Jubilaciones y pacto político: el Gobierno ensaya con demora otra estrategia, pero aún asoman algunos límites

Los primeros cien días de Javier Milei en el poder acaban de ser anotados con una novedad, llamativa precisamente por el tiempo transcurrido: ciertas señales de una rearmada estrategia que -opinan en medios amigables con el oficialismo- podría haber allanado el camino en el Congreso si el Gobierno la hubiera aplicado desde el arranque de su gestión. A pesar del rechazo al mega DNU en el Senado, prevalece por ahora la decisión de no cargar con descalificaciones sobre los espacios no libertarios como un todo. Parece básico para tejer alianzas, en buena medida coyunturales, del mismo modo que construir canales diferenciados para el trato con gobernadores y bloques legislativos.

Nadie en medios políticos -incluido el PRO, que se mueve casi como socio del oficialismo- se jugaría a dar por definitivo ese giro del Gobierno, que estaría reconociendo de hecho las dificultades que expone el mapa de fragmentación política, junto a la carencia de liderazgos determinantes en la heterogénea franja opositora. A eso se agrega que tampoco los gobernadores garantizan por sí solos y de manera mecánica la proyección de acuerdos al Congreso, ni siquiera en el Senado como más tradicional escenario del poder de los jefes provinciales.

Frente a ese cuadro, el Gobierno empieza a moverse de un modo que no había mostrado. De entrada, después del discurso muy duro desarrollado por Milei ante la Asamblea Legislativa para vestir la apertura de nuevas negociaciones, fue planteado un entendimiento en base a una versión recortada de la Ley Ómnibus y, como contrapartida, una especie de pacto fiscal que alivie la situación financiera de las provincias.

La primera diferencia respecto del manejo inicial de la ley Bases -definición más empleada por el oficialismo- pasaría por la decisión de negociar los puntos centrales del texto reducido antes de enviarlo a Diputados. Algo de eso era señalado por legisladores “dialoguistas” cuando no quedaba claro si el Gobierno exponía desmanejo político o apostaba al fracaso de la iniciativa para ir al choque contra el Congreso como sinónimo de “casta”.

La segunda diferencia tiene que ver con la negociación en dos mesas, es decir, con jefes de bloques más abiertos al acuerdo y con gobernadores. Por supuesto, un acuerdo fiscal podría generar alguna fisura en el peronismo/kirchnerismo, hasta ahora dominado por las posiciones de dureza, en relación directa con las actitudes más confrontativas de Milei y la poda de recursos a las provincias, sin horizonte de rediscusión o compensaciones.

En ese terreno, la mirada política también se enfoca en el recuento de votos sobre el DNU que expuso el Senado. Hubo representantes de fuerzas locales sin alineamiento nacional -misioneros, rionegrinos, santacruceños, neuquinos- que se repartieron entre el rechazo y la abstención. Se trata de un mensaje nada difícil de traducir como elemento a considerar en la relación del gobierno nacional con las provincias.

Por supuesto, algunos recelos se mantienen en estas horas, por la experiencia previa y por la tendencia a sostener una “narrativa” que resulta por momentos irritante para posibles aliados en esta coyuntura legislativa. Ocurrió después de la caída de la Ley Ómnibus y tuvo estribaciones. Dejó huellas en gobernadores -la reacción de los patagónicos es significativa- y alimenta internas que provocan malestar más amplio, como en los casos de algún gobernador del PRO y del titular de la UCR, Martín Lousteau.

El impacto de la votación del Senado por el DNU fue seguido por gestos para bajarle el tono al ruido causado por las internas en el oficialismo, en especial con Victoria Villarruel. Y fue amortiguado políticamente, al menos en parte, por la sucesión de citas con representantes de bloques de diputados. Primero fue el PRO, después la UCR y, esta semana, Hacemos Coalición Federal. Esos encuentros, además de la imagen de apertura a la negociación, dejó varias señales sobre puntos concretos de discusión y un tema implícito: correr de la agenda inmediata el tratamiento del mega decreto, atado así al destino de las tratativas por el pacto político y fiscal.

Es un modo de restarle margen a la jugada del peronismo/kirchnerismo, colocado además por el Gobierno como expresión más nítida para la confrontación y la diferenciación con la “casta”. Cristina Fernández de Kirchner cuando se expone, Axel Kicillof, los piqueteros y algunos jefes sindicales -en lugar destacado Pablo Moyano- son expresiones relevantes como contrafiguras. En esa línea, la versión extrema fue la idea de una especie de rebelión fiscal contra el gobernador bonaerense, algo fuera de registro y sentido común para un presidente.

Los contactos con los bloques referidos, además de contener por el momento el tema del DNU, dejaron sobre la mesa los puntos en que resultaría más razonable avanzar con el proyecto de ley y también los capítulos de desacuerdos, por cuestiones de fondo o de tiempo. La discusión de un nuevo sistema de actualización de las jubilaciones combina esos dos aspectos.

De un modo u otro, los bloques considerados “dialoguistas”, plantearon sin vueltas la necesidad de tratar el tema sin demoras. Lo escucharon Guillermo Francos -en su caso, no por primera vez-, Nicolás Posse y Santiago Caputo. Por otra vía, el mensaje llegó a Luis Caputo. No es, de todos modos, una cuestión en la agenda de los encargados de las finanzas provinciales que se comunican con funcionarios de Economía. Se trata, de hecho, de un reclamo político con base en el Congreso.

De hecho, expresa un cuestionamiento evidente al proceso “licuadora” de ingresos -o al menos señala sus límites-, que en el caso del sistema previsional arrastra el fuerte deterioro provocado por el mecanismo impuesto en la gestión de Alberto Fernández -con apoyo amplio del Frente de Todos en el Congreso, a fines del 2020- y el impacto de la alta inflación.

La falta de una decisión para modificar el mecanismo jubilatorio expresa diferencias sobre porcentajes del “empalme” entre sistemas viejo y nuevo, pero además desacuerdo y recelos sobre el modo y los tiempos para decidirlo. Fuera del contratiempo por la circulación de la idea de un decreto, el oficialismo sostiene que debería tratarse con la nueva versión de la Ley Bases -a mediados de abril, si las tratativas maduran-, mientras que en los bloques que conversan con el Gobierno se extiende el criterio de avanzar rápidamente y con un proyecto independiente de la negociación más amplia.

Está previsto que este jueves se reúna la comisión de Previsión Social de Diputados, integrada precisamente, después de mucha demora, como parte de la movida para desactivar una sesión especial sobre la fórmula de actualización de las jubilaciones. Es una nueva prueba política en el camino del pacto. Se juegan los tiempos en un frente sensible y los márgenes de cada protagonista.