Suspendieron a una diputada de Mendoza por “comportamiento indigno”

A tan solo 10 días de haber asumido su banca como diputada provincial de Mendoza, Janina Ortiz ya estaba en el ojo de la tormenta por una serie de delitos que se le adjudicaba de su anterior paso por la Municipalidad de Las Heras. De inmediato perdió sus fueros. Pasaron cuatro meses y este miércoles la Legislatura mendocina votó su suspensión por “comportamiento indigno”. Está acusada de fraude a la administración pública y por coacción agravada, por presuntamente haber obligado a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario.

Ortiz fue electa legisladora provincial en representación La Unión Mendocina, un partido aliado a La Libertad Avanza. Ayer, con el aval de 34 de los 47 diputados presentes quedó oficialmente suspendida de sus funciones y dejará de cobrar la dieta correspondiente.

Según informó el portal Mendoza Post, el pedido de suspensión contó con respaldo de 27 diputados de Cambia Mendoza, los 2 del Partido Verde y 5 del bloque peronista: los que responden a los intendentes Omar Félix y Matías Stevanato, y al ex vicegobernador Carlos Ciurca. En tanto, hubo 4 del justicialismo que se abstuvieron y un ausente. Mientras que los diputados que responden a Omar De Marchi, no solo votaron en contra de su suspensión, sino que durante la sesión de este miércoles defendieron a su compañera de La Unión Mendocina.

Al tratarse de una suspensión y no una remoción, la Cámara de Diputados de Mendoza seguirá funcionando con un integrante menos: 47 legisladores. Solo podrá volver a ocupar la banca si la Justicia la absuelve.

Las causas judiciales de Janina Ortiz

La figura de “comportamiento indigno” se eligió porque tras ser desaforada, Ortiz no se ajustó a derecho, presentando casi 20 pedidos de nulidad para evitar ser notificada de las imputaciones en su contra por fraude a la administración pública y coacción agravada.

Todo se desprende de la causa “cooperativa fantasma” en la que se investiga que un grupo de funcionarios y allegados se habría enriquecido con dinero del Estado municipal de Las Heras mediante licitaciones y contrataciones irregulares. Ortiz es acusada de haber ordenado pagos a una cooperativa llamada “Manos a la Obra”, sin contar con la firma del intendente, y de integrar la comisión de pre-adjudicación que avaló todo lo actuado.

Además, de la “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel”, está acusada de haber presuntamente obligado a una empleada municipal a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.

Los fiscales Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 7, y Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nro 32, entienden que hay pruebas suficientes para imputarla, sin embargo a Ortiz la debe notificar el fiscal en una audiencia. Y es allí donde Ortiz y su abogada, Elena Quintero, han presentado casi una veintena de nulidades para evitar presentarse ante los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Con respecto a la acusación de “coacción agravada”, su abogada también presentó un recurso de nulidad que mantiene frenada la imputación y que debe ser resuelto por la cámara.

Hay una tercera causa en la que Ortiz podría también ser acusada. Se trata de un caso de abuso sexual en una dependencia del municipio, cuyo autor material sería Franco Cortez, ex director de Juventud, que está procesado en la causa. Según la denunciante, Ortiz le dijo a la víctima que “se quedara en el molde” porque el presunto violador era marido de su mejor amiga. Ortiz es investigada por encubrimiento.