Tras la tregua de Semana Santa se desataría la batalla tan temida: el Sindicato de Camioneros podría decidir medidas de fuerza para protestar por la falta de homologación del último acuerdo salarial que pactó con los empresarios (45% en dos tramos, 25% en marzo y 20% en abril) y que supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias.
Los sueldos de marzo ya fueron liquidados con el aumento en la mayoría de las empresas, pero depende de una decisión de cada una de ellas. El sector patronal no está obligado a pagar la mejora y mucho menos otro punto incluido en el acuerdo paritario: el “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador “para solventar el déficit del sindicato” (como hay 200.000 afiliados, asciende a un total de 2000 millones de pesos por mes para las arcas gremiales).
Sin embargo, el gremio que lidera Hugo Moyano juega con los tiempos: si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado”. Así lo establece la Ley 23.546, que fija las normas de procedimiento para las convenciones colectivas de trabajo. Los plazos llevan la incertidumbre (y la cuenta regresiva del potencial conflicto) hasta el próximo mes: la última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y todavía no se aplica la homologación tácita porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.
“Las empresas sindicalizadas pagarán el aumento, con lo cual lo único que logra la no homologación es fomentar la informalidad”, aseguraron a Infobae fuentes del sector. Sin embargo, en las cámaras empresariales no hay unanimidad sobre el tema. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), presidida por Juan Domingo Aguilar, defiende el acuerdo salarial rubricado con el Sindicato de Camioneros, pero en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) se mantiene la resistencia a avalarlo.
Es más, en una comunicación interna, la FADEEAC informó este miércoles a sus empresas asociadas (unas 4.500 pymes) que, “a la fecha, la Secretaría de Trabajo de la Nación no ha homologado el acuerdo (con Camioneros) con lo que no resulta exigible ni obligatorio lo pactado en el mismo”.
“Sin embargo -señaló-, si alguna empresa tuviera intención de otorgar algún ajuste o anticipo de haberes, en consideración de la paritaria no homologada, desde nuestra entidad consideramos que la mejor alternativa sería abonar el valor o porcentaje que consideren adecuado como anticipo de haberes y sin que esto tenga influencia en los aportes y contribuciones a la seguridad social”.
“Debe aclararse que esto resultaría una liberalidad de aquellas empresas que opten por hacerlo”, advirtió la entidad empresarial, que agregó: “Para el supuesto que así se hiciera, este anticipo podrá ser compensado con el importe que resultaré de la homologación paritaria oportunamente o contra los haberes del mes de abril, si aún a dicha fecha no se hubiera homologado el acuerdo”.
Desde la Secretaría de Trabajo, que encabeza el abogado Julio Cordero, aún no hay novedades sobre la homologación de la paritaria de Camioneros, que fue firmada el 23 de febrero, es decir, hace poco más de un mes. Ante la consulta efectuada por Infobae, voceros oficiales se limitaron a afirmar: “Ese acuerdo está en revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”.
¿Cuáles son esos cuestionamientos? La paritaria del gremio de Hugo Moyano se complicó por una interna en la FADEEAC: cuatro de las cámaras del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) impugnaron el convenio ante Trabajo al considerar que en el acuerdo se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social, cuyo pago “termina favoreciendo a las grandes empresas y afecta a todas las pymes del país”.
Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), dijo que “la mesa paritaria dio un mandato a los que van a firmar que aceptábamos el 20% y el 25% de aumento en marzo y abril, y nada más”, pero destacó que los representantes de FADEEAC que fueron a la audiencia oficial “firmaron otros puntos que afectan rotundamente a todas las empresas del interior”, en alusión al pago del “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador.
Ante el rechazo de esas cámaras, el sindicato de Moyano comenzó a principios de marzo una fuerte ofensiva contra los empresarios que impugnaron el acuerdo: se declaró en “estado de alerta y asambleas permanentes” ante la reticencia de la Secretaría de Trabajo en homologar el incremento salarial del 45% y acusó a Lo Bruno y a sus colegas José Arata (de CEDAC, Córdoba) y Ricardo Squartini (de APROCAM, Mendoza) de “presentar infundadas impugnaciones intentando boicotear” la aprobación del aumento salarial por parte de las autoridades nacionales”.
El 5 de marzo, activistas del Sindicato de Camioneros escracharon a Lo Bruno y bloquearon un depósito de su pyme de transporte ubicada en Villa Lugano por haber impugnado el aumento. “No vamos a permitir que las internas de FADEEAC pongan de rehenes a los trabajadores camioneros. Estos empresarios explotadores y especuladores van a ser los responsables del daño que causen a los trabajadores”, sentenció el gremio de Moyano en un comunicado de prensa.
Cuando se firmó la paritaria de Camioneros, el secretario de Trabajo era Omar Yasín, quien fue echado el 11 de marzo luego de que el presidente Javier Milei lo acusó de haber avalado el aumento del 48% de los sueldos del personal jerárquico del Estado, algo que provocó una fuerte polémica en medio de las restricciones que impuso el propio Gobierno en los gastos de las distintas áreas oficiales.
Su sucesor, Cordero, ex abogado de Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA), además de miembro del equipo laboral de los libertarios, heredó ese dilema de homologar o no las paritarias firmadas por más del 15% para febrero, a tono con lo exigido por la cartera de Economía. Por eso desde que asumió su equipo se dedica a analizar convenio por convenio para verificar si los incrementos acordados se otorgaron en función de un aumento de la productividad. En los despachos oficiales sospechan que algunos sindicatos forzaron mejoras altas para complicarle el trazado económico al Gobierno, además de buscar el beneficio en el bolsillo de los trabajadores.
El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió la semana pasada: “Se ha llegado un acuerdo con las empresas, pero el gobierno no lo quiere homologar. Estamos esperando los plazos que establece la ley para salir a reclamarlo. Si es necesario, vamos a salir a la lucha con lo que sea necesario”. Por eso en el ambiente camionero hay aroma a protesta: la homologación tácita está trabada por las impugnaciones de FADEEAC, pero ¿qué pasará si Trabajo hace lugar a esos planteos? Habría que negociar de nuevo la paritaria, lo que instalaría un escenario altamente explosivo.
El sindicato de Moyano no está solo. El plenario nacional de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que deliberó el martes pasado, exigió al Gobierno “el respeto al principio de paritarias libres y que no se eluda o postergue la homologación” de los acuerdos salariales. Al día siguiente, en un encuentro con Luis Barrionuevo, el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, fue más directo en el reclamo: “Queremos una CGT solidaria, que esté junto a las necesidades de los compañeros, que defienda las paritarias libres, sin techo, y que vaya al Ministerio de Trabajo, pegue dos patadas en la puerta y haga homologar los aumentos que se pudieron conseguir de pedo”.