En lo que parece ser una guerra abierta contra los movimientos sociales, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció: “Se van a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se van a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019, y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”. Entre las razones, se expuso una serie de irregularidades, como por ejemplo que el 70% no rendía cuentas y que había falta de controles. También la de ser una “caja política”.
La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, ya había identificado maniobras similares vinculadas a Emilio Pérsico, el principal referente del Movimiento Evita y ex secretario de Economía Social. “Estaba de los dos lados del mostrador”, cuestionaron en la denuncia penal y sostuvieron que desde su cargo benefició con casi 500 millones de pesos a cooperativas de las que formó parte.
“Durante el gobierno de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social hubo una organización política, el Movimiento Evita, que cooptó al Estado, que administró fondos multimillonarios en beneficio propio, lastimando directamente a todas las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, y también a todos los Argentinos, porque les comieron los impuestos en financiar su política territorial”, describe ante Infobae la presunta maniobra fraudulenta Hernán Reyes, legislador porteño y dirigente de la Coalición Cívica.
“No tenían la mínima legalidad”
Las cooperativas que cuestiona La Libertad Avanza deben ser controladas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Alberto Fernández, al llegar a la Presidencia el 10 de diciembre de 2019, nombró a Mario Cafiero, tío de Santiago -su primer jefe de Gabinete-, al frente del instituto hasta su fallecimiento el 13 de septiembre de 2020. En reemplazo nombró al sociólogo francés e histórico dirigente del Movimiento Evita, Alexander Roig.
Fue durante la presidencia de Roig que se crearon la mayoría de las casi cinco mil cooperativas ahora cuestionadas por la Casa Rosada.
El miércoles 27 de marzo, en su habitual conferencia de prensa, Adorni anunció que será el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el encargado de “controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas que reviste innumerables irregularidades”. Y añadió: “Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban 34 millones de dólares de las cuales ya no tienen razón de ser”.
El vocero presidencial se refería a las 281 Unidades de Gestión a través de las cuales los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían desarrollar las 20 horas de labores semanales. Una actividad que controlaban a discreción los mismos movimientos sociales.
Sucede que antes del anuncio del miércoles, Pettovello ya había decidido dejar de transferir los $17.183.910.509 que el año pasado la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz derivó a esas 281 Unidades de Gestión. Los convenios entre esa ex cartera y los beneficiarios eran autorizados por la Secretaría de Economía Social que estaba a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita.
Según la auditoría que realizó la Libertad Avanza, a la que accedió Infobae, los $17.183.910.509 fueron cursados a esas 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas. La mayoría de ellas vinculadas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Entre ellas, del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán.
Solo dos Unidades de gestión pertenecen a una provincia, Misiones: allí recalaron $120.000.000. Otros $4.331.283.750 fueron otorgados a 110 organizaciones no gubernamentales, como “Néstor Vive”; “Fundación al Gran Pueblo Argentino Salud”; “Asociación de Trabajadores de la Economía Popular” o “Seamos Libres”, también vinculadas a organizaciones sociales.
Pérsico fue denunciado por el Ministerio de Capital Humano por favorecer a dos cooperativas de las que había formado parte, La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita Limitada -que está integrada por más de 200 organizaciones- y a las cuales el líder del Movimiento Evita había autorizado autorizar subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes.
Hasta 2021, el presidente de la Federación eera Gildo Onorato, también dirigente del Movimiento Evita y ex secretario gremial de la UTEP.
En la denuncia pública que realizó Adorni, aseguró: “En los últimos años las cooperativas crecieron de 9.978 a 23.836. El 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% repiten el mismo mail para registrarse y el 9% increíblemente comparten domicilio”.
“Fondos multimillonarios en beneficio propio”
Los primeros en advertir las supuestas irregularidades que se realizaban con algunas cooperativas de trabajo vinculadas a las organizaciones sociales fueron los dirigentes de la Coalición Cívica. Ante la justicia federal acusaron a Pérsico por “estar de los dos lados del mostrador” ya que, como también aducen desde Capital Humano, desde la función pública autorizaba millonarios convenios a cooperativas relacionadas con el Evita y otras organizaciones que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La investigación, que encabezó el Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Hernán Reyes, tramita desde hace dos años en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.
“Durante el gobierno de Alberto Fernández, en el Ministerio de Desarrollo Social hubo una organización política, el Movimiento Evita, que cooptó el Estado, que administró fondos multimillonarios en beneficio propio, lastimando directamente a todas las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, y también a todos los Argentinos, porque les comieron los impuestos en financiar su política territorial”, detalló Reyes al ser consultado por este medio después del anuncio realizado por Adorni.
-¿Y cómo estaba compuesta esa organización, según la investigación de la Coalición Cívica?
-Por Emilio Pérsico, como secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexander Roig, que era quien debía controlar a las cooperativas desde el INADI, y que también era dirigente del Evita; y Gildo Onorato, el presidente de la Federación de Cooperativas Evita Limitada. Ellos eran los que administraban y triangulaban desde el INAES, el Ministerio de Desarrollo Social y la Federación Evita la trasferencia de miles de millones de pesos.
-¿Cuánto tienen que ver las cooperativas en estas maniobras?
-Las cooperativas fueron utilizadas como mascarón de proa porque a diferencia del plan social de prestación individual, que se paga a través de las personas, los convenios no necesitan a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, necesitaban a las cooperativas. El dinero iba del ex Ministerio de Desarrollo Social a las cooperativas. Eso hacía que las trasferencias fueran mucho más voluminosas, por eso estamos hablando de convenios de, cuatrocientos, ochocientos, mil millones de presos. El rol de las cooperativas era muy importante para generar un flujo de caja de alto volumen.
El dirigente de la Coalición Cívica entiende que: “Al ocupar el Movimiento Evita todas las posiciones del Estado, es decir el INAES como órgano de contralor, la dirección de fiscalización y control, y el Ministerio, tenían bloqueado cualquier tipo de escrutinio público”.
-¿Por qué Pérsico utiliza la causa que iniciaron ustedes para decir que hace dos años que está abierta y la justicia ni siquiera lo imputó?
-Pérsico se ampara en la demora judicial pero no da cuenta de su actuación. No desmiente los hechos, dice que la justicia no avanzó lo suficiente. Lo cierto también es que la justicia no archivó la causa, hizo muchos requerimiento al Ministerio de Desarrollo Social cuando estaba a cargo de Victoria Tolosa Paz que no contestó, o cuando lo hacía enviaba los datos incorrectos. No entregaban la información que reclamaba el juzgado. Aún hoy se siguen solicitando requerimientos al ministerio de Sandra Pettovello, la causa está más viva que nunca y la prueba se está produciendo. De hecho, citamos como testigos a los vocales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social a los efectos de brindar testimonio respecto de su conocimiento de las actividades y potenciales conflictos de interés por parte de los denunciados, Pérsico y Roig.
En la nómina que tiene la jueza Capuchetti y a la que accedió Infobae figuran los vocales por el Estado Zaida Chmaruk y Nahum Mirad. Los vicales por las cooperativas Ariel Guarco y Elbio Néstor Laucirica. Y los vocales por las mutuales Alejandro Russo y Fabián Brown, quienes hasta ahora no fueron citados.
-¿Por qué cree que ahora el Gobierno denunció a Emilio Pérsico?
-El gobierno utiliza para la denuncia contra Pérsico la resolución de la Oficina Anticorrupción que es producto de la presentación de la Coalición Cívica. Eso está en la presentación realizada por Pettovello. Nosotros hicimos una denuncia para que la Oficina Anticorrupción evalúe la conducta de Pérsico relacionada a su vinculación con dos cooperativas de la que formó parte, menos de dos años antes de ser funcionarios, y los subsidios que le concedió a esas cooperativas por 473.347.050 de pesos. Antes de terminar la gestión anterior la Oficina Anticorrupción determinó que que Pérsico violó la Ley de Ética Pública. Y con ese basamento, Pettovello realizó la denuncia. Al igual que nosotros se lo acusa por los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
-¿Estás de acuerdo con las políticas del Gobierno que apuntan a los movimientos sociales, como evitar la tercerización de la asistencia social a través de sus dirigentes?
-Estoy de acuerdo en terminar con la corrupción. No estoy de acuerdo en terminar con la asistencia. Por la misma vereda en la que van los corruptos va el alimento para los chicos. Desde el Estado hay que tener la inteligencia, capacidad y sensibilidad para terminar con la corrupción, pero no con la asistencia. Hay que correr a los vivos ,pero asegurar que esa comida llegue a los comedores. sí al corte de la corrupción, no al corte de la asistencia y mucho menos en este momento.