La nota está fechada el 7 de junio de 2022 y lleva la firma de las autoridades de ese entonces de Nación Seguros: el presidente, Alberto Pagliano, el vicepresidente, Sebastián Díaz Bancalari, y dos de los directores, Carlos Crosetto y Gustavo García Argibay. La reunión del comité ejecutivo tenía un solo objetivo: discutir los alcances y la implementación del decreto que había firmado Alberto Fernández apenas seis meses antes. Esa norma obligaba a todas las reparticiones públicas a contratar de manera directa con Nación Seguros. Pero rápidamente aparecieron los intermediarios. Y las comisiones millonarias.
Por algún motivo todavía desconocido, algunos de los integrantes del comité ejecutivo decidieron dejar asentado en el acta que los productores de seguros estaban desaconsejados. “Ante la designación de productores asesores realizada por los asegurados, Nación Seguros SA entiende que no corresponde el pago de conceptos por comercialización, siendo que el decreto 823/21 vincula automáticamente a Nación Seguros con los organismos del sector público nacional allí referenciados”, dice el acta al que tuvo acceso Infobae.
En esa reunión, expusieron tres personas: el subgerente general Carlos Soria y los gerentes Mauro Tanos y Bruno Campanero. Tanos pertenece a La Cámpora y en ese mismo día quedó designado como representante ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Pese al cambio de gobierno, sigue en su cargo y hasta fue promovido a gerente general.
También participaron Pagliano, Díaz Bancalari, y los directores Carlos Crosetto -a quien Alberto Fernández conocía desde su paso por la Superintendencia de Seguros- García Argibay y Patricia Beatriz Castro.
Pagliano era el referente privilegiado del ex presidente en ese comité ejecutivo. En cambio, Díaz Bancalari había llegado con el apoyo de La Cámpora, según fuentes del sector. El resto de los directores se distribuyeron por los acuerdos políticos del Frente de Todos.
El acta de aquella reunión es clave porque dejó asentado un supuesto tope en las comisiones: “Se entiende que en función de las características que evalúe el asegurado asignar, no debería generar una contraprestación superior al 10 por ciento en concepto de asesoramiento en el riesgo y atención post venta”, dice el punto segundo.
“Se estableció que si necesitaban un asesor por el volumen del riesgo o porque el organismo asegurado lo creía conveniente, lo tenían que pedir por escrito y se autorizaba, pero se limitaba la comisión al 10 por ciento. La ley 22.400 establece que las comisiones se pactan entre la compañía de seguros y el asesor y nosotros decidimos que sea 10 por ciento”, explicó uno de los participantes de aquella reunión consultado por este medio.
¿Se pagaron comisiones por encima del 10 por ciento pese a esa recomendación? “El límite era para los contratos directos entre Nación Seguros y los organismos. Cuando vean las pólizas de las coaseguradoras van a encontrar montos millonarios”, asegura un experto del sector. Esas comisiones las pagaban los privados. Por ese motivo, las empresas siguen alertas.
El coaseguro es un mecanismo usado por las empresas aseguradoras locales para distribuir la responsabilidad de una cobertura de riesgo amplio. Ocurrió en el caso de la ANSES, donde aparecieron cuatro empresas privadas: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes. Solo en ese caso, según un artículo publicado por el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, que destapó el escándalo, se pagaron 300 millones de comisiones. “Las comisiones, en esos casos, se distribuyen en forma relativa en función a cada una de las participaciones”, explica un experto.
Los montos de las comisiones serán claves para poder probar la magnitud de la supuesta defraudación, uno de los delitos expuestos en las denuncias penales.
Cerca de Pagliano aseguran que nunca se superó el límite del 10% y destacan que hubo un conflicto con Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández, quien pretendía cobrar el 15 por ciento por un contrato con Gendarmería para los seguros de vida y ante la negativa de Nación Seguros “se llevó” el cliente a una compañía privada. “No hubo acuerdo judicial ni extrajudicial, él sostenía que como el seguro lo pagaban los gendarmes no correspondía aplicar el decreto 823″, explicó una fuente al tanto de ese supuesto entredicho.
El juez Ercolini todavía no terminó de recibir toda la documentación para armar el rompecabezas. De hecho, este jueves le pidió a Nación Seguros un listado de 58 productores y el monto de cada una de las comisiones que cobraron a lo largo del gobierno de Alberto Fernández. La empresa ya había mandado otro listado con los 25 productores principales.
Además, el juez reclamó un listado con todos los productores “asesores directos y productores asesores organizadores” que actuaron como brokers o intermediarios de los organismos públicos.
Ercolini ya le había pedido información a 45 organismos públicos. Las respuestas revelaron datos nuevos. La Secretaría de Turismo de la Nación informó que Héctor Martínez Sosa, el broker casado con la secretaria de Alberto Fernández, actuó como asesor en varias pólizas durante los últimos cuatro años. El organismo que conduce Yanina Martínez adjuntó varias planillas con los números de pólizas, los montos asegurados, y el productor involucrado. Según esos documentos, publicados por Infobae, el nombre de Martínez Sosa aparece asociado a otro productor, Norberto Matías Garrido, que habría tenido el monopolio de los seguros en esa cartera.
Otro broker que fue allanado por la Justicia, Fernando “El Turco” Salim, ligado a Martínez Sosa, también apareció en las pólizas contratadas por la Secretaría de Medio Ambiente, que en ese momento estaba a cargo de Juan Cabandié. Solo un ejemplo: en agosto de 2023 firmó la póliza 2234703 para asegurar una flota de autos por más de $200 millones. Ese contrato estaría vigente hasta agosto de este año.
El caudal de información que llegó al juzgado durante estas dos semanas demoró las próximas medidas. De hecho, hay organismos y empresas que pidieron prórroga y todavía están en proceso de cumplir con los pedidos. Y la lista podría ampliarse.
El juez le pidió esta semana a la SIGEN un detalle de 169 entes -incluyendo organismos, ministerios y empresas- que podrían haber contratado a Nación Seguros porque estaban contemplados en el decreto 823/2021. Eso incluye a los fondos fiduciarios.
Los 45 requerimientos iniciales habrían sido solo el comienzo. Cuando reciba ese listado, Ercolini podría despachar una nueva tanda de órdenes de presentación.
Según los registros y las pólizas publicadas en sitio oficial Compr.Ar y relevadas por Infobae, los ministerios y dependencias oficiales que adjudicaron contratos a la aseguradora estatal suman 91.
El juez tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.
Esa segunda presentación apuntó al ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, un funcionario ligado al massismo. El nombre del ex presidente fue excluido quirúrgicamente de la denuncia, aunque luego el fiscal Ramiro González lo incluyó en su requerimiento.
A pesar de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre “la mafia de los seguros”, el Gobierno hasta ahora no activó con fuerza el escándalo en los Tribunales. A la denuncia acotada de la ministra Sandra Pettovello se suma otro dato: la Oficina Anticorrupción aún no se presentó como querellante en el expediente “principal”. ¿El argumento?. “Están analizando documentación”, dicen los voceros.
Hay otro rumor que agita las sospechas: ¿hubo una charla privada entre Javier Milei y Alberto Fernández por este tema?
Por ahora, la causa judicial mantiene los mismos imputados: el ex presidente, los brokers Martínez Sosa y Pablo Torres García, el ex titular de Nación Alberto Pagliano, y D’Angelo Campos.
Pero el expediente sigue sumando ramificaciones y actores casi a diario. El jueves, Ercolini le pidió a la Justicia electoral que informe si Oscar Alberto Castello, uno de los dueños de la empresa Castello Mercuri SA, fue aportante del Frente de Todos “en el marco de las elecciones presidenciales del año 2019 y del Partido “Frente de Todos” para las elecciones legislativas del año 2021″. Es solo una formalidad porque el dato ya fue revelado por los medios.
Aunque no aparece mencionado en la causa principal, esta semana se presentó de manera espontánea el ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Lo hizo a través de dos abogados. Fernández apareció en una denuncia que hizo la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero ese expediente está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
En cambio, el ex presidente y Pagliano todavía no designaron defensores. Pura estrategia judicial. Alberto Fernández repite a quien lo quiera escuchar que el decreto 823 es una medida política “no judiciable”. En Comodoro Py aseguran que la figura de la negociación incompatible con la función pública le calza justo.