La anécdota de la milanesa y las avivadas con la plata de los jubilados y de los más vulnerables, postales de un Estado roto

La anécdota puede ser hilarante pero es una postal elocuente de las cosas que ocurren cuando hay un Estado roto. La contó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y es candidata a engrosar la lista de zonceras argentinas. El reconocido abogado y ahora funcionario reveló que encontraron a un okupa viviendo en dependencias de ese organismo público: “Un señor de musculosa, ojotas, haciendo una milanesa y mirando televisión”. Pero hay otras postales que no causan gracia y que son, también, muestras de un Estado que colapsó hace rato. Son hechos que viene denunciando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El escándalo de los seguros con la plata de los jubilados y las avivadas con los recursos que debían ser destinados a los más pobres son parte de esa secuencia y, en cambio, no dan nada de gracia.

Sobre esto último, Infobae confirmó que ayer se presentó una nueva denuncia ahora contra ex funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) por graves irregularidades en el control y rendición de cuentas de subsidios otorgados para atender a la población más vulnerable: bebés y primera infancia de familias sin recursos económicos. Es otra acción del equipo anticorrupción que está funcionando bajo la conducción de Pettovello para detectar los desmanejos de los últimos años en los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, Mujeres y organismos como la ANSES.

Esa task force -que está integrada por funcionarios que responden directamente a la ministra y tienen un respaldo que llega hasta Javier Milei- fue la encargada de llevar a la Justicia el escándalo de los seguros. Esa denuncia que recayó en el juzgado de Julián Ercolini derivó en la segunda imputación al ex presidente Alberto Fernández y a ex funcionarios y empresarios amigos suyos por graves delitos contra la administración pública y malversación de caudales públicos.

Pero vamos por partes. Lo que contó el ministro Cúneo Libarona confirmó que no hay en las dependencias públicas que dependen de la administración central el más mínimo control. Admitió que tiene bajo su órbita “trabajando” unas 7.500 personas, pese a que podría cubrir todas las tareas con no más de 2.500. Después de esos datos duros, en una entrevista empezó a detallar las irracionalidades y situaciones entre bizarras y grotescas que se encontró en inmuebles y dependencias de la cartera de Justicia.

Contó que tiene filmado que en una locación del Ministerio funcionaba “una cueva” donde se compraban y vendían dólares y que “otra dependencia era la casa de un empleado”, donde ocurrió el episodio de la milanesa. Pero eso no fue todo. Hasta en la misma sede central, en el estacionamiento del Ministerio encontraron gente viviendo. Es apenas una muestra en el corazón mismo de la administración pública, a pocas cuadras de la Casa Rosada, donde se registraban estos hechos.

¿Nadie vio durante años que se ocupaban dependencias públicas? ¿No hubo funcionarios, gremialistas o trabajadores que pusieran reparos o al menos que hicieran un sumario, algo? ¿Cuántos empleados son demasiados empleados? ¿Hasta cuándo iban a seguir sumando gente el Estado? Son preguntas que los últimos gobiernos, parece, no se hicieron.

El caso que generó un enorme impacto político tiene que ver también con esta lógica de descontrol, más allá de que no hay milanesas ni empleados ”ñoquis” u okupas. Se trata del presunto negociado multimillonario que destapó el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, antes de ser expulsado de su cargo por el voto en contra de su mujer diputada cuando cayó la “Ley Ómnibus”. El ex funcionario detectó una maniobra con el seguro que pagaban los jubilados cuando tomaban un crédito. Eran 20 mil millones de pesos al año que salían del bolsillo de las personas de la tercera edad que recibían un préstamo. O en buen romance, la plata de nuestros viejos.

Con la revelación que hizo Giordano -que se conoció por una nota que hizo el periodista Ricardo Roa en Clarín- el equipo de investigadores del Ministerio de Capital Humano presentaron una denuncia, que anticipó Infobae, y derivó en la imputación por decisión del fiscal federal Ramiro González de Fernández y el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el actual concejal Federico D’Angelo Campos, Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), y los responsables de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros y TG Broker.

En el caso de la ayuda social, hay en marcha más que una reforma una virtual revolución, que puede dejar en el medio “víctimas” desamparadas. El gobierno nacional viene difundiendo de manera periódica la baja de miles de planes sociales que recibieron personas que ya tenían empleo -sobre todo en el Estado- y otros que viajaron al exterior en auto, avión y hasta en cruceros. Milei ha dicho que se dejaron de dar unos 200 mil planes mal otorgados. Tantas irregularidades que tomaron la decisión de eliminar el plan Potenciar Trabajo, que al finalizar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner alcanzaba a 1.200.000 beneficiarios. De nuevo, descontrol y un Estado enorme, bobo y, sobre todo, infinanciable.

Y ayer apareció una nueva denuncia que realizó el equipo de Capital Humano sobre los desmanejos con los programas destinados a los más vulnerables entre los vulnerables. Son hechos que involucra a un programa que estaba a cargo de la SENAF, que estaba destinado a primera infancia. A través de ese plan se le otorgaban subsidios mensuales, trimestrales y semestrales a jardines, ONG, centros de desarrollo infantil (CDI), para fortalecer la alimentación, se brindaban espacios lúdicos y educación temprana.

Lo que se denuncia para que la Justicia investigue -la causa ya recayó en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi- son irregularidades detectadas en el período 2018 al 2023, atribuibles a funcionarios nacionales y de intendencias que eran parte de estos convenios. En el documento al que accedió Infobae están nombradas las municipalidades de La Matanza y Berazategui, entre varias.

“Venimos en legal tiempo y forma a denunciar por la probable comisión de los delitos de defraudación al Estado e incumplimientos de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra todo funcionario de la SENAF con responsabilidad funcional y legal que haya participado de alguna forma en los hechos motivo de la presente entre el 1° de enero de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2023 por transferencias de subsdios sin rendición de cuentas (o irregulares según auditoría correspondiente) de desembolsos en el marco del programa de promoción y asistencia a Espacios de Primera Infancia, Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia ejecutado en la SENAF del ex ministerio de Desarrollo Social”, estableció la denuncia. En buen romance, la plata de los más vulnerables.

¿La denuncia es por irregularidades administrativas o por desvío de fondos?, preguntó Infobae en el Ministerio de Capital Humano. “Puede haber las dos cosas. No controlaban y seguían dándoles los subsidios, pese a que lo tenían prohibido. Las irregularidades se pudieron detectar dentro de los circuitos administrativos. Le queda al juez establecer qué delitos pudieron ocurrir”, contó una de las fuentes consultadas. Lo cierto es que la propia Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había hecho un informe muy crítico sobre la aplicación de estos programas: “Cuestionaron por qué seguían entregando plata, mientras faltaba rendir cuentas”. Son algunas de las postales extremas de un Estado desfondado. Roto.