Intendentes bonaerenses del PJ, la UCR y el PRO se agrupan ante el impacto de la situación económica en sus municipios

Intendentes de distintos espacios políticos de la provincia de Buenos Aires vienen buscando alternativas para paliar el impacto negativo que representa la inflación en distintos sectores y que afecta a los servicios que brindan los municipios. Además, alertan por la parálisis de la obra pública que dispuso el Gobierno nacional y ratifican el pedido para la reactivación de las mismas.

Un grupo de intendentes de la Quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires -región centro y este del territorio bonaerense- armaron este lunes una foto de carácter inusual para la zona. Fue tras una reunión convocada por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera y a la que asistieron los jefes comunales Esteban Reino ( Balcarce), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Nahuel Guardia (General Lavalle), Juan Manuel Álvarez, ( General Paz), Marcos Jovanovic (Interino de General Madariaga), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Juan Ibarguren (Pinamar), Miriam Ferrari (Presidenta del concejo deliberante de Ayacucho) y Augusta Lahore (Secretaria de Gobierno de Lobería).

La reunión tuvo la particularidad que contó con la presencia de dirigentes del PJ, el PRO y la UCR. El diagnóstico -más allá de la cuestión partidaria- es coincidente. Los distritos están asfixiados financieramente para hacer frente a la demanda en materia de salud, entendiendo que los distritos cuentan todos con hospitales de carácter municipal.

“Analizamos qué cosas podemos mejorar frente a esta situación tan complicada que estamos atravesando los municipios. Hubo un gran incremento en los costos de los medicamentos e insumos, así como en los valores de las guardias de los hospitales”, detalló el anfitrión Barrera tras el encuentro en declaraciones a Radio Provincia. Barrera es uno de los jefes comunales más encolumnados con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Uno de los intendentes no peronistas que participó de esa reunión, confió a Infobae que “la idea es no politizar este tipo de reuniones”, pero que “el problema que tenemos es que del presupuesto que tenemos los municipios chicos del interior, el 50 % se va en salud y en general los únicos efectores de salud son los hospitales municipales”. También detalló que tanto los insumos como los medicamentos han aumentado más que la inflación -calculada en un 276% interanual a febrero- y existe una carencia de profesionales para cubrir guardias u otras especialidades.

No es nuevo el agrupamiento de los intendentes desde que hubo un cambio en el Gobierno nacional. Si bien la parálisis de la obra pública que ejecutó la Nación impacta con fuerza sobre todo en los distritos del conurbano, en el interior también se siente; sobre todo en lo que respecta a rutas nacionales. Los intendentes marcan también, una merma en el ritmo de las obras que corren por parte de la Provincia. El tema de la obra pública fue también parte de los puntos a debatir en la reunión que se llevó adelante en Gesell.

De hecho, el comunicado oficial de ese encuentro planteó que hubo una coincidencia “en la necesidad de que se restablezcan los diferentes fondos provenientes del gobierno nacional para iniciar y/o darle continuidad a los proyectos diagramados para la región y los municipios”.

Por su parte, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, planteó: “Coincidimos con gran preocupación en la crisis económica y social que estamos pasando y que afecta principalmente en salud y seguridad”.

Misma preocupación vislumbraron los intendentes de la Unión Cívica Radical a través del Foro de Intendentes: suba de insumos hospitalarios y falta de personal de salud; en efectores que además son municipales; sumado a las deudas por prestaciones que cubre el municipio y corren por cuenta de la obra social bonaerense IOMA.

Este martes, el Foro de Intendentes de la UCR volvió a reunirse. Durante la reunión, celebrada en Adolfo Gonzáles Chaves, plantearon que “los efectores de salud municipales se ven duramente afectados por el incremento de los valores de los insumos y medicamentos, en algunos casos llegando a más de 2600% de aumento interanual”.

Como el encuentro que se dio en Villa Gesell, también mostraron preocupación por la paralización de obras nacionales y provinciales, y “la incertidumbre frente a su continuidad tras la decisión de no enviar los fondos correspondientes para sus ejecuciones”. Los radicales, además, pedirán una audiencia con Kicillof.

En lo que sugiere a la paralización de la obra pública, en el conurbano también se buscan alternativas para hacer frente a esa decisión. En distritos densamente poblados el impacto de la falta de obras es notablemente superior a lo que sucede con municipios del interior. Una de las opciones es buscar financiamiento externo.

El intendente peronista de Almirante Brown, Mariano Cascallares y su par de Quilmes, Mayra Mendoza, dieron el primer paso para buscar la financiación para la realización de obras estructurales por fuera del Gobierno nacional. Fue días atrás cuando empujaron en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley para crear el Comité de Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco - Las Piedras, que atraviesa los distritos de Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Presidente Perón y Avellaneda. La iniciativa había sido presentada por Cascallares cuando era diputado provincial. Lo que se busca es una base legal e institucional que permita el financiamiento externo a través de organismos multilaterales. Ya hay conversaciones iniciadas CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Las obras que se necesitan son costosas y requieren de un presupuesto muy grande. Como sabemos que no habrá financiamiento a la obra pública desde el Gobierno Nacional por decisión de Javier Milei, nuestra intención no es quedarnos de brazos cruzados, sino salir a buscar una forma creativa de financiamiento para estas obras”, había planteado Mayra Mendoza al momento de la discusión del proyecto que ya fue votado en Diputados la semana pasada y ahora espera por ser sancionado en el Senado para convertirse en ley.

Según se consigna en el texto aprobado en la Cámara baja el Comité “es un ente autárquico, con plena capacidad jurídica para actuar en la esfera del derecho público y privado, para la realización de los actos y contrataciones conducentes a su funcionamiento y al objeto de su creación”. Tendrá un directorio de siete integrantes. Cuatro de ellos serán elegidos por los intendentes de los municipios que están alcanzados por el ente autárquico.

Algunos intendentes peronistas del conurbano reconocen que existe un diálogo informal con algunos funcionarios “intermedios” del Gobierno nacional, pues algunos “vienen de la política”. Sin embargo, admiten que eso “tiene un techo” y la eficacia para responder las demandas están atadas a la decisión final que pasa por el ministro de Economía, Luis Caputo y el propio presidente, Javier Milei. Un diagnóstico parecido al que trasladan algunos gobernadores sobre su relación con el Gobierno nacional: que en la mayoría de los casos “la gestión se cae” cuando llega a Caputo o Milei. Para el presidente y su ministro de Economía la prioridad sigue siendo llegar al superávit fiscal y pocas cosas los mueve de ese objetivo.