Según el Gobierno, las cooperativas de Movimientos Sociales pasaron de 9.238 a 20.336 en cuatro años y el 70% no rendía cuentas

El gobierno de Javier Milei acaba de desarticular el mayor manejo de “caja” que los movimientos sociales tenían en la trasferencia de dinero del Estado hacia miles cooperativas. “En los últimos años (crecieron) de 9.978 a 23.836″, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

En ese mismo sentido, el funcionario explicó desde la Casa Rosada que: “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 -en la gestión de Mauricio Macri- y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, precisó Adorni.

“El padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años. El 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% repiten el mismo mail para registrarse y el 9% increíblemente comparten domicilio”, explico Adorni y opinó: “Resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayan financiado instituciones que no tenían ni siquiera la mínima certificación de legalidad”.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo que está a cargo de la supervisión de las cooperativa. Durante la gestión de Alberto Fernández, a cargo de ese organismo, que también autorizaba subsidios a cooperativas, estaba Alexandre Roig, quien además de funcionario era dirigente del Movimiento Evita.

Como ya informo este medio, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya había dejado de financiar a 281 de ellas, que funcionaban como Unidades de Gestión del programa Potenciar Trabajo, que, desde la Secretaría de Economía Social, administraba el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Eso a través de los convenios firmados con esas 281 cooperativas y organizaciones comunitarias, en 2023 se derivaron unos 34 millones de dólares.

Las Unidades de Gestión eran los supuestos emprendimientos laborales dónde los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían desarrollar las 20 horas de labores semanales. Una actividad que controlaban a discreción los mismos movimientos sociales.

Hace una semana Capital Humano denunció ante la justicia federal a Emilio Pérsico por haber beneficiado desde su cargo a dos de las cooperativas de la que él había formado parte antes de ser nombrado funcionario de Alberto Fernández. Se trata de La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA. Pérsico había autorizado subsidios a esas entidades por $473.347.050 a través de seis expedientes. La Oficina Anticorrupción ya había advertido sobre la incompatibilidad de hacerlo. Era una violación a la Ley de Ética Pública. “Pérsico era juez y parte”, escribieron los abogados de la cartera a cargo de Pettovello en el que se lo acusa del presunto delito de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Una denuncia similar ya había realizado la Coalición Cívica con el diputado porteño Hernán Reyes a la cabeza.

El dirigente político que responde a Elisa Carrió había denunciado que: “De los $11.649.356.644 entregados a Unidades de Gestión No Gubernamentales, las cooperativas, mutuales y entidades vinculadas al Evita recibieron, a través de convenios celebrados con la secretaría de Pérsico $3.646.159.320, esto es el 31,30% del total”.

De ese monto, $1.664.632.400 fueron destinados a las asociaciones comunitarias que forman parte de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, esto es el 14,29% de los convenios celebrados con las Unidades de Gestión no gubernamentales.

Ahora el gobierno de La Libertad Avanza da un paso más y pone bajo la lupa a todas las cooperativas, no solo a las que operaban como Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, un programa que fue dado de baja y reemplazado or otros dos.

Manuel Adorni fue tajante en su habitual conferencia de prensa diaria: “las cooperativas pasaron en los últimos años de 9.978 a 23.836. Otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, opinó.

Desde la legada de Pettovello a Capital Humano el área de Desarrollo Social paso a ser Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. Desde ese momento están bajo inspección las 4.355 cooperativas creadas en 2023, es decir durante el ultimo año de la gestión Fernández.

La auditoría realizada por Capital Humano reveló que: “En el período 2020-2023 se constituyeron 12.425 cooperativas. De las 8.070 constituidas entre 2020 y 2022, el 72% (5.794) no presentaron los Estados Contables ni las Asambleas de esos períodos, siendo que ya es exigible a partir de este año (hasta el 31/12/23 se encontraba vigente la suspensión de las asambleas por la emergencia sanitaria)”.

Además de esa irregularidad, la auditoría advirtió las “repeticiones de personas, mails y domicilios entre las 12.407 cooperativas constituidas entre 2020 y 2023:

- En 2.744 (22%) cooperativas se repite al menos un asociado con otras cooperativas.

-Hay 2.443 (20%) cooperativas que tienen el mismo mail que otra/otras.

-Existen 1.092 (9%) cooperativas que tienen el mismo domicilio que otra/otras.

El plan de acción dispuesto por Pettovello consiste en depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas. Para ello, se decidió segmentar el padrón de cooperativas en tres:

-Cooperativas constituidas entre 2020 y 2022.

- Cooperativas constituidas en 2023.

- Cooperativas que estaban suspendidas a diciembre de 2019 y con las que no se continuó con el procedimiento.

La decisión tomada por La Libertad Avanza involucra la “suspensión inmediata de la posibilidad de realizar cualquier trámite ante el INAES a las 5.794 cooperativas constituidas entre 2020 y 2022 que adeudan la documentación anual ordinaria (estados contables y asambleas) y se las intimará a que presenten la documentación de las asambleas y a la aprobación de sus estados contables en un plazo máximo de 30 días”. Capital Humano advirtió que: “Las cooperativas que no cumplan con este requerimiento serán suspendidas en su operatoria y se instruirá sumario para el retiro de la autorización para funcionar”.

En cambio, “para las 4.355 cooperativas constituidas en 2023 se prevé una verificación en el domicilio de las entidades con el objeto de comprobar su regular funcionamiento (en AMBA con personal del INAES y en el resto del país se solicitará a los órganos locales competentes)”. También se aclaró que: “Para los casos en que haya personas, domicilios o mails repetidos en más de una cooperativa, se procederá a la verificación y suspensión de su operatoria, y a las medidas que correspondan en cada caso”.

Según pudo saber Infobae, la medida dispuesta por el Gobierno de Milei implica que: “Las 10.420 cooperativas que se encuentran suspendidas a diciembre de 2023, sumadas a las 15.218 con retiro de su autorización para funcionar, serán notificadas a la AFIP a los fines que tome debida nota en sus registros. Esto es a los efectos de reducir la posibilidad de que sean utilizadas a pesar de encontrarse impedidas de operar. Al mismo tiempo, se procederá a la instrucción de un sumario a las cooperativas suspendidas, a través de un proceso sumarial abreviado, que posibilite disponer su retiro de la autorización para funcionar”.