El funcionario alza la cabeza. Sus ojos estaban clavados en una serie de planillas que tenía sobre su mesa de trabajo. Hay carpetas, varios biblioratos. Mira a su interlocutor y dice: “Todos los días rompemos un kiosco”. La frase fue la respuesta a la pregunta de Infobae sobre el avance de los relevamientos, de las investigaciones que ordenó Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano y que incluye a las actuales secretarías -antes ministerios- de Desarrollo Social, Educación, Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad. “Lo que más indigna es haber descubierto programas mal diseñados, creados para derrochar. Es la perversidad en gastos de recursos del Estado”, completa el colaborador de Pettovello.
Los ejemplos del “diseño para darle marco a temas como mínimo no éticos”, se cuentan de a cientos y están volcados en las hojas que están frente a la taza de café del hombre de La Libertada Avanza encargado de las investigaciones que derivarán en amplias auditorías, sumarios y, posteriormente, si corresponde, denuncias penales.
En números redondos Capital Humano tiene una planta de 16.000 personas. De ese total, unas 6.000 son de planta permanente, el resto cobra del Estado a través de distintos contratos, algunos que ya han renovado por varios años consecutivos.
Manuel Adorni, el vocero presidencial había adelantado que, según las proyecciones de Capital Humano, Pettovello estima alcanzar un ahorro de más de 25.000 millones de pesos para todo el año 2024.
Esto no involucra recortes en alimentos o asistencia social, sino en romper esos bunkers que pueden involucrar hechos de corrupción que terminen en causas que tramitarán en los juzgados de Comodoro Py, o gastos que están reñidos con la ética y el buen desempeño de funcionario público: por ejemplo utilizar los autos oficiales para llevar y traer a los chicos de la escuela, ir a la peluquería o buscar trajes de la tintorería.
Son los denominados “gastos superfluos” que “en una primera etapa sería un ahorro en más de 8.000 millones”, un dineral en un Estado quebrado. Son fondos mal utilizados el gobierno de Alberto Fernández “podría haber utilizado en mayor cobertura a los sectores más vulnerables”, entienden en el entorno de la ministra Pettovello.
En una de las carpetas que el funcionario desplazó hacia adelante y separó varias fojas, se detallaba que solo en noviembre de 2023, en el área del Consejo Nacional de Coordinación Políticas Sociales se gastó $1.000.000 en combustible. “Somos un espacio de articulación de las áreas del Estado nacional que implementan políticas sociales para alcanzar una correcta y más eficaz administración de los recursos”, se enuncia desde la página web.
En enero de 2024, con aumento de nafta incluida, el consumo de combustible paso a $150.000. “Ahora estamos investigando los movimientos de los autos, quienes los usaban y para qué fines, y si los comprobantes de compra son auténticos”, anticipa el funcionario que deja la serie de hojas en la carpeta para retirar otras en la que estaban volcadas la siguiente información. De los $8.000 millones que se ahorrarán en los primeros meses de gestión de Pettovello incluye:
- Baja de 758 contratos por el decreto 84/23 de un total de 16.040 empleados, provocando un ahorro anual de 6609 millones de pesos.
- Reducción de la flota vehicular en un 40%, dándose de baja alrededor de 270 vehículos entre automóviles y utilitarios. El ahorro alcanzado entre combustible, gastos de mantenimiento y seguros es de 977 millones de pesos.
- Celulares: Se dieron de baja la totalidad de celulares de todas las secretarías (ex Ministerios) a excepción de las líneas utilizadas por el ministerio de Trabajo para sus actividades de fiscalización. Implica un ahorro anual de 217 millones de pesos.
- Del relevamiento del resto de los servicios generales e insumos contratados (seguridad, limpieza, desinfección, insumos de oficina, fotocopiadoras e impresoras, entre otros) se ha detectado la posibilidad de generar un ahorro anual de, aproximadamente, 470 millones de pesos.
- Se proyecta también un ahorro de 30 millones de pesos por los servicios de maestranza (cafetería, agua embotellada, refrigerios). Esto da, en total, un ahorro de 500 millones de pesos.
“En una segunda etapa -explica el colaborador de Pettovello-, se revisarán todas las contrataciones en curso en función de los nuevos lineamientos del ministerio. Será condición ajustarse a las necesidades reales y a las nuevas políticas”.
Adorni, en conferencia de prensa también había expresado que: “Se centralizarán todos los procesos de compras que fueran posibles. En esta segunda etapa, se espera alcanzar un ahorro de 16.843 millones de pesos”.
Otro de los ejemplos del “mal diseño de contratos y programas”, es lo que descubrió, casi de casualidad, un funcionario de Pettovello. Cerca de su vivienda advirtió un cartel de obra que anunciaba la “puesta en valor” de un edificio de tres pisos, y que el trabajo era solventado por el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Un chequeo en la documentación reveló que el edificio, en realidad era “alquilado” y que el contrato de “puesta en valor” era de tres millones de dólares. La obra demandaría 18 meses, y al finalizar, al ex ministerio de Desarrollo Social, apenas le quedaban seis meses de contrato de alquiler.
“En este caso era un ‘gasto superfluo’ de tres millones de dólares solo invertidos para dejárselo ‘pipi cucú al dueño del inmueble”. En este momento se pesquisa cómo se gestionó el contrato de alquiler y obra quien es el dueño del inmueble. “A nadie le sorprendería que exista una relación entre él propietario y algún funcionario de la administración Fernández”, aclara el hombre de traje gris. “Todos, todos los contratos y programas bajo la órbita de Capital Humano están bajo relevamiento. Nada de lo que descubrimos deja de sorprendernos”. Una de las colaboradoras de ese Ministerio que participó la reunión fue más gráfica aún: “Dónde tocamos hay pus”.
Como ya informó este medio, el Gobierno ya había decidido sustituir el Potenciar Trabajo, bajo la actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por una serie de irregularidades detectadas en la entrega de ese beneficio a más de 1.200.000 personas, con dos nuevos programas: “Volver al Trabajo”, que se enfocará en el desarrollo de las competencias “sociolaborales de los beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”; y Acompañamiento Social”, el cual promoverá la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares, “apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven”. A través de esa medida Pettovello quitó la intermediación de los dirigentes de los movimientos sociales y piqueteros que, según expresó el presidente Javiera Milei era “gerentes, intermediarios de la pobreza”, que usaban ese poder para “extorsionar” a los más vulnerables.
También le quitó la intermediación en la entrega de alimentos para sus comedores comunitarias y anunció licitaciones “transparentes” a través de la firma de convenios con Naciones Unidas.
Ayer Pettovello anunció que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado” y se detalló que “de esta manera, se ahorrará 5.000 millones de pesos anuales”, explicaron. Un gasto para nada superfluo que involucra el despido de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4.000 mil millones de pesos por año. Y que el cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. También se darán de baja 50 autos eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año y 42 líneas de celulares.
Parte de los “kioscos” que a diario se “rompen” en Capital Humano o “el pus” que se encuentra en cada planilla y contrato que se revisa y que en muchas casos ya habían sido advertidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero que la administración anterior desoyó.