Quién es el líder de los gremios del transporte que no quiere apurar otro paro de la CGT: “Tenemos que ser cautos”

Mientras algunos sindicalistas aceleran para embestir contra el gobierno de Javier Milei con paros y movilizaciones, hay otros que apuestan a la prudencia para buscar aliados y forzar cambios en las medidas libertarias. Uno de ellos es Sergio Sasia, líder de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), además de secretario de Vivienda de la CGT.

Su sector aún no cerró su último acuerdo salarial, comparte la estrategia cegetista y es un férreo opositor a Milei, aunque no quiere apresurar los tiempos de la protesta: “Van 100 días de gobierno, sabemos la aceptación que tiene el Presidente y cuáles son las decisiones que tomó. Sobre esa base trazamos una agenda. Hay que ser sabios y prudentes, dijo el general (Juan Domingo Perón). Nunca descartamos una medida, pero no la estamos analizando en este momento”, dijo a Infobae.

Al frente del gremio desde 2012, y ya en su tercer mandato, Sasia lleva la carga de superar el estigma de José Pedraza, el ex líder de la Unión Ferroviaria que pasó del sindicalismo que luchó contra la dictadura a quedar condenado como instigador y autor intelectual del asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra durante una emboscada gremial a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Puede decirse que lo logró gracias a un perfil distinto, dialoguista pero firme, con voluntad de generar propuestas. Y una trayectoria en la que figuran un título como analista de sistemas y un Master en Formación de Formadores Sociolaborales de la Universidad de Alcalá de Henares, España, que perfeccionó su tarea en el sindicato como responsable de la capacitación de los afiliados.

“Algunos eligen ser lo último de lo viejo, otros eligen ser lo primero de lo nuevo”, es una de sus frases de cabecera. En la entrevista con Infobae, Sasia explica por qué insiste junto con sus colegas del sector en impulsar una Ley Federal de Transporte, habla sobre el plan del Gobierno para “optimizar” el servicio ferroviario y fija su postura sobre una nueva protesta de la CGT contra la Casa Rosada.

— ¿Cómo es ser sindicalista en tiempos de Milei? Me imagino que es difícil un gobierno que maneja una lógica distinta y que impulsa un ajuste mientras mantiene apoyo de la gente.

— En primer lugar, nos debemos todavía una autocrítica. Si nosotros llegamos a esta instancia con un gobierno y un presidente que no viene de un partido político con el que nos sentimos identificados, el peronismo todavía no se ha hecho una autocrítica. Algo habremos hecho mal. Los otros partidos tampoco la hicieron. Hoy tenemos esta coyuntura difícil que lo veníamos expresando desde el transporte y el sector ferroviario: no hay una política de Estado. Por eso en la CATT declaramos un estado de alerta y sesión permanente reclamando políticas de Estado para la reconstrucción del sistema ferroviario, aéreo, marítimo, fluvial, portuario, industria naval y todo el transporte. Estamos satisfechos con la decisión del Senado de rechazar el DNU y esperamos que en Diputados pase lo mismo, pero nos está atravesando una coyuntura de paritarias que vienen retrasadas desde hace tiempo como producto de la inflación. Y en algunos casos no se están homologando los acuerdos.

— Y frente a ese panorama, ¿cuál es la respuesta que deben tener los sindicatos?

— En ese contexto creemos que el “no” por el no mismo o estar a la defensiva solamente no alcanza. Decir que somos una CGT, una confederación o un sindicato fuerte, unido, representativo tampoco alcanza. Muchas de las políticas que está llevando adelante el Gobierno impactan contra el mundo laboral, la representación sindical, los convenios, los salarios, inclusive con este tema del Impuesto a las Ganancias, que será una pérdida de poder adquisitivo para una inmensa mayoría de trabajadores. Por eso creemos que el cambio de paradigma también tenemos que darlo nosotros. ¿Cómo? Generando propuestas. Tenemos que gestarlas en el ámbito político y ponerlas en el debate público. ¿Qué pensamos del sistema de transporte? La Argentina no viene debatiendo sobre qué sistema de transporte se necesita para trasladar la producción que se genera. Nuestro proyecto de Ley Federal de Transporte se lo presentamos al gobierno anterior, hablamos con diputados y con senadores, pero nunca fue tratado el borrador. Hoy queremos dar ese paso con la CATT y presentarlo tanto en Diputados como en Senadores para dar un debate sobre el transporte.

— ¿Cómo se compatibiliza el proyecto de ustedes en materia de transporte con un gobierno que apunta a achicar los gastos del Estado?

— Primero hay que definir qué matriz de transporte necesita la Argentina en este esquema de producción en el que se habla de soja, de litio, de Vaca Muerta. No vemos una planificación del transporte, no de ahora sino desde hace muchísimo tiempo. Queremos poner en el debate esa cuestión así como la definición de empresa pública, empresa privada o empresa mixta, como tienen en los grandes países del mundo. Ese debate hay que darlo porque si no nos quedamos solamente en que las empresas del Estado dan pérdidas y que las empresas privadas son lo que más conviene en materia ferroviaria. Pero, por ejemplo, todavía tenemos 5 empresas concesionadas de los años 90, tres empresas de cargas y dos de pasajeros, y hay que ver si realmente dieron resultado. Podemos ver que las empresas de carga, por ejemplo, cuando fueron concesionadas, el promedio de circulación que tenían los trenes de carga era de 60 kilómetros por hora y hoy es de menos de 30. Tenían una cantidad de locomotoras, parque de vagones y de kilómetros de vía que se les entregó en funcionamiento en la concesión y hoy han decrecido en más del 30%. Busquemos los resultados por ese lado.

— Más allá de la responsabilidad de las concesionarias, el Estado no controló ni sancionó esos incumplimientos que usted menciona y que siguen afectando los servicios.

— Por eso hay que ir a una política de debate, pero con todo el peso de la ley, es decir, con los controles que corresponden. Lo público privado apunta a que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental de contralor, de operación, de administración, como pasa en los países desarrollados. Hay una ley, la 27.132, que se promulgó en 2015, que hace una apertura a nivel ferroviario, justamente del acceso abierto para empezar a trabajar con lo privado. De hecho, durante estos últimos años hay un trabajo muy grande que se hizo en ese tema y que la Secretaría de Transporte tiene que tomar.

— ¿Hay espacio para que se tome en cuenta el proyecto de los sindicatos del transporte o el Gobierno terminará priorizando la decisión de reducir los costos en el sector?

— El Gobierno tiene su su eje puesto en lo macroeconómico y en optimizar recursos, pero nosotros no podemos dejar de presentar una idea e intentar un debate a través de legisladores no sólo de Unión por la Patria, sino también de otros espacios que coinciden con nosotros en que hay que dar esa discusión y asumieron el compromiso de que el Congreso discuta una Ley Federal de Transporte.

— ¿Hablaron de este tema con funcionarios de este gobierno?

— Lo hemos hablado con el secretario de Transporte actual, pero principalmente lo estamos conversando con senadores y diputados de distintas extracciones políticas y con gobernadores. Todos hablan de la importancia del tren que une pueblos, de que llegue el tren de pasajeros, de que el tren de cargas abarata los costos complementado con el camión. Esto lo hemos hablado con el Sindicato de Camioneros y está de acuerdo. Estamos trabajando en conjunto dentro de la CATT. En este proyecto existe un ejemplo muy concreto en Mendoza: hay un nodo logístico al que llegan los camiones, descargan, lo toma el tren que viene a Buenos Aires y viceversa. Y hay un nodo logístico que se está por terminar en Güemes, en la provincia de de Salta, que este gobierno debería retomarlo porque abarataría costos y agilizaría mucho el transporte y la producción del norte argentino. Sobre ese eje queremos llevar el debate que aportaría mucho a la Argentina y enriquecería la discusión en el Congreso. Hoy se están debatiendo la ley ómnibus o las leyes que está generando el Poder Ejecutivo, pero no hay proyectos de ley que apunten directamente al contenido que venimos proponiendo.

— Dos líderes de la CGT, Héctor Daer y Andrés Rodríguez dijeron la semana pasada en AmCham que estarían dispuestos a debatir la reforma laboral si Milei los llama. ¿Usted coincide?

— Es una cuestión que venimos hablando en el marco de la CGT. Cuando uno lee el título de reforma laboral remite inmediatamente a lo que pasó allá hace ya unos años (se refiere a la polémica sobre la denominada “Ley Banelco” durante el gobierno de Fernando de la Rúa).

— Si no quiere llamarla reforma laboral, podría hablarse de una actualización laboral.

— Si se apunta a la actualización de la legislación laboral para modernizar los convenios colectivos de trabajo, nosotros lo venimos haciendo desde hace tiempo: nuestro convenio más antiguo es de 2018, lo hemos aggiornado en función de la capacitación y a la formación continua, a la reconversión de tareas a que que si ingresan nuevas tecnologías hay especialidades que desaparecen y hay que reconvertirlas y capacitar a los trabajadores para las nuevas tareas. Ahora lo macro lo hablaremos desde la CGT. Está lo que dice el DNU, pero no tenemos claridad sobre adónde se apunta realmente.

— La CATT convocó a un plenario para el martes próximo: ¿quieren apurar una protesta?

— No, no hablamos de medidas de fuerza. En principio, venimos acompañando la agenda de la CGT y llevamos adelante reuniones por las problemáticas que hay en las distintas actividades. En el transporte hay que analizar las particularidades de algunas empresas del Estado que se quieren privatizar. Nosotros tenemos propuestas para optimizar recursos. ¿Quién no quiere optimizar recursos? Para achicar personal primero hay que ver cómo está la empresa, si está sobredimensionada o no, qué recursos tiene, pero primero hay que definir a qué objetivo se apunta. No es lo mismo si queremos un ferrocarril desarrollado, que traslade la producción que viene del norte o el proyecto de Vaca Muerta.

— ¿Está de acuerdo con los sectores de la CGT que apuran otro paro general o con los dirigentes que prefieren manejarse con cautela antes de concretar otra protesta contra Milei?

— No sé quiénes apuntan a un paro general. Hay medidas de acción directa de algunos sindicatos, que en la mayoría de los casos es por las paritarias o reducción de personal, pero son muy contados. Hay un escenario diferente, una lógica distinta. Tenemos que ser prudentes, cautos. La CGT ha trazado su hoja de ruta y cuando tuvo que llevar adelante una acción directa, como fue la movilización del 24 de enero, fue contundente. Pero sabemos también que hoy las cosas que impactan directamente en los trabajadores y gran parte de la sociedad son las leyes que se están enviando al Congreso y ahí es donde estamos poniendo un gran esfuerzo reunirnos con diputados, senadores y gobernadores, porque entendemos que el debate grande en este sentido se da en el Congreso.

— En la decisión de medir los tiempos antes de ir a otro paro, ¿influye en ustedes el hecho de que Milei conserva una imagen positiva elevada pese al ajuste económico?

— Van 100 días de gobierno, sabemos la aceptación que tiene el Presidente y cuáles son las medidas que tomó. Sobre esa base trazamos una agenda. Primero fue la decisión de la CGT de ir a la justicia para impugnar el DNU, que para nosotros era inconstitucional. Después tener el mandato de las regionales de la CGT para llevar adelante alguna medida de acción directa. Por eso se hizo un paro con movilización y siguieron las gestiones con diputados y senadores. Hay que ser sabios y prudentes, dijo el general (Juan Domingo Perón). Nunca descartamos una medida, pero no la estamos analizando en este momento, sabiendo que el jueves pasado salió favorable para nosotros la derogación del DNU en el Senado y somos optimistas en Diputados. Sería un paso trascendental porque el DNU avasalla en gran medida los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de gran parte del pueblo.

— ¿Cree que la asunción de Julio Cordero como secretario de Trabajo favorece la posibilidad de que el Gobierno convoque a dialogar al sindicalismo?

— Ojalá se abra una etapa de diálogo en la Secretaría de Trabajo, que si bien surgiría desde el ente rector de las relaciones laborales del Gobierno, genera expectativas. Veremos qué pasa.

— ¿Ustedes tienen buenos interlocutores en el Gobierno para plantear sus reclamos?

— Los interlocutores oficiales que tenemos en el sector son la Secretaría de Transporte y la Secretaría de de Empresas y Sociedades del Estado, que depende de Jefatura de Gabinete. La relación con nosotros existe, pero, por ejemplo, no conocemos un plan de desarrollo ferroviario. Todavía no sabemos si hay un objetivo de potenciar los ferrocarriles por parte del Gobierno.

— ¿Les dijeron si el ajuste en las empresas públicas implicará reducir personal?

— Hablan de optimizar y eficientizar recursos, pero no se ha hablado, al menos conmigo, de un achicamiento porcentual de trabajadores.

— ¿Usted estaría dispuesto a discutir ese punto o tomaría directamente medidas de fuerza?

— Es muy difícil hablar sobre algo que no se ha concretado. Para optimizar recursos hay que saber qué se piensa del ferrocarril y hacia dónde ir, o qué hacer con los ferrocarriles de pasajeros, en donde hace falta mucha inversión, y de qué manera se mejoran los trenes en el AMBA y se potencian los trenes regionales y de larga distancia. No nos dijeron qué van a hacer con los trenes de carga, entonces si uno quisiera potenciar la carga para sacar más producción, puedo decir que faltan trabajadores, no sobran. Además, puede haber sectores donde hoy están tercerizadas algunas tareas propias que la pueden hacer los trabajadores de planta ferroviarios. Eso lo vamos a charlar. Es un debate integral.