Escala la preocupación de los gobernadores por las cuentas provinciales y el impacto en la tolerancia social

El último martes, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo frente al ministro del Interior, Guillermo Francos, lo que varios gobernadores le vienen trasladando a la Casa Rosada a través de diferentes vías. El deterioro económico se está profundizando, el sistema de salud y educación del Estado está recibiendo más presión de la que puede soportar, y la recaudación de todas las provincias cayó abruptamente, lo que genera menos margen de acción para tomar medidas paliativas en el ámbito local.

En la reunión que el ministro tuvo con los gobernadores del norte grande en Salta, el tucumano, de vínculo aceitado con el Gobierno, le planteó que si la crisis económica se sigue acentuando y los gobiernos provinciales no tienen fondos, la situación social comenzará a salirse de sus ejes. “A este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay algunas que tienen déficit fiscal y no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación”, sostuvo Jaldo.

Minutos antes de esas expresiones, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había planteando la preocupación creciente que hay en varios gobiernos provinciales “por la situación económica general, que impacta en la caída de la recaudación nacional y en los impuestos coparticipables”. Los gobernadores hace tiempo que le vienen planteando al Ejecutivo que el ajuste tiene que tener un límite porque la situación social se puede desmadrar. Son señales de alerta que en Balcarce 50 desestiman a menudo.

En las provincias reconocen que hasta ahora gran parte de la ciudadanía “se está bancando el ajuste”, lo que demuestra que se mantiene el acompañamiento a las políticas económicas de Javier Milei. Sin embargo, creen que el aumento de tarifas programado para los próximos meses, sumado a la creciente recesión y la pérdida significativa de la calidad de vida, pueden terminar siendo un combo complejo de afrontar.

“Por un lado, la gente espera y, por otro, no sé hasta cuándo lo hará”, se sinceró un gobernador del norte que estuvo presente en la reunión con Francos. Los aumentos de luz y gas de los próximos meses, entienden los gobernadores, podrían ser claves. ¿Por qué? Porque un sector importante de la población podría no tener capacidad económica para pagarlo.

“En algunas provincias subió hasta tres veces el costo, entre la quita de subsidios nacionales y la actualización local. No da para más esto. No hay forma de que la gente pueda afrontar más aumentos en este contexto”, advirtió la mano derecha de un mandatario norteño, que está encima de la gestión diaria y percibe la desesperación en las calles. “Nadie vende nada. Nadie va a poder pagar”, explicó.

Los gobernadores que estuvieron en la reunión con Francos habían quedado satisfechos con el encuentro. Sobre todo por encontrar en el ministro un receptor de reclamos formales y por el anuncio del titular de la cartera de Interior, de que el Gobierno ofrecía terminar obras públicas avanzadas que los mandatarios consideren prioritarias. Una promesa que tiene como moneda de cambio la búsqueda de votos para aprobar el DNU de desregulación de la economía y la nueva Ley Ómnibus.

Esa sensación positiva que flotaba en el centro de convenciones de Salta, donde se llevó a cabo el encuentro, se degradó con cierta rapidez cuando los mandatarios se enteraron que en Buenos Aires, durante el foro económico IEFA Latam Forum, el Presidente aseguró que iba a despedir a más trabajadores del Estado y que estaba “orgulloso” de haber frenado la obra pública.

“Francos nos dijo que reactivaba la obra pública y Milei, casi al mismo tiempo, contó que estaba feliz de frenarla. ¿A quién le creemos? Así es todo muy difícil”, se sinceró uno de los gobernadores norteños, que ya empieza a cansarse de tantos idas y vueltas con la Casa Rosada, sin que haya resoluciones de fondo. Situaciones como esas, advierten los mandatarios, debilitan la figura de Francos y llevan al subsuelo su credibilidad para ser el negociador del Gobierno.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que suelen consultar muchos gobernadores, indicó que “en marzo las transferencias totales automáticas a provincias y CABA habrían caído un 28% real interanual”, por lo que “en el primer trimestre la caída interanual habría sido de 19%”. Además, consideran en el documento que “la caída de marzo estaría explicada principalmente por un descenso real interanual de la recaudación de ganancias del orden del 41% y de IVA del 18%”.

Son muchos los mandatarios que ven una “caída significativa” de la recaudación y, en consecuencia, menos recursos para afrontar la gestión y, eventualmente, medidas paliativas que contengan la situación social. El Gobierno dejó de transferir fondos a través de programas que estaban firmados, además de la eliminación de las transferencias no automáticas, que compensaban deficiencias de la coparticipación o aumentaban el presupuesto por algún compromiso puntual con el gobierno provincial.

Una semana atrás, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, emitió un mensaje a los rionegrinos dando cuenta de la situación financiera del gobierno local para afrontar la crisis salarial existente en el sistema de salud provincial, que derivó en que varios centros médicos quedaran paralizados y sin atención. El mensaje del mandatario fue de los más crudos que hubo desde el inicio del gobierno de Milei. Una miniserie de pocos minutos sobre cómo avanza la crisis en el sector público luego del fuerte ajuste del gobierno nacional.

El rionegrino dijo que a partir de la asunción de Milei “aumentó un 71% el costo de vida” y enumeró los aumentos entre los que destacó la suba de combustibles de “$311 a $800 el litro de la nafta súper”, la suba de las tarifas de electricidad y gas “entre un 150% y un 300%”, y el aumento del transporte “de un 100% en todas las ciudades”. Además, aseguró que las ventas cayeron “un 27%” y que el estado provincial no tiene fondos para afrontar la crisis salarial. “Ni la inflación, ni el aumento del costo de vida, ni la pérdida del poder adquisitivo de los salarios pueden atribuirse al Gobierno de Río Negro”, sentenció.

“Toda esta situación afectó y afecta los ingresos de los trabajadores, pero también los ingresos de la propia provincia. Nuestra coparticipación nacional cayó un 14% en términos reales en este tiempo y Río Negro ha dejado de percibir desde diciembre hasta aquí $34.042.644.000, es decir, hemos perdido una suma idéntica a lo que significa el pago de salarios de un mes”, explicó Weretilneck. Acto seguido hizo un comentario poco convencional y les recomendó a los empleados públicos que, en el caso de conseguir trabajo en el ámbito privado, se vayan de la estructura estatal.

Lo que el gobernador rionegrino expuso en su mensaje es lo que está pasando en otras provincias donde la situación social y laboral está más contenida. Algunos gobiernos provinciales dan cuenta de que está aumentando la cantidad de familias que dejan de pagar sus obras sociales para pasarse a atender en el sistema de salud público. Y que crece la atención en comedores y merenderos, además de la caída de matriculas en colegios privados como consecuencia del traspaso de alumnos a la escuela pública. El retrato de una crisis económica que se agranda y se expande por todo el territorio nacional, rompiendo barreras a gran velocidad.