Pese a la explicación de Javier Milei, en el mundo político, sindical y empresarial nadie entiende bien por qué lo echaron a Omar Yasín de la Secretaría de Trabajo: el “error” que cometió, según argumentó el Presidente como excusa para desplazarlo, fue haber aumentado los sueldos del personal jerárquico del Estado, algo que provocó una fuerte polémica este fin de semana tras conocerse que las remuneraciones de los principales funcionarios nacionales se había incrementado en un 48%.
Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no toma la decisión política de los aumentos salariales en el Estado, sino que sólo aprueba la resolución adoptada en instancias superiores y la eleva a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. El pedido de incremento salarial para los funcionarios debe figurar en un acta firmada, según quienes conocen ese circuito, por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
“Yasín es un chivo expiatorio de un error que no es de él, sino de alguien con un cargo muy alto”, deslizaron las mismas fuentes consultadas por Infobae. Es más, la incidencia de Trabajo en la paritaria del Estado es tan reducida que pasa por una oficina de sólo un jefe y dos empleados, que hacen apenas un registro administrativo de la decisión política de otorgar los aumentos en el sector.
En realidad, quien habría avalado el aumento sería Armando Guibert, un hombre clave en la estructura del jefe de Gabinete, Nicolás Posse: fue uno de los arquitectos de las reformas del Estado en el gobierno de Carlos Menem y ahora es el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, e incluso sumó en febrero pasado un cargo ad honorem: miembro del directorio del Banco Nación. El problema es que reconocer la responsabilidad de Guibert en el aumento del sueldo de Milei y de los máximos funcionarios, destacan en el gobierno libertario, sería un golpe para el poder de Posse.
¿Qué motivó entonces el despido de Yasín? El desplazado secretario de Trabajo ya estaba en la mira del jefe de Gabinete y del asesor gubernamental Federico Sturzenegger desde el 6 de enero pasado cuando lograron echar al entonces subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, como responsable de una jugada política por la cual los sindicatos debían pedirle a las autoridades laborales una interpretación oficial para aplicar las cuotas solidarias, un sistema adicional de recaudación sindical a través de los convenios colectivos, que había quedado en jaque porque el DNU 70 estableció la limitación de que podía cobrarse sólo si había un “consentimiento explícito” de los trabajadores.
Por entonces, la CGT embestía contra la reforma laboral del decreto de Milei y la dupla Yasín-Pitrau encontró una forma de erosionar la ofensiva sindical debilitando el frente interno: si los gremialistas querían conservar ese recurso tan eficaz para financiar sus estructuras, debían pedirlo de manera expresa a las autoridades de Trabajo. Era una forma de dividir a la CGT y, además, de que los sindicatos reconocieran así la validez del DNU, impugnado por la central obrera por “inconstitucional”.
El primero -y único- que se animó a reunirse con los funcionarios para pedirles una solución al dilema de la cuota solidaria fue el titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien se entrevistó con Yasín y su jefa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Para el Gobierno, esa foto con un poderoso líder sindical fue importante en términos políticos: Cavalieri maneja el gremio más numeroso del país, con 1.200.000 afiliados, y, además, confirmó que incluiría en su convenio el nuevo sistema de indemnizaciones previsto en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el de la UOCRA. De paso, se llevó la promesa de solución al problema de las cuotas solidarias, cuya aplicación, advirtió, iba a “poner en bancarrota a todo el gremio, a las 350 filiales del interior”.
Cavalieri explicó a Infobae: “Tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato. Si la justicia no nos da bola, ¿qué hacemos? Por eso fuimos a la consulta (con el Gobierno) y me contestaron que no, de ninguna manera. ‘Si esto surge de la actividad privada entre empresarios y trabajadores, lo vamos a respetar’”.
El jefe de Comercio fue el primero, pero había una larga serie de pedidos de audiencia de sindicalistas con las autoridades de Trabajo para rogar por el mantenimiento de las cuotas solidarias. Pero esa jugada política, de la que estaba al tanto Pettovello y no otros sectores del Gobierno, causó inmediato rechazo de Sturzenegger, el asesor libertario en materia de desregulaciones que fue fue quien había endurecido el contenido del DNU sobre las cuotas solidarias para complicarles ese recurso económico a los sindicatos. “¿Esto que estoy leyendo sobre el acuerdo con Cavalieri es una fake news, ¿no?”, le escribió, enfurecido, el economista del PRO al celular de la ministra de Capital Humano.
De inmediato, hubo una reunión de Petovello con Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aliados en la decisión de revertir la jugada de Yasín y Pitrau. Allí, a la ministra le pidieron que echara al secretario de Trabajo como responsable de esa resolución. Pettovello se negó (lo conoce desde que ambos fueron estudiantes universitarios y militaban en la agrupación liberal UPAU), pero le ordenó a Yasín que echara a Pitrau como “culpable” de algo que tuvo responsables con más poder que él.
El secretario de Trabajo aceptó que desplazaran a su segundo, con contactos empresariales y sindicales además de experiencia en la gestión (fue viceministro de Trabajo en la gestión de Jorge Triaca, durante el gobierno de Cambiemos), pero su gestión quedó signada por la desconfianza de Posse y Sturzenegger, acrecentada por la mirada crítica hacia Yasín del equipo laboral de los libertarios, entre quienes figura el ex funcionario macrista Miguel Angel Ponte, otro miembro del gabinete de Triaca.
Tras el despido de Pitrau, Yasín tuvo problemas para designar a su reemplazante. Mariana Hortal, la elegida del secretario de Trabajo para secundarlo, que se desempeñaba como subsecretaria de Seguridad Social, pero Pettovello frenó el nombramiento porque estaba vinculada con Triaca. Finalmente, Hortal quedó firme en ese cargo decisivo, aunque con un perfil muy bajo.
El funcionario al que echó Milei también fue funcionario de Triaca como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en el Ministerio de Trabajo y antes del triunfo libertario integró el equipo de expertos laboralistas que elaboraron los planes del área para Patricia Bullrich. Sin embargo, más allá de reconocerse como liberal, Yasín no tenía la mejor relación con la actual ministra de Seguridad: dicen que se negó a firmar una nota de dirigentes del PRO, pedida por ella, con el argumento de que ya “no se sentía parte” del partido fundado por Mauricio Macri.
En los últimos días, Yasín se puso al frente de la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de no aprobar aumentos salariales superiores al 15% para no generar expectativas inflacionarias cuando se prevé una baja del costo de vida. Entre las paritarias cuya homologación está frenada se encuentra la del Sindicato de Camioneros, que pactó con los empresarios una mejora del 25% en marzo y 20% en abril. Aun así, el desplazado secretario de Trabajo parecía dispuesto a avalar el incremento si ambas partes aceptaban reacomodar las cifras para que el aumento figurara para un período anterior.
Ahora, el tema tan candente también pasará a manos de quien suceda a Yasín. En el Gobierno deslizaron que están sondeando para la Secretaría de Trabajo a un abogado cercano al sector empresarial. “Nadie quiere sorpresas”, aseguraron acerca del perfil de funcionario que se busca. Yasín, mientras, todavía no pudo hablar con Pettovello. Este domingo le llegó informalmente el dato de su despido y se enteró esta mañana cuando lo escuchó a Milei anunciarlo por televisión.