancelaron. En su mayoría, corresponden a personal de planta transitoria o que prestaba asistencia técnica.
Si bien a los 70 mil empleados se les venció el contrato este 31 de marzo, la decisión del Poder Ejecutivo fue renovarles a gran parte de ellos, pero solamente por tres meses, para así poder continuar revisando por etapas cada caso en particular, por lo que no se descarta que en el futuro cercano haya más despidos.
Según el relevamiento realizado por ATE, el ránking de los organismos donde se registraron mayores bajas fue en la ANSeS, donde cayeron al menos 1200 contratos, seguido por el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue eliminado recientemente, por lo que, de los 900 empleados con los que contaba, quedaron solamente 64.
También hubo importantes recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano, principalmente en la Secretaria de Trabajo, aunque también en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, dependiente de Economía, y en Vialidad Nacional.
Todas estas medidas se desprenden de un Decreto que, con fecha del 28 de marzo, firmaron Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el cual especificó que los contratos de los estatales “podrán ser renovados hasta el 30 de junio de 2024″.
Tal como precisó este medio, también hubo despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, la secretaría de Derechos Humanos, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entre otros.