Las razones que frenan el debate de la reforma laboral de Milei y el primer gesto de Moyano en favor de la flexibilización laboral

El gobierno de Javier Milei intentará aplicar la reforma laboral a través de una ley, mientras la CGT se resistirá a las políticas de los libertarios de la forma que le resulta más fácil: con paros generales. Nada cambia demasiado en el mundo sindical, aunque su poder se agriete cada vez más y el trabajo formal se derrumbe. Ni siquiera cambia el discurso de sus dirigentes, que suele atrasar 30 o 40 años, aunque no alcance para tapar transformaciones que a veces toleran con un pragmatismo forzado.

El caso más evidente es el del Sindicato de Camioneros: en el último convenio firmado con las cámaras empresariales, Hugo Moyano aceptó incluir por primera vez una cláusula para lograr una mayor productividad en las ramas de logística y correo que establece una jornada flexible de 4 días y 3 francos, con 2 días de trabajo en sábado y domingo, hasta ahora de descanso intocable.

Se trata de una concesión al pragmatismo de un sindicato en donde su secretario adjunto, Pablo Moyano, demoniza cualquier atisbo de flexibilización laboral. Ahora, Camioneros terminó consintiendo que trabajadores que ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza, de unos 400 mil pesos, puedan mejorar sus ingresos cumpliendo tareas los fines de semana (”percibirán los ítems de comida y viático especial más la correspondiente incidencia de los adicionales por rama con un incremento del 20 por ciento”, dice el acuerdo firmado). Esa decisión, además, beneficiará a los miles de compradores de productos que se venden online y quieren recibirlos el sábado o el domingo. Hugo Moyano lo rechazaba desde antes de la pandemia. Ahora se rindió ante la evidencia de las necesidades del mercado y de la realidad salarial de sus afiliados. Será difícil que lo admita, pero en el sindicato que colidera un cruzado antiflexibilizador como Pablo Moyano se aplica la flexibilización laboral.

¿Hasta cuándo podrá resistir la CGT los cambios en una legislación laboral sancionada hace largas décadas y que no ayudó a revertir un trabajo no registrado que supera el 40%? “El que niega la realidad de la crisis sistémica del mercado laboral argentino es cómplice de esa crisis”, dijo a Infobae alguien que no proviene de las filas patronales: Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes, hijo de Hugo y hermano de Pablo (dos abanderados de no tocar nada del sistema laboral).

Este miembro del clan Moyano viene proponiendo un debate sobre este tema desde 2020. No tuvo éxito en su pedido (mucho menos para democratizar y transparentar las elecciones sindicales, que ahora propone Milei). Para no causar irritación política, el ex diputado habla de animarse a debatir una “adecuación laboral”, que es como una reforma, pero sin esa palabra maldita que quedó erróneamente asociada con lo salvaje. El problema, obviamente, excede lo semántico.

Quizá por el estado de convulsión interna del peronismo, sumado a los efectos evidentes de una crisis laboral que lleva demasiado tiempo desprotegiendo a los trabajadores, Facundo Moyano ya logró el apoyo al debate por parte de gobernadores del PJ como Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz) o intendentes como Fernando Gray (Esteban Echeverría) o Gastón Granados (Ezeiza).

La reforma laboral que propone Milei quedó atrapada en el laberinto de la Justicia a partir de la presentación de la CGT que logró que ese capítulo del DNU 70 sea considerado inconstitucional, pero el gobierno libertario no se resigna. Apuesta a que lo destrabe la Corte Suprema y, a la vez, analiza incluir esas propuestas laborales en un proyecto de ley para que sea aprobado por el Congreso.

Para ese objetivo, la Casa Rosada busca incluir la reforma laboral entre los puntos por acordar con los gobernadores como parte del Pacto de Mayo que anunció Milei. Curiosamente, un mandatario provincial que participó del encuentro de este viernes con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló a Infobae que allí no se habló en profundidad de la reforma laboral, sino que apenas fue mencionada por los funcionarios como un tema más.

En el equipo laboral libertario aseguran que Milei no quiere resignarse a que todos los cambios contemplados en el DNU 70 no tengan vigencia legal y deslizan que en el Gobierno siguen con especial interés un proyecto de ley presentado esta semana en el Congreso por la diputada nacional del PRO Verónica Razzini. Se trata de la ex presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) y dueña de una empresa de distribución de materiales de construcción en Rosario que en 2021 fue bloqueada durante tres meses por activistas del Sindicato de Camioneros. Ahora, desde su flamante banca, Razzini promueve la sanción de una iniciativa cuyo texto es un espejo de la reforma laboral contenida en el DNU y en la ley ómnibus, y que está ganando adhesiones en la Cámara de Diputados. ¿Será el vehículo elegido por el oficialismo para instrumentar su reforma varada?

“Es mi primer proyecto de ley, pensando para buscar una manera práctica de destrabar el entuerto que se ha generado con esta llamada reforma laboral -afirmó la diputada a Infobae-. Cuando leí el DNU me pareció un buen punto de partida. La Argentina necesita despegar y sé que las pymes tienen el potencial para comenzar a hacerlo, pero no tienen reglas claras. Contratar a un empleado es una odisea y despedirlo ni te cuento. Tenemos una legislación laboral de hace 50 años que tiene que evolucionar. No se trata de quitar derechos sino de modernizarlos para integrarnos al mundo”.

Más allá de la fórmula elegida para insistir en la reforma laboral, en el andamiaje libertario admiten que aún no está redactado ningún proyecto en favor de la democracia sindical y la transparencia de sus comicios internos, tal como anunció el Presidente al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, cuando incluyó ese punto en el paquete de leyes “anti-casta” que promueve.

“Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible”, sostuvo el primer mandatario. Una postura distinta a la que tuvo en septiembre pasado, horas después de su reunión secreta con el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez: cuando lo consultaron en LN+ por su postura sobre la reelección perpetua de los sindicalistas, incluida en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, no sólo no la condenó sino que consideró que “ese es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores”. “No tengo que estar rompiendo yo una institución”, aseguró.

Apenas ganó las elecciones, Milei sondeó a los dirigentes gremiales sobre la reforma laboral a través de contactos reservados que piloteó Guillermo Francos, en los que les dio garantías de que la reforma laboral proyectada iba a ser limitada, sin medidas que hicieran peligrar su poder. Pero el DNU tuvo una revisión final a cargo de Federico Sturzenegger y todo cambió: lo que parecía inofensivo para el gremialismo terminó siendo irritativo, como la limitación de las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios. Esa fue la razón de fondo que produjo la ruptura entre Milei y la CGT.

¿Se podría haber evitado una pelea tan virulenta, que está a punto de desembocar en el segundo paro general de la CGT en apenas tres o cuatro meses de gobierno? Sí, pero así como en el Gobierno sospechan de la interna cegetista y de una “mano negra” del kirchnerismo y de la izquierda dura como motores del endurecimiento de la central obrera, los gremialistas están convencidos de que Milei quiere aprovechar la mala imagen del sindicalismo en la sociedad para arrinconarlos y llevar adelante sus reformas con menos resistencia social. No hay diálogo entre ambas partes ni mediadores.

En los primeros sondeos, la dirigencia cegetista no parecía dispuesta a objetar dos de los ejes centrales de la reforma laboral de Milei: la modificación del sistema de multas laborales por trabajo mal registrado o no registrado (algo que también podría beneficiar a los gremios que son empleadores) y la creación de un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores, de adhesión voluntaria y negociada en los convenios colectivos, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

Los eventuales beneficios de algunos de esos cambios fueron vistos por un dirigente de larga experiencia como Armando Cavalieri, el jefe del poderoso Sindicato de Comercio, que se apuró en adherir al nuevo sistema indemnizatorio: a su alrededor aseguran que es la única forma en que las pymes, mayoritarias en la actividad mercantil, se animarían a contratar empleados sin el temor de tener que bajar las persianas por el fuerte peso de las indemnizaciones actuales. Es el dilema que enfrentan muchos sindicatos: si no aceptan cambios laborales, no habrá más empleo. Y Comercio aún no logra resolver el desafío de recuperar miles de fuentes de trabajo perdidas en la pandemia.

Otra rareza es que la CGT impugnó la reforma laboral de Milei (aun siendo módica) sin presentar una sola idea alternativa para debatir con el Gobierno. Aun con su impronta de opositora tenaz, la CGT conducida por Saúl Ubaldini se enfrentó a Raúl Alfonsín enarbolando el célebre “documento programático de 26 puntos”, una plataforma de propuestas para contraponer a las aplicadas por la administración radical. ¿Cuáles son hoy las propuestas concretas de esta dirigencia cegetista?

Desde que asumió Milei, la CGT hizo la medida de fuerza más rápida de su historia. Y ya acumula en 90 días de gobierno dos protestas: una movilización hacia la Plaza Lavalle contra el DNU, el 27 de diciembre pasado, y un paro de 12 horas con marcha al Congreso, el 24 de enero. Ahora, entre limitaciones salariales y la reforma del Estado, una nueva huelga se proyecta para fines de marzo o principios de abril, como anticipó Pablo Moyano de manera inconsulta con el resto de la CGT.

La mayoría de sus colegas se enteró por los diarios del anuncio del dirigente camionero. De la misma forma se enteraron de su reunión con el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, la organización archienemiga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), cuyo titular, Andrés Rodríguez, es secretario adjunto de la CGT. De la misma forma, el hijo mayor de Hugo Moyano mantuvo un encuentro con Néstor Segovia, uno de los líderes de los metrodelegados, que mantiene una pelea sin cuartel con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dirigida por el actual secretario de Medio Ambiente de la CGT, Roberto Fernández.

En medio de este complejo escenario, sobresale la actitud del titular del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri: realizará este lunes un paro de 24 horas, con guardias mínimas, para protestar por el ajuste iniciado en la empresa que ya ocasionó el despido de 188 personas, pero apenas asumió Milei presentó un plan de reestructuración elaborado por el gremio que, según promete, provocaría el ahorro de 160 mil millones de pesos al Estado, con eliminación gastos superfluos y reducción de las horas extra y de la plantilla de empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Si es llamativa una propuesta de este tipo surgida de las filas sindicales también lo es que el Gobierno analice en estas horas la posibilidad de no homologar el convenio firmado por Camioneros por considerar que el aumento pactado con las cámaras (25% en marzo y 20% en abril) supera el tope salarial alentado por el Ministerio de Economía, del 15%: sin el acto de homologación (que implica la aplicación obligatoria del convenio a todos los trabajadores de la actividad), los libertarios estarían comportándose como poco liberales al meterse en un acuerdo entre partes y, para colmo, se perderían de avalar el primer gesto concreto de los Moyano en favor de la flexibilización laboral.