Bullrich y Petri avanzan en acuerdos parlamentarios para impulsar reformas en materia de seguridad

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Luis Petri, ministro de Defensa, se reunieron ayer a la tarde con diputados de La Libertad Avanza y del PRO para dialogar sobre los proyectos de ley que impulsan desde sus ministerios, destinados a generar reformas y un endurecimiento en las políticas para enfrentar el narcotráfico y combatir el delito simple. En tanto que hoy recibirán al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y en los próximos días se reunirán con Hacemos Coalición Federal.

Las reuniones se hicieron desde las 13 en la sede del Ministerio de Seguridad, en la calle Gelly y Obes 2289 del barrio de Recoleta y fueron convocadas por la propia Bullrich. Fueron una serie de encuentros por separado con cada uno de los bloques “dialoguistas” más el del oficialismo.

No obstante, fueron reuniones por separado, una con cada bloque. De hecho, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto estaba convocada a las 13, pero el encuentro se superpuso con el cónclave que Bullrich y Petri ya desarrollaban con los diputados libertarios. Los funcionaros alegaron un “error” en los horarios y acordaron reprogramar la reunión con Hacemos Coalición Federal.

Los ministros de Seguridad y de Defensa conversaron a razón de una hora y media con cada bloque. A las 14:30 fue el turno del PRO y el diálogo se extendió hasta cerca de las 16. En ambos encuentros, los funcionaros revelaron detalles de los proyectos en materia de seguridad y defensa que impulsan desde el Gobierno para fortalecer el combate contra el crimen organizado y la erradicación de la inseguridad en el conurbano y otras zonas sensibles.

Por parte del PRO, estuvieron presentes Cristian Ritondo, presidente de la bancada, los diputados Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro, José Núñez, Patricia Vásquez, Alejandro Bongiovanni, Sergio Capozzi, Álvaro González, y Sabrina Ajmechedt.

En tanto que en la reunión con los libertarios participaron diputados como Marcela Pagano, Nicolás Emma, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine, y Juliana Santillán.

Dentro de esas iniciativas, se destaca la Ley Antimafia para “combatir” a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos vinculados a esos grupos mafiosos. El documento también propone crear zonas de investigación especial y aplicar “penas rigurosas” a sus miembros, incluyendo la extinción de dominio.

El segundo tópico es incorporar de concepto de “reiterancia” a la legislación argentina y rediscutir el de reincidencia. Además, el Ministerio de Seguridad pretende ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una “identificación más precisa de los criminales”, estén imputados o condenados.

En tanto que para “garantizar el orden público”, Bullrich propone aumentar las penas relacionadas con el “entorpecimiento de la circulación” y el incentivo a la protesta social, a quien obligue a otro a asistir a una manifestación, el bloqueo de empresas y/o establecimientos y el empleo de intimidación o fuerza contra funcionarios públicos. Además, sobre la mesa también está el reglamento que amplía el marco de la legítima defensa y el cumplimiento del deber por parte de la policía.

Otra de las reformas propuestas es la que anunció Petri para que las Fuerzas Armadas amplíen sus atribuciones para intervenir en el combate contra el narcotráfico. El Gobierno, con la instrucción del presidente de la Nación, Javier Milei, impulsa la modificación del artículo 37 de la Ley de Seguridad Interior para que los militares puedan actuar en esos casos. Para tal fin, buscan incorporar el concepto “terrorismo” a ese artículo y permitir mayor incidencia de las FFAA, no sólo en tareas logísticas o en caso de estado de sitio.

Bullrich y Petri explicaron a los legisladores los detalles de los proyectos en exposiciones largas. Los diputados escucharon, tomaron notas y realizaron preguntas. Incluso, transmitieron algunas observaciones. Desde el PRO propusieron a los ministros que esas iniciativas se presenten por separado, con el objetivo de agilizar y facilitar el proceso legislativo.

Tanto Bullrich como Petri conocen a la perfección los vericuetos parlamentarios, porque ambos fueron diputados nacionales. Según pudo conocer este medio, los funcionarios le entregaron a los diputados los borradores de los proyectos, aunque de forma estrictamente confidencial. Los legisladores revisaron los textos mientras escuchaban las exposiciones de las autoridades del Poder Ejecutivo.

Si bien el Gobierno quiere avanzar cuanto antes con el tema, los ministros no dieron detalles sobre los plazos para darle estado parlamentario a los proyectos. Es algo que decidirá la Casa Rosada en virtud de los tiempos políticos, en una estrategia conjunta para motorizar el resto de la agenda legislativa de Milei. Eso incluye la nueva Ley Bases, el paquete fiscal, las leyes anti casta, la discusión del DNU 70/2023 en Diputados. Son discusiones, su vez, que se dan en la previa al Pacto de Mayo, para lo cual el Ejecutivo busca consensos.

Mientras tanto, los ministros de Seguridad y de Defensa enviaron ayer los proyectos a la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo, para hacer una revisión jurídica de los textos. A partir de ahí, la mesa política de Milei decidirá el tiempo prudente para darle curso parlamentaria a las iniciativas de seguridad.

El oficialismo conoce que los números para aprobar las leyes que impulsan Bullrich y Petri son justos. El “poroteo” arroja una aritmética compleja, donde el Gobierno requiere del aval del PRO, parte de la UCR, el bloque de Pichetto y los bloques provinciales para alcanzar los 129 votos necesarios para motorizar esa agenda en Diputados. En el Senado, controlado por una mayoría kirchnerista, el panorama es más cenagoso. Como todas las iniciativas de los libertarios, la aprobación en el Congreso requerirá de muñeca política. Las negociaciones y búsquedas de apoyo ya están en curso.

En ese sentido, el respaldo de los radicales y el espacio de Pichetto resultará clave. Por parte de la UCR, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe afiliado a ese partido, es uno de los actores políticos especialmente interesado en que el Estado nacional contribuya en el combate contra el narcotráfico en su provincia. El oficialismo apuesta a que ese argumento sirva para que el santafesino empuje a los legisladores de su bancada para apoyar las reformas en materia de seguridad.