Disputa por la asistencia social: más de la mitad de los comedores que relevó el Gobierno no existen

¿Cuántos comedores comunitarios hay en el país? ¿El gobierno de La Libertad Avanza dejó de asistir a unos 40 mil comedores y merenderos como afirman los dirigentes sociales? ¿Es verdad que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no envió ni un paquete de fideos desde que asumió? ¿Por qué el gobierno definió a los piqueteros “gerentes de la pobreza”? ¿A cuántos comedores asistía el gobierno de Alberto Fernández y a cuántos lo hace La Libertad Avanza? Las preguntas parecen de sencilla respuesta, pero no lo son. Antes de comenzar a desarrollar los números oficiales, que suelen ser tediosos, hay dejar en claro que hasta la Iglesia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresaron que el ajuste no puede recaer sobre los más postergados y vulnerables.

Registrados pero no matriculados

Un relevamiento realizado por la cartera de Capital Humano, a la que accedió este medio revela que: “Hasta el momento, el 55% de los comedores relevados no existen”. A su vez, del total de 44.314 comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), apenas el 10%, unos 4.430 fueron ‘matriculados’ por la administración del Frente de Todos y solo 2.314 recibían asistencia por parte del Estado porque así lo requirieron. La investigación de Capital Humano detectó que durante la gestión Fernández el 4,2% de los alimentos secos que eran destinados a los comedores y merenderos comunitarios salían de los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social, eran trasladados a los depósitos de organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC o Somos Barrios de Pie y de la Unidad Piquetera, como el Polo Obrero, Libres del Sur o el Frente de Organizaciones en Lucha “y de ahí, de manera discrecional y extorsiva iban supuestamente a los comedores y merenderos que dependían de esas agrupaciones”, destacaron los funcionarios de Capital Humano consultados por Infobae. Apenas el 8% de esa mercadería era rendida “de manera informal” a la ex cartera de Desarrollo Social que fue conducida por Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz.

Ese 4,2% de la ayuda alimentaria ya no será manejada por los dirigentes sociales. El 50% de ese monto total, que era de casi 80 mil millones de pesos, será vehiculizado a través del Programa Alimentar Comunidad. Una especie de tarjeta de prepago a través de la cual los responsables de los comedores debidamente acreditados, se les girará dinero para la compra no solo de arroz, fideos y yerba, sino de otros alimentos de mayor contenido proteico como lácteos, carnes, verduras, frutas y hasta alimentos para celíacos si es necesario. “La idea es que cada comedor compre lo que necesite, no lo que el Estado quiera”, explicaron desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la continuadora que Desarrollo Social que está bajo la órbita de Capital Humano. También recalcaron que los gastos “deberán ser rendidos para continuar con el beneficio. De esta manera, además de agregar valor nutricional a las comidas, existirá “transparencia” y trazabilidad de los alimentos” y a quiénes llegan, ”un hecho que hasta ahora no ocurría”. El otro 50% será destinado a una reserva para casos de emergencias como inundaciones u otros casos extremos como incendios y otras catástrofes.

Según pudo establecer este medio, en las planillas de rendiciones se debía indicar el barrio donde estaba localizado el comedor o merendero, la ubicación exacta, nombrar a la organización comunitaria a la que pertenece, la antigüedad, la cantidad de personas que asisten, qué alimentos y de qué forma se asiste -como viandas en el lugar- y, entre otros datos, la asistencia que se recibió por parte del Estado. El 92% de los supuestos beneficiarios no cumplieron con el trámite.

“Queremos cortar con los gerentes de la pobreza que hacían política con los alimentos. No hay registros de los comedores a los que, de manera discrecional enviaban los alimentos. Es escandaloso”, repiten los responsables de Capital Humano.

En este punto, los funcionarios de La Libertad Avanza dan como un ejemplo patentizado en los documentos que atesoran: “En el universo que administraban las organizaciones sociales, Milagro Sala, la jujeña titular de la Tupac Amarú, recibía un millón de kilogramos de alimentos mientras que la Fundación CONIN de Abel Albino que lucha contra la desnutrición no recibía ni un solo kilo, cero”.

Durante la gestión del Frente de Todos -después Unión por la Patria- el millonario presupuesto alimentario estaba bajo la órbita de la Secretaría de Inclusión Social (ahora subsecretaría de políticas sociales), a cargo de la dirigente camporista Laura Valeria Alonso, licenciada en Trabajo Social, de estrecha relación con los dos principales referentes kirchneristas, como el diputado Máximo Kirchner.

Los funcionarios que colaboran codo a codo con Pettovello afirman que las denuncias que realizan públicamente los dirigentes sociales y que se materializan en marchas y cortes de accesos en la Ciudad de Buenos Aires, por la “falta de alimentos en los comedores comunitarios” tiene que ver con “la disputa por el reparto sin control ni rendición de esa comida”. Para el martes, los dirigentes de la UTEP y la Unidad Piquetera programaron una protesta a nivel nacional que incluye cinco cortes en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las principales críticas estarán centradas en Javier Milei y Sandra Pettovello.

Tres de los convocantes son: Eduardo Belliboni, del Polo Obrero; Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y dirigente del Evita; y Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Este último, a través de sus redes sociales recordó que denunció penalmente a Pettovello por “incumplimiento de los deberes de funcionario y otros hambreadores infames disfrazados de ‘rompecurros’ que privan a los niños de alimentos y a los enfermos de medicamentos”, y que “la fiscalía pidió al Ministerio de Capital Humano que informe sobre el proceso de entrega de alimentos a los comedores barriales y si hubo una interrupción en la entrega”.

La respuesta fue casi inmediata, Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia escribió, también en la red X: “Petovello duplicó la ayuda alimentaria y eliminó a los intermediarios como vos, Grabois. Hicieron política con el hambre de los más necesitados y dejaron 60% de niños pobres”.

En ese sentido, los funcionarios de Capital Humano entrevistados por ese medio sostuvieron: “Más de la mitad de los comedores que relevó el Gobierno no existen, por eso cortamos con la intermediación en los planes sociales -como el Potenciar Trabajo- y en la ayuda alimentaria. Desde hace 20 años se entregan planes sociales y cada vez hay más pobres” y en refuerzan: “Ese no es el camino. El gobierno nacional le está dando libertad a las personas en la ayuda social. Ahora la ayuda alimentaria llega directo al bolsillo de la gente que lo necesita” y remarcan: “Al igual que hacían con los planes, los dirigentes sociales en lugar de garantizar que le llegue la asistencia a los que la necesitaban, la repartían con la lógica de ‘te doy pero tenés que ir a la marcha’. Por eso, el gobierno duplicó el dinero de la Tarjeta Alimentar, que llega directo al bolsillo de la gente sin intermediación” y detallan: “Los montos varían dependiendo de la cantidad de hijos de 0 a 14 años: un hijo $44.000, dos hijos $69.000, tres hijos $90.000. Ahora los beneficiarios pueden comprar libremente sus alimentos y comer en sus casas”.

Según el presupuesto vigente, del 100% de la ayuda alimentaria que da el gobierno, esto es un billón setecientos setenta y siete mil millones de pesos, la prestación Alimentar a través de la Tarjeta Alimentar representará el 90% del presupuesto, esto es un billón quinientos ochenta y ocho mil millones de pesos. Otros $47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); casi $80.000 para la compra de alimentos y 14.585 millones a otros programas”.

El escándalo de los alimentos y “las ollas vacías” parece ir en aumento, al igual que la tensión entre la funcionaria de Javier Milei y los piqueteros. El gobierno de La Libertad Avanza lo sabe. Anunció cambios en la forma de licitar la compra de alimentos para hacerla “transparente”, denunció “cartelización” en el sistema anterior, “direccionamiento y extorsión” por parte de los dirigentes sociales a los que se les había confiado la distribución de esa comida.

La investigación ordenada por Pettovello a la que accedió Infobae aún no determinó la cantidad exacta de comedores y merenderos comunitarios que existen en el país. “El total real de comedores no se sabe, porque la nómina es informal. Por ejemplo, no se tienen datos de comedores instalados por organizaciones sociales, particulares u ONGs que no tienen ninguna relación con el Estado. Y muchos a los que los piqueteros asistían de manera directa y discrecional no estaban anotados en el RENACOM”, insistieron y apuntaron: “El número de más de 40 mil comedores surge de un dato viejo, porque alguna vez existió un Registro Nacional de Comedores pero ya no. Nosotros estamos haciendo nuestro propio relevamiento, al igual que había comenzado la gestión anterior pero quedó inconcluso. A ellos también les deba que más del cincuenta por ciento de los comedores que visitaban no existían. Es muy probable que las cifras se alimenten de comedores que ya no funcionen, que eran un sello de goma, que nunca entregaron un plato de comida o que fueron registrados más de una vez”, destacan desde el entorno de Pettovello.

Mientras esto ocurre, la Conferencia Episcopal le advirtió hoy al gobierno que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y subrayó la necesidad de que la asistencia “llegue sin dilación” a comedores populares y organizaciones de la sociedad civil. La manifestación llegaba en medio de las movilizaciones de grupos piqueteros y movimientos sociales que denuncian que el Ministerio de Capital Humano demora la entrega de alimentos. Los próximos días serán claves para saber cómo escala el conflicto que tiene en vilo a millones de personas vulnerables y la búsqueda de un sistema de transparencia en la entrega de alimentos.