El broker amigo del ex presidente Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, decidió romper el silencio. En una nota enviada al mercado asegurador, a la que tuvo acceso Infobae, el empresario negó que el ex presidente haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, destaca el mensaje de apenas una carilla.
El vínculo estrecho de Martínez Sosa con Alberto Fernández no era un misterio. De hecho, todos los actores del mercado de los seguros lo ubican entre los tres principales brokers que negocian con el Estado. Los otros dos son Pablo Torres García y la empresa Castello-Mercuri.
La amistad se construyó a través de la esposa de Martínez Sosa, María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández. El broker además aparece en las últimas declaraciones juradas del ex presidente. La deuda, sin embargo, se mantuvo intacta desde que asumió como presidente: $102.240. Los cuatro años repitió la misma cifra y el mismo supuesto acreedor.
La empresa de Martínez Sosa tiene 52 años en el mercado. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante las gestiones de Jorge Colazo y Gustavo Melella. También tiene oficinas en Vicente López, Mar del Plata, Río Gallegos, y la Ciudad de Buenos Aires.
En el comunicado, el empresario intentó desligar a Alberto Fernández del escándalo. “Es real que tengo una relación de muchos años con el ex presidente Alberto Fernández y que hace 15 años le hice un préstamo (aun impago) expuesto en mis declaraciones juradas. Nunca he ni hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, sostuvo.
El ex presidente viene sosteniendo esa misma idea en todas sus intervenciones públicas. “Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso”, dijo Fernández en una de las entrevistas.
Sobre el contrato con la ANSES, que desencadenó el escándalo, Martínez Sosa fue muy preciso: “No tuve ni tengo ningún negocio de seguros con ANSES, ni a título personal ni desde la empresa que presido”.
Según trascendió hasta ahora, detrás del contrato entre ANSES y Nación Seguros aparecían otras cautro empresas como coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes. El amigo del presidente dice que no tuvo vinculación, ni siquiera como intermediario.
“Si fue intermediario va a saltar en la póliza que ya debe tener el juez, si miente es una mentira de patas cortas”, advierte un empresario del sector consultado por Infobae.
La causa principal se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, donde menciona el decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021 por Alberto Fernández. Esa norma obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con Nación Seguros, que estaba a cargo con Alberto Pagliano, otro amigo del ex presidente.
“En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, dijo Fernández sobre el decreto.
El juez Ercolini ya activó las dos causas judiciales a su nombre con decenas de allanamientos y operativos. El viernes pasado le pidió a Nación Seguros toda la documentación. Luego hizo allanamientos sobre los domicilios de Alberto Pagliano (el ex titular de Nación Seguros), la casa de Martínez Sosa, y la de Pablo Torres García, pero también mandó a la PFA para que se presente en las oficinas de los dos últimos para llevarse los contratos.
El martes, el juez mandó a la PFA a un total de 27 brokers que actuaron como intermediarios. En ese listado, revelado por este medio, figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.
El círculo se cerró ayer cuando el magistrado ordenó un total de 45 operativos en organismos del Estado para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández.
“La Justicia ha iniciado una investigación en la cual ya hemos prestado nuestra total colaboración porque corresponde, porque es la ley y porque es nuestro convencimiento de que es el proceder apropiado que siempre nos ha guiado en nuestras conductas, que se ajustan a nuestros valores y a las normas que rigen la actividad”, dijo Martínez Sosa sobre el avance de las causas. El empresario ya designó dos abogados de un prestigioso estudio jurídico.
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